El Tribunal Supremo ha decidido ampliar otros seis meses la instrucción del caso Cerdán. El magistrado Leopoldo Puente, instructor del procedimiento, ha dictado un auto en el que justifica la prórroga por el volumen de material aún pendiente de analizar: más de 10 terabytes de información, lo que equivaldría a unos 65 millones de páginas escritas.
La nueva fecha límite para esta fase de instrucción será el 8 de marzo de 2026, prorrogando así el plazo que inicialmente vencía el próximo 8 de septiembre. El juez considera que el análisis de los dispositivos incautados puede dar lugar a nuevas diligencias de investigación.
Volumen de información
La prórroga decretada por el juez refleja la dimensión y complejidad del caso, en el que se entrelazan altos cargos políticos, intereses empresariales, miles de documentos y decenas de declaraciones. El volumen de información aún por analizar y las diligencias pendientes hacen prever que el proceso se prolongará más allá del próximo marzo.
Uno de los principales argumentos del juez para ampliar la instrucción es la necesidad de seguir analizando los dispositivos electrónicos intervenidos a los investigados, algunos de los cuales podrían contener grabaciones de audio cuya autenticidad está siendo evaluada por expertos del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Además, el magistrado considera relevante revisar los expedientes administrativos de adjudicación de obras públicas, señalados como clave en el informe elaborado por la UCO el pasado 5 de junio.
Últimas diligencias practicadas
Entre las últimas diligencias practicadas, destaca el acceso a correos electrónicos corporativos de Ábalos y Cerdán, y el requerimiento al PSOE para que facilite documentación relacionada con ambos. También se ha solicitado información a la Seguridad Social y se han incorporado informes remitidos por la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) sobre presuntas irregularidades en una obra pública en Albal (Valencia) y en la gestión de la fundación Fiadelso.
La Hacienda Foral de Navarra ha enviado recientemente al Supremo la información fiscal de Santos Cerdán, de la empresa Servinabar y de Antxon Alonso, administrador de la compañía y vinculado al exdirigente socialista. Esta documentación será analizada por la Guardia Civil, que debe emitir un informe detallando los posibles indicios de delito económico o enriquecimiento irregular.
