El Parlamento de Navarra ha aprobado por unanimidad una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a que, "en el plazo máximo de 9 meses, cumpla en su integridad todas sus obligaciones en materia de transparencia y publicidad activa establecidas en la Ley Foral 5/2018 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno".
La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se emplaza al Ejecutivo Foral a que, en el plazo máximo de 6 meses, cumpla con lo dispuesto en la disposición adicional sexta de esa ley y realice una evaluación global sobre su aplicación, trasladándola al Parlamento.
Del mismo modo, ya en un tercer apartado agregado a instancias del PPN, se conmina al Gobierno a cumplir con lo establecido en el artículo 67.2 de la Ley 5/2018 del 17 de mayo de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La enmienda de adición que se así lo prevé ha sido presentada por el PPN y aceptada por UPN, titular de la iniciativa.
El texto original contenía un último punto, rechazado con los votos en contra de PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, dirigido a exigir al Ejecutivo que "cese definitivamente su actitud obstruccionista con el derecho a la información de la ciudadanía y los Parlamentarios forales" y que cumpla con los dispuesto en la ley.
La abstención de EH Bildu ha decantado la balanza, haciendo inútil el respaldo de UPN, PPN y Vox.
Sí ha prosperado la enmienda de modificación del punto 1 planteada por PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo Zurekin para ampliar de cinco a nueve meses el plazo otorgado al Gobierno de Navarra para cumplir con las obligaciones recogidas en la norma
En la exposición de motivos, la resolución impulsada por UPN alude a los principios que inspiran la Ley para constatar que, cinco años después, el Gobierno de Navarra "sigue sin cumplir muchas de las obligaciones asociadas al impulso de la transparencia en la actividad pública y la acción de gobierno, incluida la evaluación del cumplimiento de la propia Ley".
En ese marco y a propósito de la última memoria del Consejo de Transparencia, correspondiente a 2022, habla de actitud "oscurantista y obstruccionista relacionadas con el derecho de los ciudadanos y sus representantes a obtener información y contar con un gobierno transparente".
