La fundación Egiari Zor calcula que son 23 los procedimientos de víctimas de la guerra sucia del Estado que han terminado con condenas en costas -que en algunos casos suman hasta 19.000 €- y que en total superan los 106.000 €.
La fundación publicó este jueves una nota al hilo de las reciente noticia de la condena en costas a la familia de Joxi Zabala y enmarca estas formas de proceder en una “voluntad política para generar más perjuicio y más dolor a las víctimas que padecieron terrorismo de Estado”, y se preguntan si el criterio de la Abogacía del Estado, que es quien reclama las costas, sería el mismo “si el origen de la violencia padecida por los demandantes fuera otro”. En la nota, Egiari Zor recuerda que el Ministerio del Interior denegó la equiparación de indemnizaciones basándose exclusivamente en informes policiales y artículos de prensa.
Con la vía judicial para las víctimas del Estado bloqueada en España, 23 familias acudieron hasta el Tribunal de Estrasburgo, que desestimó las demandas.
En el año 2019, concreta la fundación, empezaron a llegar las primeras condenas y hasta el día de hoy, cuando solo queda un caso por resolverse -la última ha sido el recentísimo pronunciamiento sobre Joxi Zabala-, la cantidad total demandada por la Abogacía del Estado en concepto de costas efectivas asciende a algo más de 106.000 euros, siendo de 1.000 euros en el caso más bajo y de 19.000 € en el más elevado. Unas costas que, en términos generales, eran de unos 2.000-3.000 euros por caso, pero que fueron sustancialmente elevadas a partir de una reforma en la Abogacía del Estado. “En un principio las condenas en costas oscilaban entre los 1000 y los 3000 euros, pero tras un cambio en la Abogacía del Estado para esta cuestión, las cantidades solicitadas en concepto de costas, se vieron incrementadas muy sustancialmente”, denuncia la fundación en el comunicado.
Para Egiari Zor Fundazioa es evidente “la existencia de una voluntad política para generar más perjuicio y más dolor, a víctimas padecieron terrorismo de Estado”. Hasta el punto de que “es inevitable preguntarse si el criterio de la Abogacía del Estado sería el mismo si el origen de la violencia padecida por los demandantes fuese otro”.
Para terminar, valoran con que “durante todo este proceso hemos tenido el compañamiento, ayuda y asesoramiento de la Dirección de Víctimas del Gobierno Vasco, con quien además hemos mantenido un canal de comunicación directo que agredecemos”.
