l Parlamento retoma este lunes su actividad ordinaria tras 15 días de parón festivo. Y lo hace con varios proyectos de ley en cartera que deberán ver la luz antes de que finalice el periodo legislativo previo a San Fermín, entre ellos el paquete de medidas contra las consecuencias de la guerra en Ucrania. A partir de septiembre, con las elecciones autonómicas y municipales en el horizonte, la película será ya otra.
Son semanas clave para el Ejecutivo de María Chivite, que ve con cierto alivio cómo los últimos datos económicos de crecimiento, recaudación y afiliación a la Seguridad Social muestran un horizonte bastante más tranquilo de lo que parecía hace no mucho. La guerra de Ucrania no se nota por ahora en las cuentas públicas, y la caída del precio de la luz puede moderar la inflación en los próximos meses. Pese a la incertidumbre, hay por ahora estabilidad económica y ese es un factor clave para cualquier Gobierno. También para Navarra.
Hay no obstante algunos elementos para la preocupación en la mayoría de Gobierno, que empieza a evidenciar de forma cada vez más habitual sus diferencias internas. A las discrepancias en euskera o el Convenio se le han sumado recientemente la ley de Navarra Suma sobre profesorado de religión, que Geroa Bai prevé apoyar en contra del criterio del Gobierno; y la ley sobre el profesorado PAI, que el PSN espera sacar adelante con el apoyo de Navarra Suma y en contra del criterio de sus socios. Los cuatro consejeros de Geroa Bai votaron en contra el pasado jueves en el Consejo de Gobierno.
No es la primera vez que lo hacen, pero sí la primera en la que la discrepancia se ha hecho pública. Síntoma de una relación interna que se ha venido deteriorando en los últimos meses y que puede complicar el tramo final de la legislatura conforme el marco electoral vaya ganando protagonismo. Las diferencias de momento no han tenido mayores consecuencias. El Gobierno sigue funcionando con normalidad y está sacando adelante sus proyectos sin dificultades. Pero la percepción de desgobierno puede acabar llegando a la calle si las dinámicas de desacuerdo entre PSN y Geroa Bai se siguen repitiendo en el tiempo. Y ese es un mal escenario para una coalición que aspira a repetir más allá de 2023.
Elecciones en Andalucía Se suma a todo ello además un nuevo elemento distorsionador. Previsiblemente esta semana el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) convocará elecciones anticipadas para finales de junio. Unos comicios importantes tanto para el PP, que aspira a revalidar mandato seguramente con el apoyo de Vox, como para el PSOE, que busca recuperar su feudo histórico.
La campaña electoral se va a imponer otra vez en el contexto estatal, con la crisis económica de fondo y la previsible consolidación del proyecto de Alberto Núñez Feijóo como alternativa de Gobierno. Algunas encuestas apuntan incluso a un posible trasvase de votos del PSOE a Vox, sobre todo en zonas rurales del sur de España donde las políticas de igualdad se ven artificiales y la caza sigue siendo un elemento nuclear a la hora de decidir el voto. La ley de protección animal ha sentado muy mal en algunos sectores.
Queda por ver si ambas tendencias se confirman en Andalucía. Pero una victoria clara del PP en la comunidad más poblada de España dejaría un escenario de difícil gestión para el PSOE. Sobre todo si los populares se convierten en la referencia de voto para la derecha, con Vox en el papel de apoyo testimonial. En ese sentido, la propuesta del líder gallego para que gobierne la lista más votada resulta tan tentadora como peligrosa para el Gobierno de Sánchez, que va a necesitar del apoyo de prácticamente todas las fuerzas a su izquierda parlamentaria para resistir en La Moncloa.
Una realidad que en ocasiones los socialistas parecen pasar por alto, pero que no deberían subestimar. El apoyo parlamentario como mal menor no es incondicional, sobre todo si algunas actitudes se asemejan más a las de un gobierno de derechas que a lo que se puede espera de uno que se define como el más progresista de la historia.
Por ello resulta especialmente grave el caso de espionaje que se ha conocido esta semana a más de 60 dirigentes soberanistas y abogados, entre ellos el presidente de la Generalitat, ajeno a cualquier causa judicial. Actitudes propias de guerra sucia que apuntan al CNI y que afectan a los socios del Gobierno. Algo difícilmente justificable desde el punto de vista judicial e inaceptable desde el político. Y que requiere una explicación clara, sincera y urgente sobre quién ordenó las escuchas y qué se hizo después con esa información.
Una exigencia imprescindible en cualquier Estado de derecho, pero fundamental con los aliados que están apoyando a Sánchez y que difícilmente podrán seguir sosteniéndolo si no pone coto a este tipo de actitudes antidemocráticas, sean responsabilidad suyas o no.
La lealtad es una exigencia básica en cualquier relación de Gobierno, ya sea dentro o fuera de él. Pero debe ser recíproca y transparente. Y siempre es mejor evitar algunos escenarios que corren el riesgo de acabar enquistados en un punto de no retorno. Las mayorías están claras, tanto en Navarra y en Madrid, pero una tensión excesiva puede hacerlas vulnerables.
La dinámica de desacuerdo entre PSN y Geroa Bai es
un mal escenario para una coalición que aspira a repetir más allá de 2023
Sánchez debe a sus aliados una explicación clara, sincera y urgente sobre el caso de espionaje masivo
