En la España de 2024, sigue vigente una ley aprobada por Franco que, entre otras, impide a centenares de familias conocer los expedientes policiales de sus seres queridos. Incluso en casos que sacudieron la opinión pública durante la Transición –ya en democracia, por tanto– por el papel del Estado o de grupos paramilitares de extrema derecha en muertes y torturas.
Es la cruel realidad de la Ley de Secretos Oficiales, que desde 1968 permite al Estado meter en un cajón cualquier tema que decida el Gobierno, sin obligaciones de desclasificación automática y con toda la arbitrariedad de una ley de dictadura.
Muchas de esas familias son navarras: las de Mikel Zabalza, Mikel Arregi, Joxemiel Etxeberria, Naparra, o Germán Rodríguez. También los heridos durante los Sanfermines del 78 o el ataque fascista en Montejurra 76.
Sufrieron una doble pena: a la muerte añadieron la falta de información y la vaguedad de las investigaciones judiciales, si las hubo. Los hermanos cogieron el testigo de los padres en travesías que ya superan los cuarenta años –45 años cumplirá en noviembre el tiroteo de Arregi– sin más información que filtraciones, como los audios de Perote en el caso de Zabalza; como la infructuosa confesión de un exespía en el de Naparra.
Han ido de aquí para allá, de chasco en chasco, cuando no directamente de humillación en humillación, con ese pues que busque en objetos perdidos que recibió por respuesta la madre de Zabalza y que resume bien la crueldad institucional a la que fueron sometidos. Murieron y fue como arrojarlos a un agujero negro: nadie sabe nada, nadie responde por nada. Había que evitar el alboroto. Y para eso se tiró de la vieja Ley de Secretos Oficiales.
Quizá por eso hubo un punto en común en el reciente acto que el Gobierno de Navarra celebró para reparar la memoria de las doce primeras víctimas reconocidas: reclamar más información, saber qué les pasó a sus seres queridos.
Algunas, como la hermana de Arregi, Txaro, pidieron directamente la derogación de la Ley de Secretos Oficiales. “No me cabe en la cabeza que esta ley siga vigente”, dijo hace pocas semanas Eneko Etxeberria, hermano de Naparra, durante una rueda de prensa para informar de la última búsqueda fallida de los restos de su hermano.
Que la ley siga viva tiene una única razón: esconde demasiadas miserias del Estado. Y el PSOE y el PP, las dos fuerzas del esquema de alternancia bipartidista en el que se basó el pacto del 78, no tienen ningún interés en airear los archivos.
Ni siquiera los socialistas, que han basado su última campaña para las europeas en el riesgo de involución democrática que vendría con la ultraderecha. La consejera Ana Ollo, titular de Memoria del Gobierno de Navarra, sugirió que un primer paso en esa política podría ser derogar una ley que resta derechos y encima viene directamente del franquismo. Pero el Gobierno del Estado, dominado por el PSOE, no está en eso.
La responsabilidad del PSOE
La realidad es que los socialistas tienen una responsabilidad fundamental en que la situación siga así. Las voces para meter mano a la ley vienen de antiguo. El PNV lleva varias legislaturas con la misma tesis, sintetizada en una reforma que cabe en una página.
En resumen: poner plazos, permitir siempre el acceso a diputados y senadores, desclasificar automáticamente todo lo que lleve 25 años archivado. Desde Navarra, Geroa Bai ha sido quien más ha insistido, sobre todo en el Senado. El PSOE siempre justificaba su rechazo a hacer cualquier reforma con la promesa de que elaboraría una ley nueva, moderna, ajustada a los cánones europeos.
Esa ley llegó sobre la bocina de la pasada legislatura: la ley de Información Clasificada. Fue un desastre. El ministro Félix Bolaños trató de colar un mal texto en pleno agosto y sin apenas margen para enmiendas.
El anteproyecto recibió el informe contrario del Consejo de Transparencia, del Consejo General del Poder Judicial, del fiscal general y de asociaciones de historiadores y archiveros. Los motivos: unos plazos de desclasificación larguísimos, de hasta 65 años, y una ley muy alejada de los estándares europeos. Apenas suponía un cambio con respecto a la norma franquista.
El Ministerio de la Presidencia maniobró a última hora para pulir los aspectos más polémicos. Era el mes de marzo de un año electoral. Enseguida llegaron las autonómicas y con el resultado, el adelanto de las generales. Las Cortes quedan disueltas y el proyecto decae.
No figura en el plan normativo de Moncloa
La nueva ley está en punto muerto desde entonces. Tampoco hay visos de retomarla a corto plazo. El PNV volvió a registrar su propuesta de modificación, la de siempre, en marzo.
Como un recordatorio de que hay que dar salida a este tema. La proposición ya suma quince prórrogas del plazo de enmiendas, que es el mecanismo preferido para posponer el debate ad eternum. La ley, por cierto, no figura en el plan normativo anual de Moncloa, así que es muy probable que no haya avances, por de pronto, en todo lo que queda de 2024.
Entretanto han llegado los reconocimientos de Navarra –los cinco últimos, hace pocos días– y han vuelto las peticiones para derogar la ley franquista. Las primeras, a cargo de las víctimas. Después llegó la consejera Ollo, en este periódico, con un emplazamiento directo al Gobierno de España.
Luego, el Parlamento de Navarra, que volvió a aprobar una moción para que el Estado reforme la ley. Incluso el PSN votó a favor, pese a que la realidad es que el partido en Madrid no tiene ninguna prisa con este asunto.
Todo queda en declaraciones bienintencionadas, pero no hay pasos efectivos. Es la crítica que deslizó la senadora autonómica por Navarra y líder de Geroa Bai, Uxue Barkos, que el martes preguntó en el Senado “si el Gobierno cree que es compatible el combate democrático a la ultraderecha con el mantenimiento de la ley franquista de Secretos Oficiales”.
El ministro reconoció la anomalía española, pero ahora se parapeta en que claro, él intentó reformar la ley. Pero la falta de apoyos amplios a su borrador ha impedido dejarla atrás. También dijo alguna vaguedad sobre que hay otros proyetos que pueden servir como “base de trabajo”, en velada referencia a la ley del PNV. Lo dicho: quince prórrogas.
Barkos le cuestionó directamente: qué pasa con los Sanfermines de 1978, con las víctimas de Montejurra, con Mikel Zabalza. “No es posible combatir la ultraderecha mientras se priva de la verdad debida a la familia de Zabalza”, afeó Barkos, que además señaló otra derivada de este círculo vicioso: como los papeles no salen a la luz, “se castiga a las nuevas generaciones a una ignorancia de lo que fueron los fascismos y el franquismo, y ello explica en gran medida el avance de la ultraderecha en el voto de los jóvenes europeos el 9-J”.
El jueves, ya en comisión y vista la voluntad del Gobierno, Barkos pidió que la derogación de la ley esté dentro del paquete de medidas de regeneración democrática.
La pelota está en el tejado del Gobierno y el partido mayoritario, el PSOE, que en el fondo arrastra una gran culpa: la necesidad de mantener en ciertas zonas de sombra algunos de los capítulos más oscuros de la Transición, en los que altos dirigentes socialistas, todavía vivos, tuvieron muchas responsabilidades. Así que es mejor que todos esos episodios, como las víctimas, sigan arrastrados al agujero negro.
