El Senado ha dado este jueves su visto bueno definitivo a la reforma de la ley del Convenio Económico entre Navarra y el Estado, un acuerdo alcanzado hace unos meses entre ambos gobiernos que permite a la Comunidad Foral asumir nuevas competencias fiscales: en concreto, la regulación, gestión, inspección y recaudación de dos nuevas figuras impositivas. El texto ha superado su tramitación parlamentaria con el único voto en contra de los tres senadores de Vox, y será remitido directamente al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor.
Durante el debate, la senadora de UPN María Caballero ha asegurado que esta reforma “refuerza la autonomía fiscal” de la Comunidad Foral y adecúa el marco normativo navarro al estatal y al europeo. Frente a las críticas de Vox, ha defendido que el sistema foral es “sólido, útil, democrático y legal”.
Desde Geroa Bai, Uxue Barkos ha destacado el Convenio como la “herramienta económica que es base fundamental del autogobierno navarro”, y lo ha definido como la “expresión clara” de los derechos históricos. Aunque ha valorado positivamente la reforma, ha señalado que para su formación resulta “insuficiente” y ha instado a avanzar en aspectos como “regular fórmulas impositivas básicas como el Impuesto sobre el Valor Añadido” y asegurar “la presencia activa en el ECOFIN de la Comunidad Foral”.
La socialista navarra Nuria Medina ha reivindicado que el Convenio Económico “combina responsabilidad fiscal, capacidad de gasto e implicación solidaria con el conjunto del Estado”: “No es un privilegio, sino un acuerdo constitucional que funciona, que beneficia a Navarra y a toda España”. Medina ha añadido: “Cuando una navarra paga sus impuestos, sabe que está contribuyendo a mejorar la educación, reforzar la sanidad o sostener el bienestar de su tierra”. También ha subrayado que el autogobierno no es una simple palabra, sino “una forma de vida en Navarra”.
Por parte del PNV, la senadora María Dolores Etxano ha rechazado los argumentos esgrimidos por Vox para oponerse a la reforma y ha recordado que su formación aspira a lograr un mayor nivel de autogobierno en Navarra, subrayando que la política fiscal constituye “una parte fundamental” de ese objetivo.
Desde el PP, Ana Beltrán ha utilizado su intervención para defender la foralidad navarra, a la que ha definido como “un derecho histórico amparado por la Constitución y solidario con todos los territorios de España”.
En paralelo, el portavoz de Junts, Eduard Pujol, ha aprovechado el debate sobre el Convenio para reclamar al Gobierno central que “afronte de una vez por todas la urgencia económica de Cataluña”, mientras que Carme da Silva, del BNG, ha reivindicado más recursos para Galicia.
El senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo ha justificado su voto contrario a la reforma amparándose en el argumento habitual de su formación de que “va completamente en contra de la igualdad entre españoles”.
Cambios normativos y financieros
Esta reforma representa la octava modificación de la ley del Convenio Económico entre Navarra y el Estado desde 1990. En esta ocasión, se han introducido cambios en 22 artículos, una disposición adicional y tres transitorias. Las modificaciones afectan a dos grandes bloques normativos: por un lado, la armonización tributaria y, por otro, las relaciones financieras.
Dentro del ámbito tributario, el cambio más relevante es que Navarra asumirá la regulación, gestión, inspección y recaudación de dos nuevos impuestos: el Impuesto Complementario que busca garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grandes grupos multinacionales y nacionales, y el Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras.
Otras novedades en este ámbito incluyen la ampliación de la competencia normativa de Navarra en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes; el aumento del umbral de volumen de operaciones de 10 a 12 millones de euros para tributar por cifra relativa en el Impuesto sobre Sociedades, el IVA y el Impuesto sobre el Juego; y la posibilidad de aplicar el régimen de diferimiento del ingreso del IVA a la importación en beneficio de las empresas navarras.
En lo que respecta a las relaciones financieras, la reforma contempla también un nuevo ajuste fiscal relativo al Impuesto Especial de Fabricación sobre los líquidos destinados a cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco.
