Tristemente para la Comunidad Foral, la mayoría de las personas que han ocupado la presidencia del Gobierno han tenido que dar explicaciones ante la Justicia por su gestión del dinero público. De los siete presidentes que hasta ahora ha tenido Navarra solo dos de ellos no se han visto en la tesitura de tener que dar cuenta ante un juez de cuestiones relacionadas con su actividad pública.
Tras conocer la imputación de Sanz, que deberá acudir ante la juez Benito el próximo 12 de abril, y la más que probable imputación más adelante de la actual presidenta -que no ha sido encausada en esta ocasión por estar todavía al frente de la Comunidad foral aunque todo apunta a que deberá explicar ante un juez también el cobro de dietas-, solo José Manuel Arza (1980-1984) y Juan Cruz Alli (1991-1995) no han tenido que acudir al juzgado.
La tendencia la inició, sin saberlo, Jaime Ignacio del Burgo, presidente de la diputación entre 1979 y 1980, año en el que fue destituido por una supuesta malversación de fondos del caso FASA (Fundiciones Alsasua S.A.). Cuatro años más tarde y tras un largo proceso de recursos, el Tribunal Supremo le restituyó en su puesto como presidente.
El caso más escandaloso que ha vivido Navarra y el único que ha terminado con una pena de cárcel para el acusado es el relativo al socialista Gabriel Urralburu, presidente en Navarra desde 1984 hasta 1991, que fue condenado por la trama navarra del caso Roldán a 11 años de cárcel (al final rebajados a 4) y a una multa de 780 millones de pesetas por el cobro de comisiones millonarias a empresas constructoras en la adjudicación de obras públicas. Fue condenado junto al consejero de obras públicas, Antonio Aragón.
La misma investigación salpicó también a Javier Otano, que dimitió del cargo en 1996 al conocer su imputación, solo un año después de acceder al cargo. Fue acusado de corrupción por una cuenta que tenía en Suiza pero finalmente fue absuelto al prescribir el caso.
