Es el testimonio de la madre que sigue en el piso okupado de la calle Jarauta que el Ayuntamiento de Pamplona pretende desahuciar de manera “ilegal y encubierta”, como denuncia el Kontseilu Sozialista de Iruñerria. Esta es la historia de la mujer que continúa en el interior del edificio a la espera de una solución.

Lleva desde el domingo por la tarde con un bebé sin poder salir de casa. Es el testimonio de la madre que sigue en el piso okupado de la calle Jarauta que el Ayuntamiento de Pamplona pretende desahuciar de manera “ilegal y encubierta”, como denuncia el Kontseilu Sozialista de Iruñerria. Esta es la historia de la mujer que continúa en el interior del edificio a la espera de una solución.  

“Me sacaron del piso en el que vivía hace cinco años y le conté mi situación a la trabajadora social. Mandé los papeles a Nasuvinsa y al Ayuntamiento de Pamplona, pero no me ayudaron con absolutamente nada. Solo me dejaron estar un día en el hotel de Ansoáin. Después, me dijeron que me buscara la vida”, asegura.

“Cambió la trabajadora social y estuve en una habitación hasta que ya no podía seguir y me vi obligada a entrar de okupa. No tenía otra alternativa porque la trabajadora social y el Ayuntamiento no me ayudaban”, recuerda.

“Ahora, soy madre soltera y tengo tres niños menores a mi cargo. Me siento muy incómoda porque no puedo ni salir ni entrar a casa. La policía está 24 horas en el portal y no deja entrar a nadie ni que me den comida. Me la han tenido que pasar por las ventanas. Me siento como una prisionera”, concluye.

Policía Municipal controla desde la tarde del domingo el acceso al inmueble y no permite la entrada al mismo. Los pisos ocupados son propiedad de la empresa municipal Pamplona Centro Histórico y desde hace días están habitados por “familias con menores que habían sido desahuciadas, mujeres que han sufrido violencia de género, jóvenes que no pueden emanciparse y personas con problemas laborales que no pueden permitirse alquilar una vivienda”, según informan desde el Kontseilu Sozialista de Iruñerria.

Algunas familias que habían salido antes de que montaran el control policial no pudieron entrar después. Otras personas salieron porque tenían que llevar a sus hijos al colegio y no pueden volver. Ahora, están en casas de amigos o familiares. Permanecen en el interior dos jóvenes y esta madre con su hija, que es la que tiene la situación más frágil.