pamplona - El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, presentó ayer su renuncia al cargo alegando motivos personales aunque desde diferentes ámbitos se apunta a su falta de sintonía con el Gobierno -evidenciada de forma pública durante las últimas semanas- y a las presiones ejercidas a jueces y fiscales por parte del Ejecutivo como causas de su inesperada decisión.
El desencuentro viene de lejos y podría estar relacionado con la defensa de la autonomía fiscal de la que Torres-Dulce ha venido haciendo gala desde el comienzo de su mandato y que se habría evidenciado, para disgusto del Gobierno, en la gestión que Anticorrupción ha realizado de asuntos clave para el PP como son los casos Gürtel y el de los papeles de Bárcenas, donde la posición del fiscal pidiendo el ingreso en prisión del extesorero del PP levantó ampollas entre los populares.
El hasta ahora fiscal general permitió el libre criterio a los fiscales designados en estos asuntos. De Torres-Dulce se ha destacado que siempre dejó hacer a sus subordinados y que apenas necesitó de órdenes que pudieran cambiar el criterio de los fiscales, como en el caso Nóos, donde según señalaron fiscales conocedores del procedimiento Torres-Dulce “no movió un dedo para salvar a la infanta”. Tan solo apoyó el criterio que el fiscal Horrach defendió desde el primer momento contra la imputación de la hermana del rey Felipe VI.
Las quejas públicas de Torres-Dulce contra el Gobierno comenzaron a hacerse públicas a cuenta de los planes de Gallardón para el Código Procesal Penal, que no cumplían con sus expectativas para lograr la instrucción penal por la Fiscalía.
Más adelante, el enfrentamiento cristalizó con las tensiones que precedieron a la interposición de la querella de la Fiscalía contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y dos miembros del Govern por su intervención en el denominado proceso participativo del 9-N.
En último extremo, la gestión del proceso soberanista catalán ha sido el desencadenante fundamental de su adiós. Cabe recordar que fue la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, quien anticipó en un programa de televisión que la querella estaba prácticamente elaborada en la Fiscalía General del Estado, asegurando incluso que tenía “bases sólidas” jurídicas.
de Gürtel a Mas El malestar fue en aumento y la reacción del entonces fiscal general del Estado fue dejar que la presentación de la querella corriera a cargo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en vez de presentarla desde Madrid. El problema vino cuando los fiscales catalanes rechazaron la idea de presentar una querella en la que, según sus miembros, no había indicios de delito, y él se vio obligado a tomar la iniciativa para ordenar su tramitación.
La “radiografía” -como el mismo Torres-Dulce la calificó- que la prensa hizo del proceso de elaboración de la querella puso negro sobre blanco que el fiscal general y el Gobierno no compartían criterio sobre los tiempos de presentación de la misma.
Así se evidenció durante la última comparecencia de Torres-Dulce en el Congreso el pasado 26 de noviembre, cuando manifestó que no se le puede decir que sea proclive al Gobierno de Rajoy y citó como ejemplos que había sido él quien solicitó la prisión del extesorero del PP Luis Bárcenas y que ha mantenido posiciones contrarias al Ministerio del Interior con Jaume Matas o en el caso Bolinaga.
“No toleraré nunca que el gobierno me diga lo tengo que hacer, porque sería un delito”, afirmó entonces, para añadir: “Si tengo que sostener posición contraria al gobierno la sostengo”.
Otras fuentes hablan de otro hito de la ruptura: la elección el pasado mes de julio de su mano derecha, el hasta entonces teniente fiscal del Supremo Antonio Narváez, como magistrado del Tribunal Constitucional, un puesto al que Torre-Dulce aspiraba. La decisión se adoptó, además, sin consultarle.
Las mismas fuentes señalaron que desde dicho momento tenía clara su decisión de cesar en el cargo antes de que concluyera su mandato al final de esta legislatura.
Si no lo ha hecho antes ha sido para no coincidir en la agenda con decisiones clave relativas a asuntos judiciales de importancia como el caso Gürtel, la querella fiscal contra Mas o la implicación de la Infanta Cristina en el caso Nóos, haciendo gala a la definición que muchos hacen de él como la del personaje El Hombre Tranquilo de su admirado John Ford.
Desde el entorno de Torres-Dulce se ha querido desvincular la dimisión de toda polémica política. Fuentes próximas al fiscal explicaron que se va “con el deber cumplido” y en un momento “de tranquilidad”, sin polémicas, en el que todas las cuestiones importantes “están encauzadas”.
El Gobierno esperaba la decisión de Torres-Dulce, incluso cuando estaba al frente del Ministerio de Justicia Ruiz-Gallardón, con el que seguía manteniendo no obstante una buena relación personal que ya no existía con el actual titular de la cartera, Rafael Catalá, si bien han desvinculado esta decisión con la querella a Mas. Pero quedaron las tensiones con la secretaría de Estado que antes dirigía Fernando Román, sobre el modelo de Eurojust o la autonomía presupuestaria que pretendía Torres-Dulce, quien en repetidas ocasiones hizo pública su petición de tener unidades de Policía Judicial adscritas a la Fiscalía. - D.N./E.P./Efe
El Post-it
Recambio. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy su propuesta de candidato para ser el próximo fiscal general del Estado. En las quinielas aparece la fiscal del Tribunal Supremo, Pilar Fernández Valcárcel. En los últimos meses han sonado nombres como el de Fernando Grande-Marlaska, o los magistrados del Tribunal Supremo procedentes de la carrera fiscal: Antonio del Moral o Miguel Colmenero.
