El gobierno de Salvador Illa nace con retos prácticos por encarar que no necesariamente coinciden con los enfoques del debate político en Catalunya pero que ponen la capacidad de respuesta a las demandas más repetidas por la ciudadanía en manos de la elaboración de presupuestos condicionados por el modelo de financiación, que no se va a modificar en el corto plazo pese a los acuerdos suscritos.
Indudablemente, la pulsión soberanista que ha marcado los últimos 15 años no ha desaparecido, como se acreditó el jueves en la sesión de investidura, pero el president socialista anunció ese día que pretendía dirigir su acción hacia lo que considera los problemas primordiales para la ciudadanía.
Toda la legislatura estará condicionada por la evolución de los acuerdos de investidura con ERC y el principal seguirá siendo el de la financiación. Sin embargo, la puesta en marcha del nuevo sistema singular no ser inmediata ni está en manos del Govern catalán sino de una reforma normativa de ámbito estatal para la que el PSOE y ERC no suman mayoría suficiente.
El desarrollo político del resto de apartados que más titulares han llenado, desde el blindaje sociocultural de la lengua hasta el reconocimiento nacional, se ve sometido al parámetro de consensos internos para desarrollar leyes en Catalunya pero también precisará que se sume sin fisuras toda la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez en Madrid para sus implicaciones normativas de ámbito estatal. Algo que, a fecha de hoy, tampoco está garantizado.
En todo caso, el compromiso de Illa de responder a las preocupaciones de la ciudadanía catalana pasa por los mensajes que ésta viene transmitiendo a través de los sondeos de opinión. En ellos, los ejes que atraen mayor preocupación entre los catalanes giran en torno a la independencia y a la situación política en menor medida que en torno a la vivienda, la sequía y su impacto en la falta de recursos hídricos, la situación económica o la seguridad.
Más lejos aparecen en los pasados sondeos de la Generalitat la sanidad o las relaciones con España. Pese a que este asunto cope la acción política, solo es un problema para un 9% de los catalanes y la salud pública es motivo de queja pero no encabeza las preocupaciones aunque el gasto por habitante esté, con unos 1.800 euros anuales, por debajo del Estado y el impacto del gasto particular en esta materia sea el más elevado, con 538 euros que cada año salen del bolsillo de cada ciudadano.
La vivienda preocupa más
El acceso a la vivienda es el principal problema para los catalanes –lo cita el 17,4% como la primera preocupación– y las políticas de Salvador Illa en esta materia están comprometidas desde la campaña electoral. El compromiso del PSC es construir 100.000 nuevas viviendas en diez años, recuperar para el mercado mediante la rehabilitación de un parque envejecido, regular los alquileres y ofrecer ayudas para el acceso a los mismos, además de aplicar incentivos fiscales a los propietarios para que pongan las viviendas vacías a disposición del alquiler social.
En paralelo a sus compromisos, el Gobierno de Illa tendrá que decidir qué hace con el recurso presentado por su predecesor, Pere Aragonès, contra la Ley de Vivienda aprobada en el Estado. El gabinete ERC, que sigue siendo socio indispensable de la investidura y el gobierno, rechazó la invasión de competencias que supone la ley y ahora compete al president socialista mantener o no el recurso ante el Tribunal Constitucional (TC).
Recientemente, la normativa catalana se ha visto también cuestionada por sentencia judicial en el ámbito de la protección del acceso a la vivienda. Ya fue corregida la ley de 2015 por el TC y la regulación que la adaptó posteriormente ha sido limitada en su aplicación por un juzgado que ha suspendido la obligación de los grandes tenedores de ofrecer una vivienda de alquiler social a sus inquilinos vulnerables antes de proceder a su desahucio por impago.
La revisión y elaboración de una normativa reguladora del acceso al alquiler y la puesta en marcha de mecanismos fiscales anunciados tendrá que encabezar la agenda del nuevo gobierno.
La sequía sigue ahí
A ojos de la ciudadanía catalana, el problema climático puede tener muchas variables pero se padece en carencia de agua. La larga sequía, identificada por le propio Illa en su investidura como reto inmediato, ha obligado a restringir el suministro de agua potable en amplias áreas de Catalunya y preocupa al 15% –tercer asunto– de los encuestados.
La respuesta política tiene en la estrategia de Salvador Illa dos vertientes. La primera está ligada a la gestión del recurso hídrico, escaso y desatendido. El president catalán anunció que activará de inmediato un decreto contra la sequía cuyos efectos, no obstante, no se verán a corto plazo. Su intención de dedicar 3.500 millones de inversión para mejorar la captación y suministro en los próximos seis años no paliará el problema a corto plazo.
En una perspectiva ambiental más amplia, Illa tiene que concretar su anunciado nuevo acuerdo verde, la protección de costas y playas o su apuesta por las energías renovables. En este caso, el objetivo fijado en el plan de objetivos que hereda su gobierno con el horizonte de 2030, está lejos de cumplirse. Las renovables no pasan del 15% de la generación eléctrica en Catalunya y aspiran a ser el 50% en 2030 y al ritmo actual de instalaciones, los parques eólicos se quedarían al 45% de lo previsto y los solares, al 75%, según el sector y pese al impulso dado con la aprobación por el gobierno saliente de más de un centenar de proyectos.
La economía más allá del procés
La percepción ciudadana no entiende de cifras macroeconómicas. La catalana sitúa en el top 5 de sus preocupaciones la situación de la economía y el empleo. Los datos sobre evolución de las principales magnitudes económicas mejoran las medias del Estado, con tasas de actividad del entorno del 62% -la media estatal ronda el 59%- y de paro por encima del 9%, frente al 12% general.
Igualmente, el salió medio bruto está unos 150 euros por encima de la media y se situaba a final del año pasado, según la estadística del INE, en torno a los 2.281 euros.
No obstante, en la percepción ciudadana pesa la experiencia del altavoz adquirido durante el procés por la salida de miles de empresas que trasladaron su sede social fuera de Catalunya por temor a la incertidumbre económica. Desde 2017, más de 8.000 sociedades han trasladado su sede social fuera de la Comunidad y esto se ha percibido como causa de deterioro de las condiciones laborales y la creación de riqueza en el país. Aunque con comportamientos de curva similares -por los impactos de las sucesivas crisis de pandemia y conflictos bélicos- lo cierto es que la economía catalana acumula un crecimiento del 15,2% desde 2017, frente a un 25,7% registrado en el conjunto del Estado.
Ante esta situación, el nuevo gobierno de Salvador Illa tendrá que habilitar medidas que cumplan de modo efectivo su compromiso de utilizar el Institut Catalá de Finances -una herramienta que existe desde 1985- para potenciar la inversión en sectores tractores, entre los que cita la sanidad, y atraer mayor inversión extranjera, toda vez que la obligación de retorno de las empresas migradas no tiene margen legal para su aplicación, pese a que el gobierno de Pedro Sánchez se comprometió a propiciarlo.
Sensación de inseguridad
Otra de las sensaciones crecientes entre sectores de la ciudadanía catalana es la de inseguridad. Aunque es cierto que, representando el 16,5% de la población del Estado Catalunya registró el pasado año un 20,6% de los delitos totales, esta circunstancia se ve más vinculada a las grandes concentraciones de población urbana. De hecho, comparativamente, la Comunidad de Madrid presenta una tasa más elevada de delitos.
Pero la delincuencia ha sido esgrimida en las estrategias de comunicación de los partidos de la derecha, que vienen jugando la retórica de la falta de seguridad vinculada al crecimiento de la inmigración.
Esta estrategia seguirá previsiblemente siendo explotada por la derecha desde la oposición en tanto ha logrado consolidarla. Disociar ambos fenómenos está en el eje de las propuestas con las que el PSC ganó las elecciones de mayo pasado y aboga por el refuerzo de la asistencia al migrante con medidas que favorezcan su integración social y económica.
Igualmente, en el marco de sus competencias policiales, la lucha contra la violencia machista y la protección de las mujeres amenazas da un margen de mejora, ya que es un indicador que favorece que Catalunya supere la media estatal de homicidios –0,8 por cada 100.000 habitantes, frente a los 0,7 del conjunto del Estado
