pamplona - La Asociación de Reporteros Gráficos de Navarra (Aregna) solicitó ayer la derogación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, la ley Mordaza, por considerar que vulnera el derecho a la información. En una comparecencia en el Parlamento foral, el presidente de este colectivo, José Luis Larrión, expresó que la legislación “es motivo de preocupación” entre los reporteros gráficos. Larrión cifró en 400 millones de euros el montante recaudado de 2015 a 2018 por multas a través de esta ley, de los que 7,7 millones corresponden a sanciones por el uso inadecuado de imágenes de policías por parte de reporteros. Y citó como ejemplo el caso de Patxi Cascante, fotógrafo de este periódico, a quien le fue remitida una multa de 6.000 euros “por fotografiar una protesta de padres en un colegio de Sarriguren, en la que aparecían agentes de policía”. Una multa que finalmente fue desestimada. Larrión pidió que, durante las coberturas periodísticas, “los agentes sepan que junto a ellos hay un profesional, que afrontará el suceso con criterio y profesionalidad”.

Larrión destacó asimismo la situación de cerca del 70% de los asociados, que son autónomos, y advirtió sobre los riesgos de la deriva de la inmediatez en la calidad informativa. Además, alertó del “uso indebido desde instituciones, organismos y particulares” que se hace de fotografías y vídeos y ha recordado que “internet no es una fuente de acceso pública, ni de libre uso, sin el consentimiento de los autores”.

En la sesión de trabajo participaron también dos representantes de Intangia, una asociación de apoyo a los derechos de creación y explotación de reporteros gráficos, artistas y autores. Intervinieron Conchi Cagide e Idoia San Matías. La primera denunció la inexistencia de un Registro de Propiedad Intelectual en Navarra, carencia que en vista de las respuestas de los portavoces parlamentarios, está en vías de solución. Pero gran parte de la sesión se centró en los aspectos lesivos de la ley Mordaza para el ejercicio del periodismo. Idoia San Matías expuso la ambigüedad y discrecionalidad de dicha ley, así como su falta de garantías. Críticas a su redactado y aplicación que tuvieron la comprensión de todos los grupos, a excepción de Navarra Suma. La respuesta de José Suárez denotó que dos de sus socios, UPN y PP, sacaron adelante en 2015 un texto normativo que ahora, con la nueva aritmética en el Congreso, vuelve a colocarse en la picota. Desde PSN, Inma Jurío abogó por la modificación de esta ley, “que ha impedido en buena parte el trabajo que ustedes vienen realizando”. Por parte de Geroa Bai, Blanca Regúlez recordó los recursos de inconstitucionalidad presentados, y “el recorte de derechos y libertades” que dificultan la labor de los fotógrafos. Por último, Txomin González Martínez, de EH Bildu, contextualizó la ley en el clima posterior a la irrupción del 15-M, recordó las advertencias de Amnistía Internacional, y afirmó que “ya existen herramientas” para abordar problemas de delincuencia e inseguridad. “La única forma de recuperar niveles de libertad y democracia es su derogación”, concluyó. No hubo más intervenciones, puesto que Mikel Buil, de Podemos, se encontraba indispuesto, y Ainhoa Aznárez participaba en otra comisión, lo mismo que Marisa de Simón por parte de Izquierda-Ezkerra.