La necesidad de que aquellos que ejercieron la violencia o que pudieron darle cobertura hagan pública una reflexión ética integral ha sido subrayada en el acto convocado por el Gobierno de Navarra con motivo del 11-M, en el que se ha homenajeado a las víctimas del terrorismo y rechazado cualquier acción que violente su dignidad y memoria. Solo los representantes de Navarra Suma (UPN, PP y Cs) se han ausentado.
La Plaza de la Constitución de Pamplona junto al monumento a las víctimas del terrorismo ha acogido el acto en el que se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las personas asesinadas y en solidaridad con quienes fueron heridas, además de sus familiares.
Representantes de las principales instituciones, encabezados por la presidenta del Gobierno, el presidente del Parlamento y el delegado del Gobierno, han asistido al homenaje que ha contado con presencia de todos los grupos parlamentarios, excepto los citados representantes de la derecha navarra, así como de senadores, concejales, el presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, el Defensor del Pueblo y mandos de la Policía Foral, Guardia Civil, Policía Nacional y Ejército, entre otras personalidades.
También ha acudido, como suele ser habitual en esta convocatoria institucional, el delegado de la AVT en Navarra, Vicente Pigueiras, pero no así de otras entidades como la Asociación Navarra de Víctimas del terrorismo de ETA (Anvite) y la Fundación Tomás Caballero que han convocado su propio homenaje a mediodía en ese mismo lugar.
Tras la lectura de una declaración institucional, en castellano por la presidenta María Chivite y en euskera por la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, las personas presentes han realizado una ofrenda floral ante el monumento. De una en una han ido colocando rosas, claveles y dalias blancas y los representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad dos coronas.
En su declaración el Ejecutivo manifiesta que la violencia terrorista, practicada durante décadas por ETA y otras organizaciones terroristas como el GAL, las vinculadas a la extrema derecha, la extrema izquierda o al yihadismo, además de ser injusta e ilegítima, supone "una violación máxima de los derechos humanos constituyendo una grave amenaza a la democracia y a la convivencia".
Tras declarar su compromiso con el rechazo y la condena rotunda del terrorismo y de la utilización de la violencia en la defensa de cualquier idea o proyecto, muestra su "apuesta inequívoca por la defensa del derecho de todas las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición".
La Comunidad Foral ha sufrido durante muchos años y de manera especialmente intensa el terrorismo de ETA, recuerda el manifiesto en el que al tiempo que se valoran "los pasos positivos que se vienen produciendo para el reconocimiento de esta realidad", se considera "absolutamente necesario que aquellos que ejercieron la violencia o que pudieron darle cobertura social y política hagan pública una reflexión ética integral".
Frente al "terrorismo que es algo terriblemente injusto y antidemocrático por el dolor y el sufrimiento que genera", se abogo por una respuesta "basada en la paz, la convivencia, el diálogo y el respeto que profundice en los valores democráticos".
El apoyo y la solidaridad con las víctimas para hacer efectivos sus derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición se recoge en la declaración que plantea promover que las nuevas generaciones conozcan el horror de la práctica del terrorismo, fomentando la empatía con las víctimas, en el marco de los diferentes programas educativos puestos ya en marcha.
