Ante el artículo publicado por Ramón Palau, director general de Moventis Regular España, en DIARIO DE NOTICIAS DE NAVARRA, desde el colectivo de personas trabajadoras de TCC Pamplona queremos expresar nuestra profunda indignación por el tono, el contenido y las falsedades con las que se intenta desacreditar una huelga legítima y necesaria.

El señor Palau afirma que algunas personas conductoras podrían llegar a cobrar 50.000 euros anuales, una cifra que no se ajusta a la realidad de la plantilla. Esa cantidad no refleja nuestros sueldos, sino quizás el suyo o el de otros cargos directivos. Para acercarse mínimamente a esa cifra, habría que trabajar prácticamente todos los domingos y festivos del año, hacer turnos partidos, noches, extras y renunciar a la vida personal y familiar. Y aun así, difícilmente se alcanzaría.

Pero el dato más insultante es este: por trabajar un domingo o festivo completo, la empresa paga solo 7,20 euros brutos. Sí, han leído bien: 7,20 euros por toda la jornada. ¿Eso es lo que llaman un “modelo retributivo justo y competitivo”? ¿De verdad pretenden que la ciudadanía crea que somos unas personas privilegiadas?

Tampoco menciona el señor Palau que durante San Fermín, algunos turnos se alargan más de 11 horas seguidas, como el de tarde que empieza a las 14.00 y termina cerca de las 2.00 de la madrugada. Mientras tanto, se exige flexibilidad absoluta, disponibilidad total y una entrega que rara vez es correspondida.

Además, queremos dejar algo muy claro: esta huelga también es por la ciudadanía. Porque la calidad del servicio ha caído en picado desde que esta empresa tomó las riendas. Es cada vez más habitual ver autobuses averiados en plena línea, vehículos arrastrados por grúas, fallos en el aire acondicionado, rampas para personas con movilidad reducida que no funcionan o buses que salen tarde o no llegan. El mantenimiento deja mucho que desear, y eso no es casualidad: la empresa se adjudicó este servicio público rebajando el presupuesto un 14% respecto al precio de licitación. ¿Y de dónde sale ese ahorro? De lo evidente: del mantenimiento, del personal y de los recursos que necesita el transporte público para funcionar bien. La ciudadanía lo paga cada día con retrasos, incomodidad y riesgo.

La empresa presume de ofrecer mejoras salariales vinculadas al IPC, pero omite que esas supuestas mejoras llegan tarde, mal y arrastrando años de pérdida de poder adquisitivo. También calla que seguimos teniendo contratos a tiempo parcial, una plantilla muy ajustada, y condiciones laborales que no están a la altura del servicio que prestamos a la ciudadanía.

Además, mientras se exige esfuerzo a la plantilla, la falta de transparencia por parte de la empresa es total. El comité lleva solicitando desde hace meses las cuentas auditadas de la empresa, fundamentales para evaluar con rigor las propuestas económicas que se presentan. Sin embargo, la dirección ha hecho caso omiso una y otra vez. ¿Cómo pretenden que confiemos en su generosidad, si ni siquiera quieren abrir sus cifras a quienes representamos a la plantilla?

Esta huelga no es un capricho, ni una estrategia de presión injustificada. Es la consecuencia directa de años de abandono, de una negociación sin avances reales, y de una dirección que vive alejada del asfalto y de los problemas cotidianos de quienes sacamos los autobuses cada día.

Y lo más grave: la empresa está tratando de enfrentar a la plantilla con la ciudadanía, utilizando los medios de comunicación para manipular la percepción pública. Se nos acusa de dañar el bien común, cuando lo que pedimos precisamente es un transporte público digno, estable y de calidad, con personal motivado y reconocido.

También rechazamos con firmeza las insinuaciones sobre presuntas coacciones a quienes cumplen los servicios mínimos. Quienes estamos en huelga lo hacemos con responsabilidad, convicción y pleno respeto a los derechos de todas las personas. La presión real es la que ejerce la propia empresa, con amenazas veladas y una campaña de desprestigio constante.

Y no podemos terminar sin denunciar el abandono institucional que estamos sufriendo. Ni la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, ni el Gobierno de Navarra, ni el Ayuntamiento de Pamplona han mostrado hasta ahora una voluntad firme de intervenir y garantizar condiciones dignas para quienes prestamos este servicio esencial. El silencio institucional también es una forma de complicidad con los abusos.

Y ya que el director general presume en prensa de salarios de 50.000 euros, le lanzamos un reto: si realmente está dispuesto a ofrecer ese salario anual a toda la plantilla, que lo ponga por escrito hoy mismo. Firmamos mañana y volvemos al trabajo inmediatamente. Así de simple.

Seguiremos en lucha. No por privilegios, sino por dignidad. Por quienes estamos hoy al volante, por quienes vendrán después, y por una ciudadanía que merece un servicio a la altura. Porque no se puede construir un transporte público de calidad despreciando a quienes lo hacen posible.

*El autor es presidente del comité de empresa de TCC Pamplona/Iruña, y el resto de delegados / Plantilla en huelga indefinida