El Gobierno de Navarra, sobre los planes lingüísticos: "Nadie va a ver peligrar su puesto de trabajo"

Ambas consejeras comparecieron ayer en comisión parlamentaria, a petición de UPN, para explicar el trabajo que han realizado el Gobierno en torno a los planes lingüísticos, en concreto, a lo referido a la identificación de las plazas con perfil bilingüe. Estos planes contemplan 246 nuevas plazas con perfil bilingüe, es decir, con requisito de euskera (C1 o B2), que se sumarán a las 511 actuales. Cuando el proceso finalice habrá 757 plazas perfiladas, lo que supone un 4,75% de las casi 16.000 de la Administración foral (descontados docentes de modeloD).

Las dos representantes del Gobierno defendieron que la aplicación de los planes lingüísticos es un “proceso garantista y gradual” en el que prevalecen los derechos laborales adquiridos. “La selección de la plaza concreta es voluntaria y, en el caso de que no hubiera voluntarios, garantiza que la asignación del perfil bilingüe no afecta a la persona que ocupa la plaza, quien continuará en ella. Sólo se aplicará el requisito en el momento en que quede vacante”, explicó López. 

Los planes han sido desarrollados por cada departamento y que ellos se encargarán de la identificación concreta de las plazas perfiladas. “Ellos tienen el conocimiento sobre el terreno para esa selección de plazas en base al tipo de trabajo y servicio que desempeñan”, aseguró. Una vez identificadas las plazas se procederá a la modificación de plantilla en la que se recogerá la asignación del requisito.

Del 1% al 4,75% de plazas bilingües

El objetivo de estos planes lingüísticos es “adaptar y mejorar la calidad del servicio público que la Administración foral presta a una ciudadanía cada vez más bilingüe”, remarcó Ollo. Y es que casi 100.000 navarros dominan el euskera (15,1% de la población), otros 75.000 tienen algún conocimiento y un 28% de la juventud habla euskera. “Es evidente que el número de puestos bilingües en la Administración no crecido al mismo ritmo que el número de vascoparlantes. En Navarra hay el doble de euskaldunes que hace 30 años”, remarcó.

¿Son muchas? ¿Son pocas? Las opiniones son diversas a juzgar por las declaraciones realizadas por los partidos y sindicatos. “Son las que los departamentos, en función del conocimiento de su realidad y necesidades, han decidido que sean”, afirmó Ollo, que remarcó que “en términos netos supone un avance. En 2015 había un 1% de plazas bilingües y vamos a llegar al 4,7%”. 

Asimismo, la vicepresidenta segunda también puso en valor que por primera vez todos los departamentos tendrán personal bilingüe para atender a la población. “Queda camino por recorrer si se toma como referencia el porcentaje de población bilingüe, pero con una buena selección de esas plazas, se puede lograr un efecto multiplicador para mejora el servicio”. 

Declaraciones de los grupos

En el turno de los grupos, Marta Álvarez, portavoz de UPN, ha destacado que el número de plazas fijadas con requisito de euskera "tiene efectos en el acceso al empleo en la Administración". Ha criticado que "no han hecho un estudio de cuántos euskaldunes hay en la Administración ni cuál es la demanda real de atención en euskera", utilizando el "victimismo" para "euskaldunizar la Administración", pasando "por encima de la mayoría de los navarros que no hablan euskera". "Se va a discriminar a la mayoría de los navarros", ha censurado Álvarez, que ha dicho que "el euskera no puede ser un carnet de trabajo".

La socialista Inma Jurío ha considerado que la solicitud de comparecencia de UPN "es precipitada porque no se han determinado las plazas concretas y ya están cuestionándolo todo" con el objetivo de "tergiversar y enredar". "Hemos iniciado un proceso que cumple requisitos legales, que se van a respetar los derechos laborales y los derechos adquiridos tanto de los trabajadores como del personal que esté ocupando interinamente una plaza, con lo que no cree una alarma social intentando generar un caldo de cultivo sobre el que no tiene ninguna razón", ha espetado a Álvarez.

Por parte de EH Bildu, Eneka Maiz ha reprochado que UPN sólo defiende los derechos de los "monolingües castellanos". Ha considerado que los planes lingüísticos en la Administración han tenido "una trayectoria muy accidentada" en los últimos siete años para acabar dando "un paso muy pequeño". Ha considerado que el plan "tiene defectos de carácter estructural". Así, ha opinado que debería haber un plan director general en vez de que cada departamento haga su propio plan. Por otro lado, ha destacado que el plan se delimita a la legislatura cuando "deberían ser de más largo aliento".

Desde Geroa Bai, Blanca Regúlez ha considerado un "paso importante" la aprobación de estos planes lingüísticos para "la mejora de la atención en euskera". Ha destacado que "frente a las acusaciones recurrentes, genéricas y poco rigurosas de imposición por parte de las derechas, todo se está haciendo desde un riguroso trabajo, desde la legalidad y teniendo en cuenta la calidad de los servicios públicos".

Irene Royo, del PPN, ha defendido el euskera "como una lengua propia y un recurso patrimonial que hay que cuidar" pero ha considerado que "la igualdad de oportunidades se puede ver vulnerada" con estos planes lingüísticos. Ha pedido hacer una análisis "lo más correcto para saber de qué demanda estamos hablando y de ahí responder" y ha incidido en la importancia de la "proporcionalidad".

El representante de Contigo-Zurekin Miguel Garrido ha llamado a "encontrar un equilibrio" entre si "en el acceso a la función pública estamos siendo desproporcionados en cuanto a la exigencia de la preceptividad" y si "estamos garantizando los derechos lingüísticos de la población con esa preceptividad". En su opinión, "habrá que analizar caso a caso" en cada OPE y ha llamado a "ser serios con este tema y tratar de no hacer populismo".

Finalmente, Emilio Jiménez, del grupo ultraderechista Vox, ha manifestado que "las lenguas no son malas de por sí, el problema son las personas que las quieren mal utilizar por sentido identitario". Ha opinado que "solo los requisitos de mérito, capacidad y libre concurrencia deben prevalecer para entrar en la función pública" y ha considerado que este plan "no tiene ni la oportunidad ni la necesidad".