40 años de los vertidos nucleares en la costa gallega

En 1981, la organización ecologista Greenpeace realizó espectaculares acciones para evitar el vertido de residuos nucleares colocando barcos neumáticos bajo los barcos que lanzan los bidones. En ese momento se produce un salto cualitativo en la oposición a estos vertidos por la alianza entre ecologistas, cofradías de pescadores, sindicatos, partidos y ayuntamientos que unieron sus fuerzas para detener los vertidos. En 1983 el Convenio de Londres de vertido de residuos al mar aprueba una moratoria que se convertirá en definitiva en 1993.

Catorce activistas y cuatro marineros gallegos protagonizaron en 1982 una de las historias más emocionantes e intrépidas del ecologismo internacional. A bordo del Xurelo, un palangrero gallego con casco de madera, arriesgaron su vida para tratar de impedir el lanzamiento al mar de bidones metálicos con residuos radiactivos a apenas 650 kilómetros de la costa de Galicia. Aquella gesta abrió telediarios en todo el mundo y fue el principio del fin de una polémica gestión de los subproductos de las centrales nucleares.

Han tenido que pasar más de 40 años para que una expedición científica solvente iniciara el mapeo e inspección de las 140.000 toneladas que reposan sobre los fondos abisales en más de 200.000 barriles radiactivos. El Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia (CNRS) con el buque oceanográfico L´Atalante ha vuelto a poner en primer plano en la fosa atlántica la presencia de miles y miles de toneladas de residuos radiactivos vertidos en aquella zona, a unos 600 kilómetros de la costa de Galicia, poniendo de actualidad que este tipo de residuos tienen una larga vida.

Según las informaciones que han aparecido en diferentes medios, el buque L´Atalante ha localizado unos 3.350 bidones de residuos radiactivos, pero según datos de Greenpeace se vertieron más de 140.000 toneladas de basura nuclear, en unos 222.000 bidones.

El Organismo Internacional de la Energía (OIEA) catalogó los lugares de vertido, con los datos facilitados por los estados miembros, y consideró que los residuos eran de baja y media radiactividad, pero habrá que investigar mucho más que riesgo existe en el ecosistema marino y en este sentido es fundamental una vigilancia permanente para ver su evolución como basura radiactiva. La renuncia de la Unión Europea a investigar la situación actual ha llevado a Francia a realizarla por su parte, y la postura del Gobierno español en su día de no encargarse de una inspección sobre los residuos radiactivos por ser vertidos fuera de las aguas territoriales no es ninguna razón convincente, aunque el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), organismo público encargado de la seguridad nuclear y protección radiológica en España, ha venido a decir que los resultados de las medidas y de los análisis realizados hasta la fecha “no han identificado niveles significativos de radiactividad” en la costa gallega ni cantábrica. Por otra parte, las declaraciones realizadas por Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, en las que vino a decir que desconocía la existencia de bidones radiactivos sumergidos hace más ya varias décadas frente a las costas gallegas, no tienen desperdicio.

La investigación que se está llevando a cabo estos días pone también de actualidad el actual debate nuclear, y la herencia que va dejando la industria nuclear, su contaminación y enorme peligro. A pesar de ello, la Unión Europea catalogó la energía nuclear como energía verde en 2022, votando el Europarlamento a favor de esa nueva catalogación y avalando la idea de la Comisión de considerar que la inversión privada en gas y energía nuclear tiene su papel en la transición ecológica y contribuye a mitigar el cambio climático. La inclusión en la Taxonomía verde europea de la energía nuclear supone poner a esta fuente de energía al mismo nivel ecológico que las energías renovables, que son infinitamente más limpias, aunque también tengan sus impactos.

Pero la energía nuclear no es la solución al cambio climático, porque la nuclear no es neutra respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero. Si bien es cierto que la energía nuclear ya funcionando y con el uranio en sus instalaciones no emite CO2, hay que tener en cuenta todo su ciclo de vida, y entonces las cuentas son muy diferentes. La minería y enriquecimiento del uranio, su construcción, el desmantelamiento y gestión de residuos y el transporte del combustible a la central –el uranio no es autóctono y las mayores minas se encuentran en Kazajistán, Canadá, Australia y Namibia– también emiten CO2 de forma intensiva.

Conviene recordar también que el próximo 6 de agosto se cumplen 80 años de la primera bomba atómica arrojada en Hiroshima, y tres días más tarde, en Nagasaki, el 9 de agosto de 1945. Sus efectos fueron devastadores, con la muerte fulminante de unas 80.000 personas y un número de víctimas mortales que se elevó a más de 250.000 por las heridas y enfermedades derivadas, y las graves secuelas en la salud de miles y miles de personas debido a la radiación liberada durante bastantes años.

No hay que olvidar que la energía nuclear tanto en su uso civil como militar comparten la misma base tecnológica, lo que plantea desafíos en cuanto a la seguridad internacional y la prevención de la proliferación nuclear.

El autor es experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente