Los secretos que pueden dejar de serlo

Mikel Bueno Urritzelki

Licenciado y máster en Historia

“Yo soy escéptico”

Este historiador navarro valora con “cautela” y escepticismo la aprobación del Proyecto de Ley de Información Clasificada. “Una cosa es lo que se dice y otra es lo que vaya a terminar siendo. Está en trámite, tiene que pasar por las enmiendas, a ver quién lo aprueba y con qué objetivos y si se ponen o no de acuerdo el PP y el PSOE para establecer unos límites. Eso habrá que verlo”. Incide también en lo que será irrecuperable: “en los años del posfranquismo según se comenta se destruyeron millones de documentos”.

También apunta a la posibilidad de que se vayan a destruir antes de desclasificar”, y dice respecto a lo que salga a la luz que habrá que atender a cómo lo hacen, y pone un ejemplo: “Cuando la CIA desclasifica información, muchas veces lo hace con censura, con tachones para que no se lean datos y nombres”. Bueno se pregunta si va a salir la documentación total existente sobre “Montejurra, Gasteiz, las semanas proamnistía, Sanfermines del 78, guerra sucia antes del 81 con el Batallón Vasco Español, la Triple A o Guerrilleros de Cristo Rey, la implicación o no de la CIA durante el posfranquismo, del SECED y de la CIA en la creación y potenciación de Felipe González, las relaciones que pudiese tener o no Juan Carlos de Borbón con la CIA o con Marruecos... Yo no sé si eso lo publicarán o no, pero me cuesta creerlo, si existen esas relaciones”.

Emilio Majuelo

Profesor honorario de la UPNA

“Es un paso muy positivo”

Este docente ya emérito ve la reforma con esperanza, que supondrá el fin de la vigencia del “paraguas protector de la ley franquista de 1968”, pero que “todos queremos más”. Cree que aunque se clasifique la documentación “en función de su relación con la seguridad nacional, prácticamente desde 1980 hacia atrás se va a poder investigar muchísimo. Desde el punto de vista más temático hay que imaginar que todo el asunto relacionado con información caliente del golpe de estado, de la guerra civil, de toda la represión intensa hasta el año 48, en principio va a poder estar disponible, aunque ya por desgracia han fallecido prácticamente todos los familiares directos de los represaliados, información que le va a venir muy bien a familiares de segunda o de tercera generación”. 

Majuelo no se olvida de “la letra pequeña” de las enmiendas que habrá en el debate parlamentario. “ A ver cómo queda definitivamente la ley”. Respecto a los plazos que se indican en el proyecto, cree que son “excesivos” y también apunta a la existencia de unas sanciones “fortísimas si se diera a conocer documentación muy delicada”, lo que le parece asimismo “excesivo”. En cualquier caso, grosso modo, considera que “vamos a tener una oportunidad de poder investigar un montón de documentación que ya por principio nos estaba vetada”. Además, recuerda la necesidad de la “disponibilidad de la documentación, porque en algunos lugares no se te niega, pero está manga por hombro”.

Según Majuelo debería haber una “financiación capacitada para que en el menor plazo posible todo lo que se vaya a desclasificar pueda a estar ya colgado en la red”, y tenerlo en cuenta en el proceso de enmiendas. Valora al respecto el trabajo de Memoria y Convivencia en Navarra, donde se están digitalizando documentos “a una velocidad tremenda”. Si el Estado pone medios técnicos, financieros y humanos suficientes, “esto va a ser maravilloso”, augura, si bien se pregunta qué criterios se seguirán en la evaluación de la documentación, porque teme que cuestiones como las conversaciones de Argel, por ejemplo, no vean la luz.   

Carlos Sanz Díaz

Profesor de Hª Contemporánea en la Universidad Complutense

“Faltan muchísimos más medios en los archivos”

Para este profesor universitario, este es un “paso positivo sobre todo porque pasaremos de una situación donde lo que se clasifica como secreto ha permanecido indefinidamente así, y donde no hemos tenido mecanismos de desclasificación a -si se aprueba la ley- tener una automática de la información, con plazos previsibles. Eso es muy bueno”.

Según Sanz este es “un paso hacia la homologación” con otros países europeos. “Es una pieza imprescindible, pero con eso no basta, no vamos a tener acceso de la noche a la mañana a todo lo que está clasificado”. En su opinión “la ley es mejorable, v aún “a favor de la potestad del Estado para decidir qué no se puede ver”, por lo que cree que “se puede equilibrar más hacia la libertad de información y de investigación”. Sanz advierte sobre la previsible falta de medios y recursos.

“El primer obstáculo al que se enfrentan periodistas, historiadores o investigadores es que en los archivos no hay muchas veces un registro de qué documentación está clasificada. No se sabe lo qué hay, no está bien descrito, y sin ese registro no se puede ejercer el derecho a pedir el acceso a la documentación o la desclasificación anticipada. Eso va a ser un obstáculo importante, así que no se puede pensar que si la ley entra en vigor al día siguiente podamos personarnos y tener acceso a todo lo que queramos. Porque la ley dice que para poder desclasificarse la documentación tiene que estar perfectamente descrita y registrada. Para eso hace faltan muchísimos más medios. Hacen falta Presupuestos Generales del Estado y voluntad política”, dice. 

UNA "MEZCLA"

Carlos Sanz se mueve por archivos de Alemania, Estados Unidos y Reino Unido, y considera que “allí hay muchos recursos y mucha voluntad política de abrir los temas”. En todo caso, considera que la reforma de la ley “es un paso importante, nos abre un cerrojo legal o ayuda a abrirse y desentrañar aquello, pero tendrá que venir acompañado de otros muchos pasos”. Por ello, cree que el “espíritu” de la reforma “va en la buena dirección porque dice que lo clasificado tiene que ser excepcional, y la norma tiene que ser la transparencia. La música suena bien y se equilibra un poco y se corrige la situación actualmente existente, ese secretismo estatal. Respecto a nuestra propia historiografía, Sanz piensa que “muchos o todos los países tienen sus traumas con el pasado y sus archivos, y no hay que mitificarlos. En Francia tienen el pasado colonial, la guerra sucia de Argelia, en Alemania fue el nazismo y en otros países el colaboracionismo, y los archivos se han ido abriendo con resistencias y a veces con excepciones y están cerrados para determinados temas. 

Sanz incide en que en España “hará falta voluntad política, porque aunque la ley establece una desclasificación generalizada de lo que tiene más de 45 años, también establece salvaguardias para poder utilizar y prolongar la clasificación. Es decir, se puede clasificar lo ya desclasificado, primera cuestión, y prorrogar esos 45 años a otros 15. La autoridad nacional de información clasificada dependerá de Presidencia del Gobierno, aunque se podrán recurrir las decisiones ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Eso es está muy bien”.

Sanz tampoco se olvida de “la ley orgánica de protección de datos personales, que también entra en juego, que ya interfiere hoy día, cuando en un documento todavía hay nombres o datos personales de agentes, colaboradores, perpetradores, interfiere cotidianamente en la investigación histórica, y el derecho al honor y a la imagen de las personas”. Respecto al plazo de 60 años, respecto a medidas o decisiones en torno a la curentena, prácticamente coincidiría con el máximo horizonte vital de un ser humano. “Eso es determinante, porque condiciona mucho la posibilidad del control ciudadano sobre la posibilidad de rendición de cuentas de los gobernantes.

Cuando uno se blinda con la garantía de que lo que hace y queda documentado no se va a poder saber hasta dentro de 60 años, contando con la esperanza de vida, tendremos prácticamente un cerrojo durante cuatro generaciones, si se miden por términos de 15 años. Es mucho tiempo, y eso limita mucho la posibilidad de rendición de cuentas o el control ciudadano sobre las decisiones sensibles del Estado. Bolaños ha dicho que los plazos nos ponen en línea con otros países europeos, pero no con los más aperturistas, desde luego. Hay países con plazos más breves y sobre todo con más independencia en la desclasificación, si bien son cuestiones que en trámite paralamentario pueden mejorar. Este anteproyecto hay que saludarlo como mezcla entre lo positivo del paso y con la prudencia de no pensar que vamos a tener todos los secretos desclasificados en 2026”. 

David Alegre Lorenz

Profesor de Hª Contemporánea e investigador en la UAB

“La documentación debe ser accesible”

Este profesor universitario expresa su “reserva”. “Los que nos dedicamos a estudiar el pasado sabemos muy bien que las transformaciones que pretenden los proyectos de ley que se van aprobando a lo largo de la historia si no tienen detrás músculo, no tienen consecuencias de amplio calado”. 

David Alegre también incide en la importancia de que existan medios y voluntad política para “de verdad hacer efectivo” el acceso a la documentación. “Por mucho que se levanten las trabas legales, si no existe el personal necesario para ponerla a disposición del ciudadano y hacerla accesible, es como si esta no existiera, y eso pasa con una parte muy sustancial de documentos sin consideración de secreto. A su juicio, “el principal beneficio que puede tener la nueva ley a efectos prácticos e inmediatos, es proteger al cuerpo estatal de archiveros y archiveras, cuya labor es esencial y es de imaginar que este personal pueda hacer su trabajo sin ningún tipo de cuestionamiento, por ejemplo en los archivos militares”. 

Pensando en los futuros historiadores, David Alegre cree que “todo lo que sea abrir la puerta a oxigenar espacios sobre los que pesa una atmósfera muy densa y donde a veces no tenemos suficiente fundamento documental”. “La documentación ayudará a poner sobre el papel con mucha más claridad y contundencia” investigaciones, en un momento, dice, donde “se ponen en duda los fundamentos más básicos de la interpretación del pasado reciente. Sin ir más lejos los métodos criminales de la dictadura, que ocultó un poco esa naturaleza injusta basada en la segregación y en la jerarquización social, bajo el supuesto económico del milagro español”. Así pues, cree que se va a dar “un salto cuantitativo y cualitativo”. Así que imagina que “las nuevas generaciones van a poder acceder a una serie de fuentes con sus inquietudes y preguntas propias de su tiempo y de su generación, que seguramente nosotros no hemos sabido plantearnos, y nos van a enseñar muchas cosas”. 

Para Alegre, “el valor intrínseco de cada nueva generación es algo que no podemos siquiera a llegar a vislumbrar”. Los nuevos fondos pueden enriquecer el “diálogo entre los historiadores que se incorporan ahora y los que ya estamos” y hacerlo “muy fructífero”. “Sin duda será emocionante si todo esto tiene un despliegue efectivo. Va a ser sano para la sociedad. A veces pesan demasiados tabús, y mis investigaciones me hacen pensar que la sociedad española es mucho más madura que lo que habitualmente se le ha atribuido. Merece poder tratar en la arena pública sin restricciones ese pasado traumático que fue un cuello de botella colectivo y que marcó la vida de tres generaciones de españoles. Será muy positivo”.