El Gobierno de Navarra podría subrogar los terrenos comunales de Cáseda afectados por el nuevo parque fotovoltaico si el Ayuntamiento de la localidad no defiende su titularidad y su aprovechamiento público. El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mari Aierdi ha comparecido este martes en el Parlamento a instancias de EH Bildu para explicar la situación generada en Cáseda con los terrenos comunales. Un conflicto “antiguo” y “complejo”, según el propio Ayerdi, que se ha reabierto ahora con el proyecto para instalar dos plantas solares de 48,66 y 43,78 hectáreas respectivamente.
De ellas aproximadamente el 40% son hectáreas reconocidas en el catastro como terreno comunal. En torno a 10 hectáreas son propiedad del Ayuntamiento, pero las otras 30 son comunal en litigio. Eso significa que su titularidad está reclamada por los particulares que han venido haciendo uso de la tierra durante los últimos años. Entre estos últimos se encuentra el alcalde, que según denuncia el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, reivindica la propiedad de más de la mitad de los terrenos comunales en disputa.
El proyecto se encuentra actualmente a la espera de la declaración de utilidad pública. Una autorización que depende del Departamento de Industria y que permitiría a la empresa promotora, Metka EGN Solar, recurrir a la expropiación de los terrenos. Es la vía por la que ha optado después de que la falta de acuerdo en torno a la titularidad de los terrenos entre el Ayuntamiento, los particulares y la sección de Comunales del Gobierno foral haya impedido su desafección.
Aierdi ha admitido que se trata de una situación compleja que viene de lejos. El consejero se ha remontado incluso al siglo XVIII y ha recordado algunos momentos históricos en los que se ha tratado de dar solución al problema actual. No obstante, y en base a la legislación vigente, la prioridad del Gobierno pasa ahora por defender su carácter público. “Los bienes comunales son imprescriptibles, inalienables y de interés público. Cualquier proyecto que los afecte debe resolver previamente las disputas de titularidad y derechos de aprovechamiento”, ha argumentado el consejero, que se ha mostrado contrario a la expropiación porque el beneficio público sería incluso menor al de un posible arrendamiento.
Reunión con el ayuntamiento
Aierdi se ha mostrado por ello partidario de denegar la declaración de interés público si antes no se define la titularidad de los terrenos. Y, llegado el caso, aboga por que la indemnización que pueda abonar la empresa promotora se consigne en la Caja General de Depósitos a la espera de que se solucione la propiedad. “El Gobierno va a defender los bienes comunales, llegando incluso a la subrorgación”, ha garantizado el consejero, que considera que los litigantes sólo podrán ser indemnizados “por el derecho de cultivo que ostentan, en ningún caso por la propiedad”.
Aierdi asegura que esta posición no es solo la de su Departamento, sino la del conjunto del Gobierno. Y sin entrar a valorar la posición que pueda tener el alcalde, avanza que se van a revisar los términos en los que se haya podido llevar a cabo la compraventa de terreno comunal de forma reciente porque, según las propias ordenanzas vigentes del Ayuntamiento de Cáseda, “solo es posible entre familiares”. Cualquier transmisión entre particulares, advirtió, “no sería admisible y sería ilegal”.
Ante esta situación, el responsable de Desarrollo Rural aboga por buscar un acuerdo con los particulares litigantes que evite la expropiación y que reconozca el carácter público de los comunales. “Es conciliable el interés de sustituir las energías fósiles por renovables con el interés publico de los comunales”, argumenta.
Con ese objetivo, señala, en las últimas semanas ha mantenido reuniones con los grupos municipales de la localidad y con la empresa, que también “está buscando una salida a esta situación”. Además, para la próxima semana está previsto un encuentro con el conjunto del Ayuntamiento “para conocer de manera directa si va a ejercer la defensa del comunal”. En caso contrario, subraya, el Gobierno tramitará “la subrogación” de la competencia para gestionar los terrenos tal y como el Ejecutivo foral llegó a hacer “en los años 80”. “Vamos a trabajar en una solución al proyecto en base a la normativa y en defensa del interés público y del comunal”, garantiza.
EH Bildu pregunta por el alcalde
La instalación del parque solar en Cáseda ha dejado en una situación complicada a su alcalde, Jesús Esparza (UPN), que además de regidor y, por lo tanto, responsable de la defensa del interés del comunal, es también uno de los particulares que reclama la titularidad de las parcelas en litigio. Un hecho que subraya el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, que considera llamativo que el alcalde “sea el titular del 62% del comunal litigioso”. “Es un poco extraño que se tenga esa titularidad”, afirma Araiz, que pregunta al Gobierno a qué cree que se debe ese alto porcentaje y si tiene conocimiento de que haya podido adquirir terreno con posterioridad a 2020, fecha en la que se inicia el trámite administrativo de la planta fotovoltaica. “Nos gustaría saber si se ha producido o no una utilización privilegiada de la información por parte del alcalde”, reclama el portavoz de EH Bildu, que ha pedido también la comparecencia del consejero de Industria, Mikel Irujo.
Los partidos
En ese sentido, Araiz ha destacado que "es curiosa la concentración en tan pocas manos" y ha abogado por "resolver en favor de los comunales", que son "inalienables, inembargables e imprescriptibles".
Miguel Bujanda (UPN) ha reconocido que "el alcalde tiene una propiedad allá" pero ha considerado que "ninguna empresa va a ningún lado según quién es el propietario de la parcela".
Por su parte, el socialista Javier Lecumberri ha asegurado que "es una cuestión, no solo complicada, sino que además viene de muy lejos" y ha puesto el foco en la "necesidad" de generar energías renovables.
Pablo Azcona (Geroa Bai) ha afirmado "entender el interés del ayuntamiento que un proyecto de estas características se instale en su municipio, pero la mejor forma de darle viabilidad es hacer las cosas bien".
Por el PP, Maribel García Malo ha cuestionado al consejero si la posición explicada es la de su Departamento o la del conjunto del Gobierno de Navarra y le ha solicitado que se "aclaren" primero dentro.
Y Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, ha señalado la "mala praxis del Ayuntamiento de Cáseda en la defensa del interés general de los vecinos".
