“La derecha, inconscientemente, se mantiene identificada con el franquismo. Y se tira piedras contra su propio tejado. Tal vez las víctimas también la identifican así, como si quienes están en la derecha fueran los asesinos de sus abuelos. Pero la derecha lo asume, entra en ese error y no quita esos símbolos”.

Quien dice esto es el psiquiatra estellés y miembro de AFFNA-36 Gregorio Armañanzas; nieto de Clemente Ros, inspector de la Policía Municipal de Estella y asesinado en el monte del Perdón en agosto de 1936. Sus restos no han sido recuperados.

Estos días, tras el anuncio de cambio de nombres a tres calles de Pamplona, la derecha navarra ha manifestado públicamente su disconformidad con la retirada de esta distinción a elementos franquistas. Individuos destacados de estas formaciones a nivel particular y los partidos, han hecho declaraciones. Dada la realidad de afamado arquitecto de uno de ellos, Víctor Eusa, el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro y varios profesionales también han mostrado su oposición corporativa a esta medida

“Consideramos que la aportación como arquitecto de Víctor Eusa a nuestra ciudad debería estar por encima de otras cuestiones”, “La Ley de Memoria Democrática no puede servir para pisotear trayectorias profesionales”, argumenta el PP.

“Aunque le quiten el nombre de su calle, D. Víctor Eusa siempre estará en la ciudad que construyó y tanto amó”, declara Enrique Maya de UPN.

Eusa y otros diez elementos carlistas instituyeron la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra. Fue constituida la noche del domingo 19 de julio al 20 de julio de 1936, el mismo día de la sublevación militar en Navarra, y se instaló en el Palacio de la Diputación indicando con este hecho quién mandaba en Navarra; desde ese edificio se planificó y ejecutó la represión. Nadie discute que de la junta dependía la vida o la muerte de las gentes republicanas en nuestra tierra. Este fue el papel de las juntas carlistas en aquellos acontecimientos que los testimonios y el peso de la historia confirman. Hay publicados decenas de trabajos de investigadores e historiadores que lo corroboran.

Los carlistas, leales aliados de Mola y cumpliendo los acuerdos previos al golpe de estado, llevaron a cabo sus directrices: “Hay que sembrar el terror, hay que dejar sensación de domino, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros”. En aquellos días, tras el golpe de estado, estos diez verdugos daban órdenes, confeccionaban listas y fueron autores intelectuales de cientos de asesinatos. Precisamente, de un edificio diseñado por Eusa (Escolapios), utilizado como Jefatura de Requetés, cuartel general de la Junta y también como centro de detención, decenas de personas salieron con vida hacia campos y cunetas para no regresar jamás.

El 22 de agosto de 1936, Benito Santesteban, teniente del tercio Móvil, especializado en funciones represivas, se dirigió a los 500 presos reunidos en el patio de la cárcel de Pamplona y les dijo: “¡No temáis! Dentro de pocos días, en cuanto la guerra se estabilice, regresaréis a vuestros hogares. Solo continuarán presos los que tengan delitos de rebeldía contra el régimen salvador de España y también los comunistas que quieren esclavizar a nuestra querida patria. Los demás, ¡todos a casa!”. Al día siguiente un subordinado de Santesteban leía en el mismo patio los 53 nombres de presos que serían conducidos a continuación al solar bardenero de Valcaldera para su fusilamiento. ¿A día de hoy quedan dudas sobre quién confeccionó esta lista? Y las listas de los asesinados en La Tejería de Monreal, y de las sacas nocturnas de los centros de detención, de las personas a liquidar pueblo a pueblo… Asesinatos colectivos de gran entidad unas veces, o de gentes del Frente Popular en una pequeña localidad, las otras. Actuando como perpetradores el Tercio Móvil Requeté, solos o acompañados por las Escuadras del Águila de la Falange, por la Guardia Civil y por miembros de grupos y organizaciones antirrepublicanas de los pueblos.

La Junta Central, como otras juntas locales carlistas, fueron conocidas como juntas de matar. Las juntas estaban compuestas por personas con nombres y apellidos, por matones. Aquí está el quid de la cuestión, la razón por la que nos oponemos a que una calle lleve el nombre de un matón. Razón que, no mencionan e intencionadamente ocultan, quienes defienden el mantenimiento del nombre.

Estos defensores anteponen la obra arquitectónica por encima de las víctimas, a las que ignoran. Señalan el amor a la ciudad, al ladrillo y al cemento, ocultando el matonismo practicado con los semejantes.

“Por encima de cualquier valoración ideológica de la persona, siempre quedarán vivos los resultados de su empeño profesional” dice el Colegio de Arquitectos. Los que no quedaron vivos fueron las víctimas como resultado de su empeño por la liquidación física de sus adversarios o simplemente diferentes. La misma mano que firmaba los planos de un edificio, firmaba órdenes de matar. Se podrá contestar que estas actuaciones y estos individuos no han sido juzgados, por lo que no se les puede acusar. Esta situación evidencia que uno de los derechos de las víctimas, la Justicia, no se reconoce plenamente.

Tras el golpe del 18 de julio, el carlismo envió al frente de guerra a personas forzadas a unirse a sus filas mediante amenazas de muerte (al frente o al fuerte…); humilló, torturó, encarceló, violó, obligó a tomar ricino, rapó y paseó a mujeres por las calles y plazas de nuestros pueblos, robó, hizo desaparecer… Mató.

Como familiares, no podemos aceptar que se mantenga ese reconocimiento. Una calle de Pamplona no se puede llamar Víctor Eusa. Los familiares aún seguimos recabando testimonios, consultando archivos, revolviendo tierras en campos y cunetas, buscando los restos de sus víctimas.

El autor es miembro de la Asociación de Familiares de Fusilados