El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este viernes, en la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Comunidad, una iniciativa de EH Bildu que apostaba por "abrir un debate político y social" encaminado a actualizar la ley orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna) "para responder a los retos y necesidades de la sociedad navarra del siglo XXI" y que ésta "tenga derecho a votar nuestro marco jurídicopolítico y, por tanto, el modelo de relación con el Estado y con el resto de territorios vascos".
La resolución ha sido rechazada al contar sólo con los votos a favor de EH Bildu, Geroa Bai y Podemos, mientras que Navarra Suma y PSN han votado en contra e Izquierda-Ezkerra se ha abstenido. EH Bildu ha presentado al Debate del Estado de la Comunidad cinco propuestas de resolución, cuatro de las cuales han sido rechazadas.
Sí ha prosperado una segunda resolución la formación que instaba al Gobierno de Navarra a elaborar un plan "urgente y participado" dirigido a la "recuperación" del sistema público de salud. Igualmente, pide un estudio de sobre los datos de pobreza con el objetivo de "planificar una modificación de la renta garantizada que responda a las nuevas necesidades y realidades de pobreza", una "apuesta decidida por una Educación de calidad", el impulso del parque y la bolsa pública de vivienda de alquiler y la rehabilitación y "topar" los precios del alquiler en el mercado privado, y "planificar el proceso de ejecución de lo recogido en el pacto de los cuidados".
No ha salido adelante una resolución que llamaba a acometer una transición energética "planificada, ordenada y democrática dentro de la revisión del Plan Energético de Navarra 2030" y pedía la remisión, antes del 31 de enero de 2023, del Proyecto de Ley Foral para la creación de la Agencia Energética de Navarra. Además, apostaba por impulsar una "fiscalidad ecológica" bajo el principio de que "quien contamina, paga, y quien más tiene, más paga"; adoptar medidas hacia "una verdadera economía circular"; y apostar por la "soberanía alimentaria buscando modelos agrarios más autónomos y sustentables".
La cuarta resolución, también rechazada, reclamaba la aprobación de los planes lingüísticos de todos los departamentos "antes de finalizar el año, estableciendo las plazas con perfil lingüístico necesarias y circuitos bilingües para garantizar la atención en euskera a la ciudadanía que lo demande".
Por otro lado, llamaba a desarrollar las políticas y leyes forales de igualdad entre hombres y mujeres, LGTBI+ y contra la violencia sexista, así como la implementación de recursos para luchar contra la xenofobia y racismo; el complemento de las pensiones más bajas; "activar" la Comisión de Reconocimiento y Reparación para las víctimas de tortura y de la violencia provocadas por funcionarios públicos o grupos de extrema derecha; y un "apuesta decidida" para atender las "realidades específicas" de la juventud.
La quinta y última resolución, que tampoco ha salido adelante, apostaba por "una fiscalidad más justa, equitativa", pedía "un marco propio de relaciones laborales" y la "derogación íntegra de los contenidos de la Reforma Laboral de 2012". Además, demandaba una política económica "encaminada a crear empleo de calidad" con "una reducción generalizada de la jornada laboral" mediante el "reparto de trabajo"; el desarrollo del Instituto Navarro de Inversiones para que, en un futuro, "se transforme de un Banco de Desarrollo en una entidad financiera"; y medidas para que las empresas adopten planes para hacer frente a la siniestralidad.
