El presidente del Parlamento, Unai Hualde, presidirá la ponencia para la actualización de la Lorafna que desarrollará sus funciones hasta la finalización del trabajo encomendado, que deberá estar concluido y plasmado en un informe en el plazo prorrogable de seis meses desde su constitución.

Su constitución tuvo lugar ayer en una sesión en la que fue elegido como presidente Hualde, que actuará, con voz pero sin voto, asistido por la letrada mayor, Silvia Doménech, en calidad de secretaria. Todos los acuerdos se adoptarán por el sistema de voto ponderado, informa la Cámara.

Los socios del Gobierno plantearon ayer un sistema de trabajo que ahora debe analizar el resto grupos. Está previsto que el lunes se vuelva a reunir la comisión para aprobar las normas que regirán los trabajos, así como el calendario de comparecencias.

La ponencia fue creada a finales de octubre en el seno de la comisión de Régimen Foral con los votos a favor de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, y los votos en contra UPN, PPN y Vox. La iniciativa busca dar respuesta a la resolución aprobada en 2021 para, según se explicita, “impulsar el pleno desarrollo de las competencias establecidas y culminar previa negociación los traspasos de las no transferidas”. Se trataría, por tanto, de proceder a la “adecuación” de la Lorafna a la “realidad social y al sentir de la ciudadanía navarra del siglo XXI”.

La iniciativa venía recogida ya en el acuerdo de Gobierno. No obstante, los socios del Ejecutivo ya han mostrado algunas diferencias en cuanto a sus expectativas en torno a la ponencia. Así, mientras EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin abogan por una reforma de calado en cuanto a contenidos, sometiéndolo después al refrendo popular, el PSN apuesta por una actualización más concreta. Los socialistas han subrayado además que no aceptarán ningún cambio que implique modificaciones en el artículo primero, que describe a Navarra como Comunidad Foral diferenciada dentro de España, ni en la zonificación lingüística.

UPN, PPN y Vox, por su parte, consideran que la iniciativa viene motivada por el “interés partidista” de sus proponentes. Los tres grupos defienden la “legitimidad” del procedimiento de aprobación seguido hace 41 años y avanzan su intención de proteger el “estatus diferenciado” de Navarra y la actual “realidad sociolingüística”, conforme a lo estipulado en la norma institucional básica.

Hasta la fecha, la Ley que regula el Amejoramiento sólo se ha reformado dos veces, ambas con carácter puntual. En 2001, con el fin de eliminar el proceso automático de elección del presidente del Gobierno, a quien, a su vez, se otorgó la facultad de disolución anticipada del Parlamento. Y en 2010, para ampliar a cuatro años la duración de la legislatura en caso de disolución anticipada y convocatoria de nuevas elecciones. Cualquier cambio requiere además de un acuerdo previo entre los Gobiernos de Navarra y España, y posterior ratificación por parte del Parlamento de Navarra y las Cortes Generales.