Este miércoles el Congreso de los Diputados vivirá una votación clave que no estaba en los planes del Gobierno ni de los sindicatos. El PP, Junts y Vox han forzado el debate y la votación de las enmiendas a la ley de reducción de la jornada laboral con un objetivo claro: torpedear su aprobación, retrasar el proceso y poner en evidencia la debilidad parlamentaria del Ejecutivo. No se trata de un gesto de responsabilidad ni de un interés genuino por mejorar la ley; se trata de un intento de bloquear uno de los avances sociales más importantes de los últimos 40 años en materia laboral.

Lo que se vota ahora no es la ley definitiva, sino las enmiendas. Son los cambios que cada grupo parlamentario quiere introducir en el texto aprobado en Consejo de Ministros tras el acuerdo entre el Gobierno, UGT y CCOO. Y lo que está en juego no es menor: si las enmiendas favorables a la reducción de jornada no salen adelante o si se aprueban enmiendas del PP y Vox que desvirtúan la ley y se impone el bloqueo, el trámite se alargará meses, y con ello millones de trabajadores y trabajadoras seguirán atrapados en jornadas de 40 horas semanales. Quien vote en contra o a favor de esas enmiendas de la oposición contrarias al espíritu de la ley (por ejemplo, para mantener 40 horas), debe saberlo, estará votando contra la clase trabajadora, contra la conciliación, contra la salud y contra la igualdad.

Desde UGT Navarra lo decimos sin rodeos: esta ley debe aprobarse ya. No hay excusas. La reducción de la jornada a 37,5 horas semanales sin merma salarial es una medida justa, necesaria y perfectamente viable. Y si algunos partidos pretenden poner palos en las ruedas para obedecer a la patronal más inmovilista, encontrarán a este sindicato enfrente, en la calle, en los centros de trabajo y en cada espacio público.

Reducir la jornada laboral es avanzar en justicia social. Avanzar hacia un modelo de relaciones laborales más equilibrado, más humano y más moderno. Porque el tiempo de trabajo no puede seguir siendo un lastre que impida la conciliación, el bienestar o la salud de quienes sostienen con su esfuerzo diario la economía y los servicios. Trabajar menos horas, con los mismos derechos y salarios, no es solo una reivindicación histórica del movimiento obrero, es una cuestión de justicia social, eficiencia económica y adaptación a los tiempos.

Conviene recordar un dato: la jornada laboral en España lleva congelada desde hace más de 40 años. Desde 1983 no se había producido ninguna reducción legal significativa del tiempo de trabajo. Mientras tanto, la productividad ha aumentado, la digitalización ha transformado los procesos y la conciliación se ha convertido en una demanda ineludible. Sin embargo, millones de trabajadores siguen atrapados en jornadas largas, intensas y, a menudo, mal compensadas. La reforma que ahora se plantea viene a corregir esa anomalía.

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos contempla una reducción horaria con una garantía esencial: sin merma salarial. Es decir, el mismo sueldo por menos horas. Algo que, lejos de perjudicar a las empresas, puede contribuir a mejorar la productividad, reducir el absentismo, facilitar la contratación y redistribuir mejor el empleo, además de favorecer la conciliación, la igualdad, la salud laboral y, simplemente, la vida.

Frente a los discursos alarmistas de la patronal o de ciertos sectores políticos, hay que decirlo con claridad: España no se hunde por trabajar 2,5 horas menos a la semana. Al contrario, mejora. En Navarra lo sabemos bien. Nuestra comunidad tiene un tejido productivo diverso, pero en muchos casos exigente en lo que a horarios se refiere. Y también sabemos que allí donde se han implantado reducciones pactadas de jornada –en empresas que lo han hecho por convenio– los resultados han sido positivos. El ejemplo más claro es el convenio de hostelería de Navarra, que establece precisamente una jornada de 37,5 horas semanales. Y, lejos de hundir la productividad, la ha aumentado.

Frente a quienes dicen que esta ley es una medida impuesta, hay que afirmar con rotundidad que es fruto del diálogo social, que ha sido negociada, trabajada y acordada con responsabilidad. Y frente a quienes afirman que vamos contracorriente, basta mirar a Europa: países como Dinamarca, Noruega, Francia o Bélgica ya han adoptado reducciones de jornada, y muchos otros debaten cómo hacerlo. El futuro del trabajo pasa por jornadas más cortas, mejor organizadas y con más derechos.

Lo que ocurre ahora en el Congreso no es un debate técnico. Es una cuestión política y de modelo social. Quien bloquee esta ley estará diciendo a los trabajadores que su tiempo no importa, que su salud no cuenta, que la conciliación es un lujo. Estará diciendo a las mujeres que seguirán cargando con la doble jornada, a los jóvenes que su futuro seguirá marcado por la precariedad, y a la sociedad en su conjunto que los beneficios empresariales pesan más que la calidad de vida.

Desde UGT Navarra exigimos a los grupos parlamentarios responsabilidad y altura de miras. Que piensen en las trabajadoras y trabajadores que no pueden cuidar de sus hijos o mayores porque su jornada no se lo permite, en quienes se queman por el estrés, la fatiga o la sobrecarga. Reducir la jornada también es cuidar la salud, repartir mejor el empleo y mejorar la productividad.

Y también decimos que esta no debe ser la meta, sino un punto de partida. Hay que seguir trabajando para que la reducción sea efectiva y se extienda con firmeza a todos los sectores, para que las 37,5 horas sean un derecho real, no solo una declaración legal.

En UGT seguiremos vigilantes y activos. Con el mismo compromiso con el que hemos defendido esta medida en las mesas de diálogo social, la defenderemos ahora en cada centro de trabajo, en cada convenio, en cada territorio, y la reivindicaremos ante todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Porque creemos en una sociedad que valore el tiempo como un bien preciado, y que entienda que trabajar menos no es producir menos, sino vivir mejor.

La jornada laboral de 37,5 horas no es un regalo. Es un avance. Es un derecho. Y ha llegado para quedarse.

El autor es secretario general de UGT Navarra