Los dos mayores monumentos de exaltación franquista del Estado, el del Valle de los Caídos y el Monumento a los Caídos de Pamplona, han vuelto a salir indemnes tras la reciente aprobación en el Congreso, y a expensas de su paso por el Senado, el pasado jueves 14 de julio, de la Ley de Memoria Democrática. Igual que sucedió con las anteriores leyes de memoria.

En el artículo 54, dedicado específicamente al Valle de los Caídos, se plantea su supervivencia resignificada como un lugar de memoria democrática cuya función se limitará a dar a conocer “las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado”, algo ciertamente acotado.

El monumento pamplonés no recibe ninguna alusión concreta en dicha norma. Algunos podrían pensar que podría entrar dentro de los supuestos del artículo 35.1 referido a los Símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática. En él se dice se consideran como tales “las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial”.

Sin embargo, mucho nos tememos que los poderes públicos interpreten ese texto en el sentido de que no cabe ninguna actuación sobre el monumento pamplonés por juzgar que en él ya no alberga función conmemorativa o de exaltación alguna por estar tapadas las inscripciones y los textos, y ello a pesar de que por su propia naturaleza y por los frescos de la cúpula hay una función enaltecedora explícita, tal y como argumentamos suficientemente en nuestro libro La (des)memoria de los vencedores. De cualquier forma, aunque en el punto 3 del mismo artículo se dice que, “las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y territorio, adoptarán las medidas oportunas para la retirada de dichos elementos”, en el punto 5 se afirma que eso “no será de aplicación cuando (…) concurran razones artísticas o arquitectónicas protegidas por la ley”, de modo que pueda peligrar “la estabilidad del inmueble” o “su adecuada conservación”. Se conforman así nuevas limitaciones que se superponen a aquel ejercicio hermeneútico sobre el grado de exaltación de dicho monumento.

En nuestra opinión, la negativa a actuar resueltamente en el monumento de Cuelgamuros (no considerado símbolo contrario a la memoria democrática, como se vio) ha extendido desde siempre, y ahora también, un manto protector sobre el monumento pamplonés. Todo lo más, la opción limitadamente resignificadora sobre el primero, de concretarse, podría constituir una senda (fraudulenta) a explorar por las autoridades navarras.

De cualquier forma, el desenlace del asunto podía haber sido muy diferente si los partidos encargados de la elaboración del texto de la ley y de su negociación posterior (es decir, el PSOE y Unidas Podemos) hubieran sido más receptivos con dos enmiendas que les fueron trasladadas desde Navarra y cuyo contenido era mucho más claro que el ambiguo artículo finalmente aprobado.

Por un lado, cinco asociaciones memorialistas navarras (Affna-1936, Txinparta, Zer, Areka y Ateneo Basilio Lacort) remitieron al grupo de Unidas Podemos una enmienda al artículo 35.1 que explicitaba que “se consideran elementos contrarios a la memoria democrática aquellos edificios monumentales situados en contextos urbanos que alojaron restos de personas del bando franquista exclusivamente, surgidos con una finalidad de exaltación del régimen franquista y de transmisión mediante su iconografía de un relato parcial de lo sucedido en 1936 - 1939 que todavía se mantiene, y que, habiendo albergado además durante décadas actos de conmemoración franquista, han supuesto y suponen un lugar de humillación para las víctimas”. Lo que apelaba directamente al edificio navarro. Además, en otros puntos se incorporaba el efecto cascada de la mención especificada en dicha enmienda. Dichas enmiendas fueron desechadas en las posteriormente pactadas por el PSOE y UP, lo cual sirve para relativizar el compromiso de dichos partidos con la tajante retirada de simbología franquista.

Asimismo, EH Bildu planteó una enmienda de adición al artículo 54 (referido, como se dijo, al Valle de los Caídos), generando un artículo 54 bis referido exclusivamente al Monumento de Pamplona. En el punto 1 de la misma se remarcaba la función de exaltación del franquismo del mismo “incluso tras las exhumaciones y la eliminación de la mayor parte de la simbología propia de la época franquista”. En el punto 2 se decía que “no existirá limitación alguna en la intervención a realizar, bien sea esta su completa resignificación, bien se opte por su demolición parcial o total y la actuación sobre el espacio resultante”. En el 3, que “en cualquier caso, en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política, religiosa o de cualquier otra índole, que conlleven la justificación o exaltación de la guerra, sus protagonistas o el régimen franquista”. Y en el 4, que “a los efectos de desarrollar el destino que se prevea, la administración pública correspondiente estará capacitada para recuperar por expropiación el pleno dominio de la cripta de este monumento”. A todo ello se sumaba otra enmienda de adición a la Disposición Derogatoria única para eliminar las limitaciones de actuación sobre los Caídos que señala el catálogo del Plan Municipal de Pamplona.

Esa enmienda no tuvo acogida en el proceso negociador posterior entablado, que, como es sabido, sí que admitió otras enmiendas de la coalición EH-Bildu. Cabe presuponer que por el rechazo del PSOE y Unidas Podemos, interesados en la inexistencia de cualquier referencia directa al monumento pamplonés para no interferir así en el de Cuelgamuros.

Queda por lo tanto en el debe, principalmente de PSOE y de Unidas Podemos, como partidos protagonistas del proceso que han marcado las líneas rojas que no podían rebasarse tanto en esa cuestión como en otras, una explicación de su actuación. Los demás, que con su voto afirmativo o abstención contribuyeron a la aprobación de la norma, tenían una posición muy subordinada en una dinámica negociadora atropellada de última hora que no podía saldarse con un rechazo para no converger con el PP y Vox.

Desde fuera solo queda la sensación de una profunda decepción ante esta evidente rendición: el discurso postrequeté y postfalangista ha ganado esta batalla, aquí y en Cuelgamuros.