Los gobiernos vasco y español pusieron en marcha el 11 de agosto la Comisión Bilateral de Cooperación para explorar un acuerdo y tratar de evitar que la sangre llegue al río con la Ley de Vivienda, pero las espadas siguen en alto, y el Estado insiste en que su ley no vulnera el autogobierno. La ministra de Transportes y Agenda Urbana en funciones, Raquel Sánchez, ha asegurado este domingo en Bilbao que la ley “se mantendrá en vigor por mucho que el PNV haya presentado ese recurso” porque, a su juicio, protege las competencias autonómicas, pero dejó ver que su Ejecutivo tampoco ha querido renunciar a plantear sus medidas ante el problema del acceso a la vivienda. Sus declaraciones las envolvió en un tono sosegado, pero se pueden interpretar también como un aviso no muy cordial en plenas negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez como presidente español, donde los cinco votos del PNV son imprescindibles.
“Yo le digo al PNV que no se preocupe, que esta ley se mantendrá en vigor por mucho que haya presentado ese recurso, porque es una ley que blinda, es una ley que protege las competencias de las comunidades autónomas, pero que también quiere dar oportunidades a todas aquellas personas que han vivido el acceso a la vivienda como un auténtico drama”, dijo la ministra en el acto de clausura del XI Congreso de las Juventudes Socialistas de Euskadi. La ministra reconoció de manera expresa que “es verdad que las competencias son de las comunidades autónomas”, pero insistió al mismo tiempo en que el texto de la ley es “escrupuloso” con sus competencias. El PNV ha defendido todo este tiempo que esa afirmación es una contradicción porque, si las competencias son autonómicas, el Estado no tendría que redactar una ley al respecto y, menos aún, bajar al detalle fijando los requisitos para declarar zonas del mercado tensionado en las que limitar la subida del precio del alquiler.
Esta puede ser simplemente una posición de salida y de máximos ante una negociación que se puede extender hasta principios del próximo año (antes de hacer efectivo el recurso al Tribunal Constitucional, se tiene que negociar durante seis meses para tratar de evitar el choque). Esta situación no solo afecta al PNV sino al Govern catalán, que también ha aprobado recurrir la ley, y a los gobiernos del PP. Esta disputa ya motivó una agria intervención del líder del PSE, Eneko Andueza, ante el lehendakari Urkullu en el pleno de política general pese a que comparten gobierno. De hecho, el recurso se autorizó con el desmarque de los tres consejeros del PSE. Este domingo se encontraba en el acto el propio consejero de Vivienda socialista Iñaki Arriola.
"Poco importa" dónde se toman las decisiones
En el acto de apertura del Congreso de las Juventudes, el sábado, el delegado del Gobierno español, Denis Itxaso, ya había lanzado como declaración de intenciones que “poco importa” si las decisiones se toman en Bilbao o en Madrid mientras sean justas, una visión que obvia por completo el reparto de competencias del Estatuto de Gernika, que es ley, y choca totalmente con el reconocimiento nacional que se le pide a Sánchez para la nueva legislatura. Con esta ministra se han producido ya otros choques como la exclusión de Euskadi del reparto de los fondos europeos para las carreteras, que el consejero Azpiazu ha denunciado ya dos veces por carta. Se da la circunstancia de que las agencias informativas se han eco de un artículo del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, en la revista Tiempo, donde recuperaba el término “España multinivel”, que se contradice con estas actuaciones. En paralelo, Andueza volvió a ver este domingo “tentaciones de un procés a la vasca” cuando las preocupaciones de la ciudadanía serían otras.
