La coalición de Gobierno camina en el alambre hasta tal punto que Pedro Sánchez ha tenido que ejercer de bombero para apagar el incendio provocado por la compra de 15 millones de balas a Israel para dotar de arsenal a la Guardia Civil, lo que condujo a sus socios de coalición a poner el grito en el cielo. Al líder del PSOE no le ha temblado el pulso a la hora de colocar en el disparadero al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien obligó ayer a anular el contrato armamentístico para apaciguar la crisis de gabinete y por “coherencia” con el discurso que ha venido exhibiendo el propio Ejecutivo. Apenas horas después de que el Consejo de Ministros tramitara el martes el plan que permitirá llegar este año a un 2% del PIB del gasto en Defensa –lo que ya incomodó a los aliados de Sánchez–, saltó la polémica por la adjudicación de ese acuerdo con la empresa israelí IMI Systems por importe de 6,6 millones de euros. Voces de Izquierda Unida amenazaron con la salida del Ejecutivo y, aunque desde Sumar precisaban que la legislatura no estaba en riesgo, la propia vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que se ha apuntado el tanto de esta rectificación, mostró su contrariedad. El departamento de Marlaska había defendido seguir adelante con el contrato, publicado ya en el Boletín Oficial del Estado (BOE), porque así lo había aconsejado la Abogacía del Estado puesto que una rescisión podría conllevar el pago de una indemnización, por lo que ahora estudian posibles reacciones legales.

Ambas partes de la coalición aseguran que están firmemente comprometidas con la causa palestina y con la paz en Oriente Medio y, por ello, desde el 7 de octubre de 2023, día de los atentados de Hamás en Israel, el Estado español ni compra ni vende armamento a las empresas israelíes y tampoco lo hará en el futuro, algo que el mismo Sánchez había garantizado ante el pleno del Congreso. “Hemos parado la formulación de un contrato que vulneraba la legalidad internacional, en un Gobierno además que hace de la defensa de los derechos humanos su bandera y que condena el genocidio en Gaza”, constató Díaz, quien negoció personalmente el miércoles con el ministro del Interior y con Presidencia del Gobierno. El ala socialista del Ejecutivo asegura entender la sensibilidad de Sumar con este asunto y su reacción, aseverando Moncloa que todos los procesos de compra que haya abiertos con Israel en materia de armamento no se van a ejecutar. Interior sí mantiene un contrato por valor de 319.000 euros para chalecos antibalas para la Benemérita con la misma empresa israelí en tanto que se trata de un material de protección.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, quiso salir en defensa de Marlaska, manteniendo que hace una “gestión impecable” dirigiendo un ministerio “complicado” y que “desde luego no es la concejalía de festejos de un pueblo”. “Es el Ministerio del Interior, y desde luego es una gestión siempre delicada”, apuntó en TVE, dando por solucionado el problema y apostillando que, “si España tuviera un Ejecutivo de PP y Vox iban a alucinar todos los que están opinando, sobre todo desde la derecha. “Este Gobierno es uno de los más activos del mundo en defensa de la paz, en defensa del pueblo palestino, en contra de lo que está haciendo Israel. Lo hemos hecho en el Tribunal Penal Internacional o reconociendo la solución de los dos Estados”, recalcó. 

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, indicó que la empresa adjudicataria es privada y no pertenece al Gobierno israelí, por lo que, a su juicio, los contratos entre “dos Estados democráticos” se deben cumplir. Por ello, se preguntó quién va a pagar la rescisión, calificó de “falsa disputa” las críticas entre los socios y apostilló que dejar sin efecto un contrato “por un problema personal” de Sánchez y por la inestabilidad política que genera “es propio de un país de otras latitudes que de los países de la Unión Europea”. El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, pidió la dimisión del “desautorizado” Marlaska y de la ministra Sira Rego “por dignidad”.

Piden explicaciones

EH Bildu, ERC y BNG registraron una petición de comparecencia del titular de Interior porque estos contratos incumplen “los compromisos adquiridos de finalizar toda transacción de material militar frente al ataque y genocidio contra el pueblo palestino” y reclaman aclarar “las responsabilidades derivadas por estas actuaciones”. Asimismo, el PNV valoró positivamente la rescisión contractual después de que su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, afirmara que reclamarán información y “explicaciones”. Respecto a la polémica interna en la coalición, dijo que “es un Gobierno que ha sabido, desde la diferencia, seguir manteniéndose... Pedro Sánchez sorprende y sigue gobernando”.

Visto el desgaste interno y la sucesión de episodios de crisis, la cuestión en el aire es ya hasta cuándo.