El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves por amplia mayoría una moción que busca lucha contra la corrupción, al instar al Gobierno foral a modificar la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. Con esta reforma, las empresas condenadas por corrupción quedarían excluidas de todas las ayudas públicas y beneficios fiscales previstos en la normativa. La propuesta de Contigo-Zurekin ha salido adelante por 48 votos a favor (UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai, PPN y Contigo), una abstención (parlamentaria no adscrita Maite Nosti) y uno en contra (Vox).
El portavoz de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido, ha defendido la moción subrayando que la política fiscal “no es solo una herramienta de recaudación, sino también un instrumento al servicio de los valores democráticos y del interés general”. Ha asegurado que “los incentivos fiscales deben estar reservados a quienes contribuyen de manera íntegra y respetuosa con la legalidad”. Garrido ha explicado que la corrupción se sostiene en “tres eslabones: empresas que buscan enriquecerse, funcionarios que manipulan procesos y políticos que actúan como correa de transmisión”. Según ha recalcado, la medida ha pretendido enviar un mensaje claro: “las empresas condenadas por corromper a la autoridad pública no se podrán acoger a ningún incentivo fiscal”.
Desde UPN, Javier Esparza ha considerado que el discurso de Garrido “ha sonado bien, pero sus hechos lo han hecho poco creíble”. Ha recordado la investigación sobre las adjudicaciones de Belate y ha acusado al PSN de “estar en un túnel sin salida” gracias a apoyos externos. Pese a todo, ha respaldado la moción al reconocer que “aunque tiene poco impacto práctico, sí ha mandado el mensaje de que en Navarra quien participa en la corrupción lo tiene que pagar”.
La socialista Ainhoa Unzu (PSN) ha replicado a Esparza destacando que “la presidenta María Chivite ha sido elegida dos veces por este Parlamento” y ha reivindicado la capacidad de su partido para formar gobiernos plurales. Ha defendido que “si una empresa ha sido condenada por corrupción no puede seguir recibiendo beneficios fiscales pagados con el esfuerzo de todos los navarros”. Además, ha planteado la necesidad de valorar si deberían incluirse también las sanciones administrativas firmes por prácticas anticompetitivas.
En su intervención, Laura Aznal (EH Bildu) ha criticado las alusiones a la comisión de investigación y ha pedido centrarse en el contenido de la moción. “Quien se aprovecha de los fondos públicos no puede acceder luego a beneficios públicos”, ha afirmado, recordando que en Europa las sanciones por corrupción “han sido mucho más duras”, como la pérdida de subvenciones, confiscación de ganancias o clausura de establecimientos. Ha cuestionado también por qué grandes empresas implicadas en casos de corrupción no han asumido nunca responsabilidades penales.
Un entorno más justo
Por parte de Geroa Bai, Mikel Asiain ha señalado que la medida “no solo ha tenido un enfoque punitivo, sino que ha buscado fomentar una cultura de cumplimiento y responsabilidad”. Ha añadido que impedir que condenados por corrupción disfruten de beneficios fiscales “ha contribuido a un entorno más justo, donde las oportunidades son para quienes juegan limpio”. Ha reconocido que la moción “ha reiterado algo que ya estaba legislado”, pero ha justificado su apoyo porque “no resta y sí refuerza el marco legal”.
La portavoz del PPN, Irene Royo, ha defendido que el debate anticorrupción “sí ha interesado a la ciudadanía” y ha aportado datos de recaudación. Ha recordado que en Navarra la recaudación tributaria “ha crecido un 97,6% en los últimos diez años, mientras el PIB no ha alcanzado el 40%”. Según ha advertido, este incremento “ha supuesto un trasvase de dinero del bolsillo de los contribuyentes al de la administración foral”. También ha criticado que el Gobierno “ha ninguneado” a la Oficina Anticorrupción.
Desde Vox, Emilio Jiménez ha considerado la moción “innecesaria”. Ha defendido que “lo que se ha pedido ya está tipificado”, aunque ha reconocido que su grupo “ha estado a favor de evitar o reducir en lo posible la malversación”. En su opinión, lo que ha faltado en Navarra es que se asuman responsabilidades políticas, ya que “a día de hoy nadie lo ha hecho”.
En su réplica final, Miguel Garrido ha aclarado que la iniciativa “no ha sido una propuesta fiscal, aunque haya tenido carácter fiscal, sino una propuesta anticorrupción”. Ha insistido en que “ha nacido del contexto actual, en el que la ciudadanía sí se ha mostrado preocupada por la corrupción”.
