“Nos han hecho mucho daño. Queremos que nos pidan perdón por todo lo que han dicho de nosotros”.
Son palabras que comparten los dos policías municipales de Pamplona que acaban de presentar una doble reclamación al Ayuntamiento por los comentarios que hizo el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Javier Labairu, durante un Pleno.
Aunque están retirados del servicio, prefieren ocultar sus nombres y apellidos y ser identificados por sus antiguos números de policía: 28 y 254. Los dos se reunieron recientemente con este medio de comunicación para dar a conocer las medidas que han decidido adoptar tras las declaraciones de Labairu, al que han solicitado un acto de conciliación como paso previo a la interposición de una querella por un presunto delito de injurias y calumnias.
El concejal de Navarra Suma hizo referencia a ellos en la sesión plenaria del 3 de noviembre tras conocerse que habían ganado sus respectivos pleitos interpuestos contra el consistorio, con una indemnización que en uno de los casos es de 287.000 euros.
Críticas de la oposición
Las palabras de Labairu poniendo en duda la profesionalidad de ambos provocaron que la oposición pidiera su inmediata dimisión al considerar que fueron “humillantes” y con el único objetivo de “ridiculizar” y “menospreciar” a los dos agentes implicados.
La iniciativa fue aprobada por EH Bildu, PSN y Geroa Bai en la Comisión de Presidencia del 8 de noviembre, en la que Navarra Suma se negó a participar con el argumento de que las declaraciones del concejal de Seguridad Ciudadana estaban avaladas por el derecho a la libertad de expresión.
Dichos comentarios también fueron escuchados por los dos policías aludidos, que tras un periodo de reflexión exigen ahora una rectificación al considerar que fueron injuriosos y difamatorios.
"Ha sido reabrir todas las heridas"
Se les ve dolidos y siguen muy molestos por las palabras de Labairu. “En vez de asumir la resolución judicial y analizar por qué no se aplicaron las medidas correctoras, el concejal se dedicó a desprestigiarnos. Ha sido cómo reabrir de nuevo todas las heridas” explicó el agente 28.
"En vez de asumir la resolución judicial y analizar por qué no se aplicaron las medidas correctoras, el concejal se dedicó a desprestigiarnos"
De uno de ellos el concejal de Seguridad Ciudadana dijo que no era ejemplar y llegó a poner en cuestión la vida laboral de los agentes y la valoración que se recoge en las sentencias sobre los informes médicos y de riesgos laborales.
"Nos han hecho mucho daño y quiero que reconozcan lo que han hecho. Quería olvidarme, pero no me dejan”
“Quiero que nos pidan perdón. Nos han hecho mucho daño y quiero que reconozcan lo que han hecho. Quería olvidarme, pero no me dejan” señaló el policía 254.
Él fue el primero en tramitar la instancia al Ayuntamiento para solicitar una “retractación pública por los mismos medios en los que se me difamó” y que le reconozcan “una labor ejemplar ejercida durante muchos años en la Policía Municipal de Pamplona”.
En su escrito, alude a los comentarios que el concejal realizó sobre ellos y cita textualmente las palabras de Labairu: “Evidentemente, los dos, creo yo, que se aprovecharon de un sistema judicial garantista y bueno, han logrado sentencias muy favorables para sus intereses, pero que realmente enturbian el buen hacer de los funcionarios”.
En otro momento de su intervención el edil de Navarra Suma comentó lo siguiente dirigiéndose a la portavoz socialista Maite Esporrín: “Le retaría a que hable con compañeros, que seguro que usted tiene amigos en la Policía, a ver qué le dicen, que le hablen de estos policías. A mi lo que me dicen es que durante toda su vida laboral estuvieron buscando argucias, buscando constantes reclamaciones, hasta que al final evidentemente han conseguido una sentencia muy favorable”.
"A mi lo que me dicen es que durante toda su vida laboral estuvieron buscando argucias"
El tribunal consideró probado el acoso laboral sufrido por el policía 254, que derivó en un “tratamiento psiquiátrico recurrente y diagnosticado de lesiones permanentes” por hechos como el que relata en su resolución: “Se le citaba en las lecturas de servicio, a sabiendas de que no tenía obligación de acudir, sólo para provocar humillaciones y desprecios continuos hacia su persona”.
Los problemas, en ambos casos, durante la jefatura de Simón Santamaría
Este agente comenzó su calvario en 2004, cuando denunció al entonces jefe de la Policía Municipal, Simón Santamaría, por acoso laboral. Fue sancionado a tres meses por hacer críticas a la gestión de un superior y desde entonces fue objeto de una campaña de acoso interno.
El agente 28 ha optado por acudir directamente al juzgado de primera instancia de la Audiencia Provincial, donde ha solicitado la celebración de un acto de conciliación como paso previo a la interposición de una querella criminal. Si no rectifica será acusado de un presunto delito de injurias y calumnias.
Sus problemas en el servicio también se iniciaron durante la jefatura de Simón Santamaría, tras denunciar que se estaban retirando vehículos de la grúa municipal sin pagar la multa y que los beneficiados eran amigos de concejales y del propio jefe.
Apartado de su unidad, desde ese momento sufrió varios episodios de acoso laboral y castigos en el servicio activo, hasta que fue diagnosticado de un tratamiento crónico por depresión y ansiedad postraumática.
Las responsabilidades del Ayuntamiento
La posterior resolución judicial determinó que “el Ayuntamiento no había adoptado las medidas oportunas para “proteger la seguridad y salud” del policía municipal, “ocasionándole lesiones que derivaron en su incapacidad permanente total”.
Por este motivo el Consistorio fue condenado en sentencia firme por un “incumplimiento empresarial muy grave” a abonar la cantidad de 287.000 euros al citado agente. Tiene reconocida la incapacidad permanente absoluta y necesita abundante medicación por los problemas psicológicos generados.
“Lo que han dicho de nosotros es falso. Quiero que se sepa todo lo sucedido y la tortura a la que me ha sometido sistemáticamente esta gente” comentó el agente 28.
