Colaboración desde la fortaleza del sistema público

He leído con atención el artículo publicado recientemente en este medio sobre los convenios público-privados en Educación, firmado por la presidenta del Consejo Escolar de Navarra. Comparto la preocupación por ofrecer la mejor respuesta posible al alumnado con necesidades educativas y a sus familias, pero considero necesario matizar algunas afirmaciones y aportar una reflexión desde la experiencia profesional y desde la defensa de un sistema público y singular de atención a la diversidad que tenemos en Navarra, construido a lo largo de los años.

Como orientador educativo con una dilatada trayectoria en el sistema público, profesor asociado en la Universidad Pública de Navarra y profesional con una amplia formación, he tenido la oportunidad de conocer en profundidad tanto las fortalezas como las dificultades del modelo de atención a la diversidad en Navarra. Y precisamente desde ese conocimiento quiero subrayar que contamos con un sistema público sólido, seguro y altamente profesionalizado, fruto del trabajo coordinado de los equipos directivos, equipos docentes, orientadores, orientadoras profesorado de apoyo, equipos especializados y servicios complementarios y subsidiarios como el CREENA.

El carácter público de este sistema no es un elemento accesorio, sino su principal fortaleza. Es lo público lo que garantiza la equidad en el acceso, la estabilidad de los recursos, la continuidad de las intervenciones y la coherencia de las respuestas educativas con independencia del centro, del contexto socioeconómico o de las circunstancias personales de cada familia. Es también lo que permite que el conocimiento acumulado, la experiencia profesional y la inversión realizada permanezcan en el sistema y se consoliden con el paso del tiempo.

Es cierto que la colaboración con asociaciones y entidades especializadas que trabajan en el ámbito de la discapacidad o de los trastornos del aprendizaje puede resultar valiosa. Nadie discute la aportación que estas organizaciones realizan desde el conocimiento específico, la experiencia con las familias o la sensibilización social. Los convenios de colaboración, cuando están bien definidos, pueden enriquecer el sistema en ámbitos concretos.

Sin embargo, es importante no trasladar la idea –explícita o implícita– de que el sistema público no dispone de los recursos necesarios o de que necesita ser suplido, en parte, por agentes externos. El sistema público de atención a la diversidad en Navarra ha demostrado durante décadas su capacidad para ir implementando líneas de mejora para adecuarse al desarrollo normativo y a las nuevas necesidades, para garantizar una respuesta educativa equitativa y de calidad, basada en criterios profesionales, en la formación continua del profesorado y en la coordinación entre servicios educativos, sanitarios y sociales.

La incorporación de nuevos perfiles profesionales o de nuevas intervenciones no puede basarse únicamente en la buena voluntad, la presión social o la percepción de carencias, sino que debe sustentarse en análisis rigurosos de necesidades y, sobre todo, en evidencias científicas que avalen su eficacia educativa. La educación inclusiva no se fortalece acumulando recursos sin una planificación clara, sino tomando decisiones informadas, evaluables y coherentes con un modelo público que aspire a ser sostenible y justo.

Asimismo, conviene ser prudentes con la idea de que las entidades privadas están siempre a la vanguardia metodológica. La innovación educativa de calidad exige contrastación científica, evaluación de resultados y formación crítica de los profesionales. Estas condiciones se garantizan de manera más sólida cuando las decisiones se toman desde estructuras públicas estables, como el Servicio de Ordenación, Formación y Calidad, Área de Innovación de CREENA, en colaboración con la universidad y con los propios profesionales del sistema.

Defender la educación pública no significa cerrarse a la colaboración, pero sí exige que esta se produzca desde una posición de fortaleza institucional. Los convenios no deben entenderse como sustitutos de servicios públicos consolidados ni como soluciones a problemas que requieren planificación estructural. Solo así se evita el riesgo de fragmentar la respuesta educativa o de generar dependencias externas difíciles de sostener en el tiempo.

La atención a la diversidad es una responsabilidad colectiva y un logro construido gracias al compromiso de muchos y muchas profesionales a lo largo de los años. Proteger ese patrimonio, reforzarlo y mejorarlo es compatible con colaborar, pero siempre desde el rigor, la evidencia y la defensa inequívoca de un sistema público que es, en última instancia, el verdadero garante de una educación equitativa y de calidad para todo el alumnado.

El autor es orientador escolar, profesor asociado de la UPNA, Master en Logopedia y Doctor en Psicología