En los últimos días, diversos medios de comunicación de Navarra se han hecho eco de la publicación, por parte de la Cámara de Comptos, del informe: “Gestión de la Renta Garantizada y su impacto en el empleo”. Un documento que pone el foco en los mecanismos de control de la Renta Garantizada por parte de la Administración.
“Descontrol”, “incumplimientos”, “desastre”, “fracaso”, han sido algunos de los términos utilizados para titular estas informaciones. Titulares que tienden a señalar directamente a las personas que reciben esta prestación, en lugar de centrarse directamente en lo que el informe señala.
Algunas noticias hablan de incumplimientos como si fuera una situación generalizada. Sin embargo, el informe no respalda tal idea. Por ejemplo, en él se señala que el 76% de los casos revisados por la Policía Foral presentan algún tipo de incumplimiento, pero esto incluye desde errores administrativos hasta situaciones que no necesariamente implican dolo.
Desde la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social nos gustaría recalcar que el informe de la Cámara de Comptos no pone en duda la efectividad de la Renta Garantizada como herramienta de protección social.
Tras el revuelo formado, y las réplicas de los diversos partidos políticos navarros, la repuesta del Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo ha sido insistir en la modificación de la Ley de la Renta Garantizada y Derecho a la Inclusión, ya anunciada hace meses.
En torno a esta respuesta, desde la Red creemos que la asunción de las recomendaciones del informe de Comptos debe ser un punto de partida para mejorar la gestión, simplificar los procedimientos y facilitar el trabajo de los profesionales de la acción social. Pero, en ningún caso podemos permitir que estas modificaciones deriven en una reducción de la cobertura o en un endurecimiento de los requisitos que limite el acceso a quienes realmente necesitan esta prestación económica.
Por otro lado, es fundamental entender que la pobreza no es un problema estático; es un fenómeno dinámico que responde a cambios socioculturales y económicos. Por ello, las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social deben ser flexibles, transversales y ambiciosas. No basta con garantizar un ingreso; necesitamos desplegar un modelo integral que incluya el acceso a la vivienda, la formación, la salud y el acompañamiento social.
No olvidemos que, gracias a este instrumento, muchas familias en situación de exclusión social, especialmente las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, han podido estabilizar su situación y acceder a oportunidades que de otro modo estarían fuera de su alcance. No reconocer su impacto positivo es ignorar el papel fundamental que juega en la reducción de la pobreza y la cohesión social.
Por supuesto, el sistema puede y debe mejorar. Es necesario intensificar las políticas activas que acompañen a las personas en su camino hacia la inclusión. Esto no significa centrarlas exclusivamente en el empleo, sino también abordar otras barreras como la falta de formación, los problemas de salud o las dificultades para conciliar, para acceder a la vivienda, etcétera. Además, es necesario también la promoción sociocultural, el enriquecimiento de las redes de apoyo y la participación en la vida en comunidad. Los retos actuales de la cohesión social necesitan de una renovación de la mirada y de un ensanchamiento de las políticas, de una mayor transversalidad.
Señalar a las personas beneficiarias de la Renta Garantizada como culpables de los problemas administrativos no solo es injusto, sino también contraproducente. Esta narrativa alimenta prejuicios y pone en peligro la aceptación social de una política que ha demostrado ser eficaz en la lucha contra la pobreza. La Administración debe actuar sobre las causas estructurales de la exclusión, no sólo sobre sus consecuencias.
La Renta Garantizada es una herramienta valiosa que debemos proteger y mejorar, y no debilitar con discursos que no hacen justicia a su verdadero impacto en la vida de las personas.
Firman esta carta: Andrea Corera, Jon Echeverría, Alba Equiza, Javier Huarriz, Virginia Castillo, Idoia Oneca y Ricardo Hernández Miembros de la Junta Directiva-Comisión Permanente de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social