La comisión de investigación sobre las adjudicaciones de obra pública en Navarra, creada en el Legislativo foral para examinar los contratos otorgados durante las cuatro últimas legislaturas a empresas como Acciona y Servinabar, ha aprobado este martes su plan de trabajo, que incluye el inicio de comparecencias a partir del 14 de octubre y el envío inmediato de más de 40 requerimientos de información a instituciones y empresas.
Durante su segunda sesión, los grupos parlamentarios han reducido a 40 las más de cien peticiones de comparecencia iniciales, entre las que destacan nombres como el empresario Antxon Alonso (dueño de Servinabar), el exasesor Koldo García y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Sin embargo, la exclusión de la presidenta María Chivite, de las expresidentas Uxue Barkos y Yolanda Barcina, así como del exministro José Luis Ábalos, ha provocado fuertes críticas por parte de la derecha.
Documentación antes del 15 de septiembre
La Comisión ha aprobado también una extensa batería de solicitudes documentales. Instituciones como el Gobierno de Navarra, la Cámara de Comptos, la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, el Registro Mercantil, la Seguridad Social, las diputaciones forales de Bizkaia y Gipuzkoa y diversas empresas adjudicatarias, entre ellas Geoalcali, Alegure, Noran, Servinabar y Acciona, deberán remitir la documentación antes del 15 de septiembre.
A partir de esa fecha, los grupos parlamentarios dispondrán de un mes para estudiar el material y preparar las comparecencias, que se celebrarán en sesiones dobles (mañana y tarde) los martes y miércoles, a partir del 14 de octubre.
Comparecencias clave
La presidenta de la Comisión, Irati Jiménez (EH Bildu), ha confirmado que la lista de personas llamadas a declarar incluye responsables políticos y cargos técnicos de distintos niveles. Destacan: Antxon Alonso, propietario de Servinabar; Koldo García, exasesor ministerial; Santos Cerdán, ex número tres del PSOE; Óscar Chivite, actual consejero de Cohesión Territorial, al frente de las obras del túnel de Belate; Bernardo Ciriza (PSN) y Javier Esparza (UPN), antiguos responsables del área; Edurne Eginoa, directora de la Oficina Anticorrupción y Buenas Prácticas; y exgerentes de Nasuvinsa responsables de contratos de vivienda.
Sin embargo, la comisión ha rechazado aceptar la comparecencia de figuras como las presidentas María Chivite, Uxue Barkos y Yolanda Barcina y el exministro José Luis Ábalos.
Calendario y funcionamiento de la comisión
La Comisión de Investigación estará activa hasta que se emita un informe final antes del 30 de noviembre de 2025, aunque la Mesa del Parlamento podrá prorrogar el plazo si así lo acuerda la Junta de Portavoces. Se prevé una nueva reunión el 24 de septiembre para valorar la documentación recibida y avanzar en la planificación de las sesiones.
Las comparecencias serán públicas, salvo que el compareciente solicite lo contrario. Las citaciones incluirán todos los extremos legales pertinentes, como la posibilidad de incurrir en delito de desobediencia en caso de incomparecencia injustificada, y el deber de decir la verdad, bajo advertencia del artículo 502.3 del Código Penal
La derecha denuncia “censura política”
El portavoz de UPN, Javier Esparza, incluido él mismo entre los comparecientes, ha calificado el desarrollo de la comisión como “una vergüenza” y “una tomadura de pelo”. Ha denunciado un supuesto "pacto de no agresión" entre PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, destinado a proteger al Gobierno de Chivite de cualquier posible responsabilidad. “Han venido a mantener el poder, no a investigar la verdad”, ha afirmado.
Desde el PPN, Irene Royo ha denunciado que el foro se ha “vaciado de contenido” al ignorar cuestiones relevantes para su grupo, como el papel de Cerdán en determinadas reuniones. “Han rechazado nuestro plan de trabajo porque puede ser molesto. Esta comisión es un paripé”, ha asegurado, criticando que se haya puesto “al zorro al cuidado del gallinero” en referencia a la presidencia de EH Bildu. También el representante de Vox, Emilio Jiménez, ha tachado la investigación de “teatro” e “inquisición generalizada”.
La mayoría progresista defiende el rigor del plan
Los grupos que sustentan el Gobierno foral han salido al paso de las críticas, defendiendo que las decisiones tomadas responden al cumplimiento estricto del objeto de la comisión, que es investigar las adjudicaciones del Ejecutivo navarro a personas o empresas vinculadas a la Causa Especial 20775/2020 del Tribunal Supremo.
El socialista Javier Lecumberri ha asegurado que su grupo actúa con “transparencia” y ha denunciado que otros partidos pretendían introducir “documentación inalcanzable” con el objetivo de “generar crispación”. Ha recordado que, si se detectan irregularidades, el PSN “tomará las medidas adecuadas”.
Por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz ha señalado que se ha trabajado para evitar “que esto se convierta en un circo o en salsa rosa”, justificando el veto a algunas comparecencias como la de Chivite, quien “ya dio explicaciones”.
Pablo Azcona, portavoz de Geroa Bai, ha destacado que en el informe de la UCO "no aparece ninguna irregularidad en las adjudicaciones de obra" en la Comunidad foral, un escenario en el que se enmarcan "estrictamente" las peticiones de su grupo.
Finalmente, Miguel Garrido (Contigo-Zurekin) ha subrayado que el objetivo es garantizar que “las instituciones navarras son limpias” y que la ciudadanía mantenga su confianza en ellas.
