os desechos de la Transición se le acumulan al presidente del Gobierno sobre la mesa de su despacho de la Moncloa. Y se amontonan, también, como un goteo incesante, en la memoria histórica reciente de la "izquierda institucional". El alejamiento físico del emérito solo aplaza temporalmente sus responsabilidades y su destino. Y su hijo, el actual jefe del Estado, intenta demostrar que no pasa nada, que está limpio de polvo y paja, pero el declive de su imagen pública y de la propia institución continúa imparable. Nadie se cree, excepto el aparato de propaganda gubernamental, que la monarquía vigente no participa de los vicios franquistas. Y a los entusiastas de la Constitución del 78 hay que recordarles que, en la institución monárquica, no se puede distinguir entre la persona y la propia institución: Juan Carlos de Borbón -a título de rey- es la única persona que figura con nombre y apellidos en el texto constitucional, para vergüenza de quienes continúan apoyándola -inasequibles al desaliento- cual texto sagrado.
Al binomio paterno-filial, herencia de la dictadura, se le han añadido la pasada semana dos hechos significativos que siguen recordándonos que la Transición se cerró en falso. Por un lado, la citación en un juzgado argentino de Martín Villa, por su presunta responsabilidad en los crímenes del postfranquismo y, por otro, la sentencia -recurrible- sobre la propiedad del Pazo de Meirás. Dos hechos que nos recuerdan que una parte importante del régimen franquista pervive, cuarenta y cinco años después de la muerte del general. Las libertades democráticas siguen hipotecadas y los residuos del franquismo continúan mostrando sus vergüenzas. El tránsito del franquismo a la democracia sigue siendo una herida sangrante que se cicatrizó en falso... y comienza a oler a podrido.
No ha sido la justicia española la que ha tomado la iniciativa de investigar la basura que se esconde bajo la raída alfombra de la Constitución del 78. Investigar hechos cometidos por relevantes ciudadanos con pasaporte español y que afectan directamente a la legalidad institucional han tenido que iniciarse fuera de nuestras fronteras para mayor gloria de nuestro aparato judicial, siempre tan exquisito en su independencia como complaciente con el sistema. Han tenido que ser un juez suizo, en el caso del emérito, y una jueza argentina, en el caso de Martín Villa, quienes abrieran los procedimientos.
Que la justicia ordinaria -en este caso la española, que algo tiene que hacer- haya reconocido que el Pazo de Meirás fue ofrecido al general Franco en tanto que jefe del Estado, y por tanto debe volver a ser patrimonio público, es una buena noticia. Y debería ser el inicio para la recuperación de otros bienes de dudoso origen, actualmente en propiedad de los herederos biológicos y políticos del dictador. La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha celebrado la sentencia: "Nos parece de justicia, es un patrimonio que pertenece al pueblo español y tenía que volver al pueblo español (...) un patrimonio que de forma ilegal o fraudulenta fue hurtada al Gobierno español". ¿Y ese mismo argumento no sirve, igualmente, para demandar al emérito que, aprovechándose de su impunidad constitucional, ha amasado presuntamente una fortuna valorada, hace algunos años, por la prensa americana, en dos mil millones de dólares? ¿No debería esa fortuna revertir íntegramente en la Hacienda pública española siguiendo el ejemplo del Pazo de Meirás? Pero la defensa de la memoria democrática, a la que tanto recurre la izquierda institucional, no sirve para investigar -independientemente de su prescripción- la venta por don Juan de Borbón del Palacio de la Magdalena de Santander; aquel palacio pagado dos veces por la ciudadanía -primero como regalo a Alfonso XIII y posteriormente como compra- no era "¿patrimonio que pertenece al pueblo español?" ¿Lo que demandamos a la familia Franco no es demandable a los Borbones liberales? ¿Qué diferencia legal o ética hay entre la patrimonialización privada de bienes públicos, como el Pazo de Meirás o el Palacio de la Magdalena?
De la imputación de Martín Villa, por una jueza argentina, por sus responsabilidades en diversos sucesos sangrientos ocurridos en los primeros años de la Transición, hay que destacar, como ya ocurrió en el caso del heredero del dictador, la defensa cerrada que la clase política, la "nomenklatura constitucional" ha hecho del político. De entre todos los apoyos recibidos por Martín Villa hay que destacar, entre otros también reseñables, el de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno e impulsor de la Ley de Memoria Histórica. Según Zapatero, no le consta que Martín Villa, ministro en los primeros años de la Transición, tuviera responsabilidades en aquellos asesinatos; entonces, ¿quién las tenía? Y para proteger al político de origen franquista el expresidente socialista no duda en recordar la Ley de Amnistía, una ley que, recordemos, equipara legalmente la lucha por la democracia con los asesinatos de Estado. La Ley de Memoria Histórica, en muchos aspectos tan necesaria para cerrar las heridas de la Guerra Civil, aclarar los crímenes del franquismo y sepultar dignamente a los vencidos, debe tener continuidad histórica, e investigar los crímenes de Estado cometidos durante la Transición. Pero todo nos conduce a pensar que el sistema -y especialmente la clase política profesional- no tiene interés en sacar los cadáveres de los armarios: aunque les vaya en ello su propia credibilidad democrática y su honestidad política.
Aún tiene que cumplirse un año del traslado de los restos del dictador desde la basílica del Valle de los Caídos al cementerio de Mingorrubio. Aquella inhumación se presentó como una apuesta personal del presidente Pedro Sánchez, una operación de propaganda mediática facilona y sensiblera, aunque un tanto deslucida por los excesivos honores que se le tributaron a Franco. Pero la sombra del franquismo, más allá de la momia de El Pardo, es muy alargada, continúa en el aparato policial, en el Ejército, en las finanzas, en la justicia... Y conviene, aquí y ahora, recordar unas pintadas que hace pocos años aparecieron en Pamplona, efectuada por jóvenes carlistas, cuando se planteó el desmantelamiento de algunos monumentos erigidos durante el franquismo: "Atrévete con los vivos". Pues eso, Pedro Sánchez: atrévete con los vivos, con Juan Carlos y Felipe, con Martín Villa...
El autor es militante carlista
El tránsito del franquismo a la democracia sigue siendo una herida sangrante que se cicatrizó en falso... y comienza a oler a podrido
La defensa de la memoria democrática no sirve para investigar la venta por don Juan de Borbón del Palacio de la Magdalena de Santander
