a talla de todo servidor público se mide por su disposición y capacidad para mejorar la vida de aquellos a los que sirve: los ciudadanos. Esa, y no otra, es la finalidad última de la política, la mayor herramienta de transformación y progreso que tienen las sociedades.

En todas ellas surgen retos, y en ocasiones, sobreviene alguno de forma global que nos pone a prueba en todos los sentidos. Es el caso de la pandemia de covid-19, una triple crisis mundial en su vertiente sanitaria, económica y social que ha puesto a los distintos Estados y sociedades frente al espejo, sacudiendo sus pilares y estructuras básicas y esenciales.

Frente a ese reto, el mayor desde la Segunda Guerra Mundial, los servidores públicos tienen la oportunidad de demostrar su talla democrática y política. Así lo hizo España, mostrando la mejor versión del Estado. Estamos trabajando sin descanso para salvar vidas, empleos y empresas. Seguimos combatiendo hasta la extenuación la pandemia desde la igualdad y la justicia social con un único objetivo: no dejar a nadie atrás. Desde la cogobernanza, trabajando codo a codo con todas las administraciones del Estado y desplegando un escudo social sin precedentes.

También la Unión Europea estuvo a la altura, apostando de forma inequívoca por la solidaridad frente a las recetas neoliberales del pasado, basadas en la austeridad y los recortes. Y lo hizo con un acuerdo histórico, en el que, por primera vez, decidía endeudarse con la garantía de sus Estados miembros, para ayudar a los países más necesitados. Es lo que se ha denominado Fondo de recuperación Next Generation UE. Un total de 750.000 millones, de los que 140.000 serán para España (70 mil millones en transferencias, otros 70 mil en créditos). Un acuerdo, en definitiva, concebido para la recuperación y la resiliencia.

Aprobados ya los Presupuestos Generales del Estado para canalizar ese dinero, solo hacía falta articular la herramienta administrativa desde la que poder gestionar esos fondos con la mayor agilidad y eficiencia posibles. Eliminar trabas y burocracia y facilitar la colaboración entre administraciones para salir cuanto antes de la crisis económica y sentar las bases de la recuperación y transformación que necesita el país. Un reto, pero también una oportunidad. Esa herramienta tan imprescindible es el Real Decreto Ley 36/2020, de 22 de diciembre, convalidado este jueves en el Congreso de los Diputados, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Su aprobación es una gran noticia que impulsará el proyecto de reconversión económica más ambicioso de la historia de nuestro país. Permitirá presentar y ejecutar con rapidez y rigor proyectos financiables con fondos europeos, y es asimismo un instrumento clave para la credibilidad de España en Bruselas. Con su convalidación, se podrán simplificar y agilizar los trámites y procedimientos para la gestión de los fondos, destinados a reformas estructurales hacia una economía sostenible y una sociedad digitalizada, más cohesionada y más justa.

Sin embargo, esta gran noticia y este enorme paso adelante queda empañado por la irresponsable actuación de varios partidos políticos que, lejos de sentirse concernidos por lo que es una cuestión de Estado en una situación extraordinaria, han optado por dar la espalda a su país y a sus ciudadanos, desentendiéndose del interés general en favor de sus intereses partidistas con tal de hacer daño al Gobierno.

Con su “no” a este decreto, PP, Ciudadanos, UPN y otros partidos que les han acompañado demuestran su falta de talla política y su poca altura de miras. No han votado en contra del Ejecutivo, sino en contra de su país ante el mayor reto de gestión que ha tenido nunca. Es un “todo vale” que constituye la cara más peligrosa de la verdadera antipolítica, aquella que se desentiende de aquellos a los que debe servir por puro interés electoralista con tal de intentar dañar al adversario. Y es también una actitud impropia de un partido que, como el PP, ha gobernado España durante buena parte de su andadura democrática.

Las desgracias no distinguen de colores políticos. Todos nuestros compatriotas están sufriendo las consecuencias de esta pandemia, y la respuesta de los representantes públicos debería ser trabajar por la unidad para mejorar juntos, no poner la zancadilla. El real decreto ley aprobado este jueves es imprescindible para garantizar que el dinero de los fondos llega a donde debe, que se ponen en marcha proyectos de gran envergadura y que éstos no acaban lastrados por trabas burocráticas y problemas de ejecución. La crítica es legítima y el contraste de ideas es enriquecedor, pero votar en contra en un momento de excepcionalidad como el que vivimos, máxime cuando el Gobierno ha ofrecido tramitarlo como proyecto de ley para mejorarlo entre todos los grupos políticos, es una irresponsabilidad temeraria.

Es en momentos como este donde se mide la talla democrática y de servicio público. Es en situaciones como esta cuando la política debe estar más que nunca al servicio de los ciudadanos. Remar juntos para formar parte de la solución. Es la unión en los momentos trascendentales lo que hace que las sociedades avancen. Lo hicimos así en el pasado, y es preciso hacerlo así ahora, aunque algunos no quieran arrimar el hombro ni darse por aludidos. Porque, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el PP con tal de complicar la vida al Gobierno? Su no a este decreto en realidad es a los españoles a quien se la hubiera complicado si no hubiese salido adelante.

Los ciudadanos de este país merecen que PP y sus socios de Cs y UPN abandonen los intereses cortoplacistas y enfoquen los asuntos de Estado como lo que son, desafíos ante los que España se juega su estabilidad nacional y su credibilidad internacional. Queda mucha legislatura por delante. Aún pueden elegir comportarse como los servidores públicos que son. Aún pueden elegir dar la talla. El camino está lleno de retos, tantos como oportunidades. La clave está en si quieren ser parte del problema o contribuir a la solución.

El autor es diputado del PSOE por Navarra