El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves con el apoyo de Navarra Suma, PSN, Geroa Bai y Podemos y la abstención de EH Bildu la nueva ley foral de consumidores y usuarios para ampliar derechos y reforzar su protección, actualizando una normativa de hace 16 años que había quedado desfasada.

En defensa de la ley, el consejero de Desarrollo Económico, Mikel Irujo, ha subrayado la necesidad de adaptar la ley a cuestiones como la sostenibilidad, al uso de nuevas tecnologías que favorecen las relaciones comerciales a distancia, nuevos hábitos de consumo y la protección de colectivos vulnerables como infancia, adolescencia, mayores o personas alérgicas.

Se ocupa además la nueva ley de la compensación efectiva de los daños sufridos, de la representación de intereses generales a través de entidades legalmente constituidas, del consumo y producción responsable, del derecho a la soberanía alimentaria y de la prevención del desperdicio de alimentos, del derecho a un medio ambiente saludable, de la mediación y del arbitraje.

A favor de la iniciativa, Carlos Pérez Nievas, portavoz de Navarra Suma, ha indicado que es una ley "acompasada con la normativa básica" aunque "demasiado generalista" y que "no favorece la aplicación directa" en el caso de las entidades locales a las que no se facilitan las oficinas de asesoramiento.

Ha cuestionado también que se hayan rechazo enmiendas de Navarra Suma para prohibir discriminaciones por género o identidad sexual, que se mantenga el derecho de admisión en establecimientos públicos en lugar de defender el acceso universal o que no se facilite la mediación, por lo que "queda en una declaración de intenciones que como tal se queda corta".

Para el PSN, ha dicho Ainhoa Unzu, la nueva ley foral recoge derechos y deberes para los consumidores tras una revolución tecnológica que han traído enormes cambios en los hábitos de consumo, en las formas de pago o en las vías de compra con plataformas digitales.

Unos cambios que "merecen y justifican la actualización normativa", que además tiene en cuenta el acerbo jurídico de los últimos años, en especial europeo, así como otros elementos como la cohesión territorial o la brecha digital, al tiempo que se ocupa de los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos.

Por Geroa Bai, Mikel Asiain ha sostenido que la nueva ley foral pretende evitar los abusos de determinadas empresas que "parecen gozar de impunidad absoluta", las "aventuras y desventuras de un consumidor" con empresas y establecimientos de todo color y condición.

Por eso se han buscado "procedimientos eficaces para la defensa de los legítimos intereses" del consumidor, ha apuntado, y añadido que se incluyen además aspectos ausentes en la regulación foral de 2006, aunque ha reprochado "falta de voluntad política" para una adecuada atención a los derechos lingüísticos.

Arantxa Izurdiaga, de EH Bildu, ha justificado la abstención de su grupo en "las carencias importantes del texto", del que ha reconocido en todo caso que supone un "avance" en materia de consumidores y usuarios dando un enfoque al consumo basado en la responsabilidad, al tiempo que persigue un consumo inclusivo y refuerza el arbitraje o la seguridad en productos dirigidos a menores, entre otras medidas.

Sin embargo ha subrayado que a la norma le falta concreción en algunos aspectos, tanto en los derechos de las personas como en las obligaciones de las empresas, y sobre todo ha cuestionado que no contemple los derechos lingüísticos como derechos básicos cuando "el euskera es presente y debe ser futuro", lo que requiere de políticas públicas de apoyo.

Para Podemos esta ley supone una reforma integral que merece una valoración muy positiva al "avanzar lo suficiente en materias importantísimas" como la producción y el consumo responsable, la conciencia del impacto de los productos y su trazabilidad o una nueva generación de derechos, ha comentado Mikel Buil.