Gestión de residuos, ¿de quién nos fiamos?

Aproximarse a lo realmente sucedido precisa de un conocimiento previo de la problemática medioambiental general, de la normativa sobre la gestión de residuos y del grado de cumplimiento de las Autorizaciones ambientales de las instalaciones de tratamiento de residuos.

La comparecencia en sede parlamentaria y las declaraciones públicas del consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Navarra dan con las claves:

-Las instalaciones de Ecofert fueron inspeccionadas por Medio Ambiente en el primer trimestre de 2023, detectándose la recepción de residuos líquidos no amparados por su Autorización procedentes de otra empresa de Navarra, y no de Gipuzkoa. Porque Ecofert no tiene autorización para tratar residuos líquidos, sean éstos tóxicos o no.

- En inspección realizada en noviembre de 2024 se identifica la entrada de residuos del Complejo Medioambiental de Zubieta, no autorizados por su condición de líquidos.

En sus declaraciones, el diputado de Medio Ambiente de Gipuzkoa, responsable máximo de su Consorcio de Residuos, se centra en los denominados códigos LER, que sirven para caracterizar un residuo, y, aunque clave para explicar lo sucedido, oculta la cuestión del carácter líquido de los residuos para erróneamente descargarse de su responsabilidad de verificar que el destino de los residuos generados en Gipuzkoa cuenta con autorización para tratarlos. Tampoco el lehendakari Urkullu ha entrado al meollo de la cuestión al ser interpelado en el Parlamento de Gasteiz.

Con estos precedentes, fragmentación de la información y sesgo interesado, es difícil que la opinión pública se informe adecuadamente. Es imprescindible una información completa desde las administraciones ambientales competentes y que esa información se encuentre disponible en las páginas web respectivas, completando la ya existente que cito más adelante.

No hacerlo así lleva a una clara desinformación y ejemplo de ello es el artículo de opinión publicado en Diario de Noticias el pasado treinta de enero con la autoría de un Premio Nacional de Medio Ambiente, gran divulgador de la problemática medioambiental global, haciendo una serie de preguntas y sacando sus propias conclusiones, algunas de ellas falsas.

Porque habla del envío a Ecofert de líquidos procedentes de la planta incineradora de residuos urbanos de Zubieta. Y esto no es cierto pues provienen del tratamiento biológico que también se realiza en dicho Complejo Medioambiental, lo que induce a pensar en su condición de no tóxicos, atestiguado por los primeros análisis realizados.

El autor confunde la recepción de los lixiviados procedentes de Gipuzkoa detectados en noviembre de 2023 con la recepción de residuos líquidos no autorizados con origen en una empresa navarra desde el año 2022. Esto se puede comprobar en la web en menos de un minuto buscando “inspecciones ambientales navarra” y tras un par de “cliks” hacer una búsqueda por municipio.

Aprovechando el tema suscitado, el autor amplía su foco a otras empresas del sector, tales como Biomendi en Mendigorria y HTN en Caparroso, que reciben residuos de otras Comunidades. Afirma que las actividades de estas empresas afectan al medio ambiente, a los campos y a la salud de las personas. E ignora que el tratamiento de dichos residuos ha sido autorizado porque el proceso de biometanización que se lleva a cabo en esas empresas da lugar a la producción de metano y, consecuentemente, energía eléctrica renovable, y a la aplicación de un producto fertilizante orgánico en cultivos agrícolas que sustituye a los fertilizantes químicos que se utilizan de forma habitual, sin que se haya identificado una situación de contaminación generalizada ni en el medio ambiente del entorno, ni en la salud humana.

Al contrario, la demanda y utilización del fertilizante resultado de la biometanización por parte de los agricultores del entorno es contrastable. Únicamente se citan estos supuestos efectos adversos en campañas dirigidas por quienes se oponen a la mera existencia de este tipo de instalaciones de biometanización de residuos orgánicos. No hay un solo informe técnico solvente que en nuestra Comunidad lo reconozca con datos objetivos.

Identifica también a Biomendi como una instalación que está tratando casi 80.000 toneladas de residuos sin permiso para ello. Esto no es cierto. Cualquiera puede comprobar que Biomendi sí dispone de autorización, obtenida en mayo de 2023, para tratar 80.000 toneladas anuales. Solo cuesta un minuto verificarlo buscando en la web “autorizaciones ambientales navarra” y tras un par de “cliks”, hacer una búsqueda por municipio. Ahí aparecen todas las Autorizaciones obtenidas por la empresa.

Como conclusiones de todo lo expuesto cabría destacar:

- Las administraciones públicas deben informar a la población de forma más clara y concreta del comportamiento de las instalaciones industriales en general y con mayor detalle en los casos en los que se genera una alarma social incurriéndose en declaraciones poco afortunadas de agentes implicados directa o indirectamente en la problemática medioambiental.

- Existe la necesidad de un mayor control de las instalaciones en las que se han detectado incumplimientos relevantes. Para ello, la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra debería contar con un refuerzo del personal dedicado a inspecciones.

- Y quien aporte su punto de vista a través de los medios de comunicación, e independientemente de sus opiniones personales, debe esmerarse en aportar datos fehacientes que lo sustenten. Y desde luego, no difundir información falsa.

El autor es químico, experto en temas medioambientales