El Ayuntamiento de Pamplona ha gastado 1,3 millones en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), la mayor parte procedente de una subvención de 900.000 euros del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, financiada con fondos Next Generation EU.
Los datos han sido facilitados este martes por la Cámara de Comptos, que ha publicado un informe sobre la zona de bajas emisiones en Pamplona en el que se analiza el proyecto, el procedimiento de implantación, su seguimiento y los recursos destinados al mismo.
Las zonas de bajas emisiones, reguladas en la ley sobre cambio climático y transición energética de 2021, son ámbitos en los que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.
El objetivo de su implantación es mejorar la calidad del aire, reducir el ruido y mitigar el cambio climático. La normativa exige que los planes de movilidad sostenible de todas las ciudades de más de 50.000 habitantes incluyan el establecimiento de ZBE.
En Navarra, sin embargo, la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética obliga a establecer ZBE en todos los municipios de más de 10.000 habitantes.
El Ayuntamiento de Pamplona realizó un proyecto técnico al respecto que calificaba la calidad general del aire urbano como buena, atendiendo a los estándares legales, “pero manifiestamente mejorable si se consideran las directrices de la Organización Mundial de la Salud”.
Según el proyecto, el factor que más repercute negativamente en la calidad del aire es el tráfico.
Las calles más ruidosas
En materia de ruido también existen recomendaciones de la OMS, así como normativa europea y estatal. Existe un mapa estratégico de ruido referido a la Comarca de Pamplona, elaborado por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.
Dicho mapa dio lugar a la aprobación de planes de acción para el periodo 2025-2029.
Las conclusiones del citado estudio señalan que los índices de ruido superan los objetivos de calidad acústica en el nueve por ciento de la superficie de la Comarca de Pamplona, lo que afecta al catorce por ciento de la población. La causa principal es el ruido del tráfico rodado. Los mayores niveles de ruido se registran en las rondas de circunvalación y en las avenidas de Navarra y de la Baja Navarra de Pamplona.
El Ayuntamiento de Pamplona comenzó a preparar la ZBE en 2022 con la contratación de una empresa que entregó el proyecto al año siguiente. Dicho proyecto contempla su implantación en dos fases: la primera, en el Casco Viejo; la segunda, en el Primer y Segundo Ensanche. La primera fase se puso en marcha en diciembre de 2025. Implica la prohibición de acceder a la zona a los vehículos sin distintivo ambiental, aunque por ahora existen exenciones significativas a dicha prohibición.
El informe señala que el contenido del proyecto y la ordenanza, aprobada en 2025, son acordes con la normativa. Se realizaron procesos de participación según lo previsto en la normativa, focalizados en su implantación en el Casco Viejo. Se ha implantado un sistema técnico y de procedimientos para la gestión y seguimiento de la ZBE.
El informe indica que el análisis de costes y beneficios no es completo ni equilibrado; que los procesos de consulta y participación se han centrado en el Casco Antiguo; y que puede existir riesgo respecto a la protección de datos, ya que no se ha realizado la evaluación de impacto en esta materia, exigida por la normativa.
Financiación
El sistema de gestión de la ZBE permite la lectura de matrículas y el control de los aparcamientos en superficie. Existen 65 cámaras para la lectura de matrículas, cinco para el análisis del tráfico y 375 sensores de aparcamiento. También se han instalado sistemas de control con cámaras en doce vehículos de la Policía Municipal.
El informe incluye dos recomendaciones. Por un lado, que se realice urgentemente la evaluación de impacto en materia de protección de datos personales del sistema de gestión de la ZBE; por otro, que el proyecto de la ZBE del Segundo Ensanche se elabore con datos actualizados, proceso de participación y estudio de costes.
