Chivite reafirma que la AP-15 será gratuita para turismos y defiende la gestión pública a través de Nafarbide

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha reiterado este jueves en el pleno del Parlamento foral que la AP-15 pasará a ser gestionada públicamente cuando finalice su concesión en junio de 2029 y que, a partir de ese momento, será gratuita para los turismos, en cumplimiento de un acuerdo adoptado en la pasada legislatura en la Mesa de Carreteras. En respuesta a una pregunta del portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, Chivite ha subrayado que “no fue ningún anuncio” y que se trató de una respuesta a una cuestión planteada por un medio de comunicación, al tiempo que ha recordado que “el Gobierno ya tomó la decisión en la legislatura pasada de que, cuando finalice la concesión de la AP-15 en junio del año 2029, pase a gestión pública y, por lo tanto, será gratuita para los turismos”.

La presidenta ha señalado que se trata de “una decisión planificada”, que “emana de esa Mesa de Carreteras” en la que participó la formación de Azcona, y ha incidido en que el compromiso “va a beneficiar especialmente a los vecinos y vecinas de la Zona Media y de la Ribera de Navarra”, lo que supondrá, a su juicio, “un paso muy importante en favor de la cohesión territorial”. Esta decisión está vinculada a la creación de Nafarbide, “la empresa pública que gestionará las vías de alta capacidad”, con un modelo que, según ha defendido, nace “desde esa mirada al modelo europeo” de pago por uso.

En este sentido, ha indicado que el acuerdo de la Mesa de Carreteras establece contactos permanentes con el sector y ha asegurado que el Ejecutivo está “en constante diálogo” con las asociaciones de transportistas ANET y Tradisna para valorar medidas de acompañamiento ante la implantación de peajes a vehículos pesados. “Vamos a estudiar todos los escenarios posibles, incluyendo ayudas para la mejora, sobre todo de seguridad”, ha afirmado, tras garantizar que “este Gobierno no va a perjudicar al tejido empresarial de esta comunidad”.

Chivite ha advertido además de que “las medidas fiscales que se aprobaron en el Gobierno Vasco fueron tumbadas mayoritariamente por los tribunales europeos”, por lo que ha apelado a la responsabilidad a la hora de diseñar incentivos. Ha defendido que el nuevo modelo permitirá “revertir lo que se recaude en nuestras propias carreteras, invirtiendo en la seguridad del conjunto de la ciudadanía”, y lo ha definido como “una gestión sensata y responsable”.

Asimismo, ha recordado que en junio de 2020 el Gobierno y la mayoría del Parlamento, “no así la derecha”, alcanzaron un principio de acuerdo para financiar y mejorar las carreteras como servicio público, y ha criticado que la prórroga de la concesión hasta 2029 acordada por gobiernos de UPN y PP impidiera la gratuidad hace más de una década. En esta línea, ha trasladado un “dato demoledor”: “este año vamos a destinar, del presupuesto de todos los navarros y navarras, cerca de 100 millones de euros para pagar los cánones de la A-12 y la A-21”, lo que, a su juicio, “lastra nuestra capacidad de inversión en otras infraestructuras”.

Azcona: “Supone una ventana de oportunidad”

Por su parte, el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha recordado que en 2029 se abre una “ventana de oportunidad” para la liberalización de la AP-15 al finalizar la concesión y ha pedido concretar “qué medidas y qué plazos concretos se tienen que dar” para que la liberalización para turismos “se pueda realizar en tiempo y forma”.

Azcona ha señalado que su formación participó en la Mesa de Carreteras y que Nafarbide gestionará, “así lo marca la ley”, cinco vías de gran capacidad —A-1, A-10, A-15, A-68 y N-121-A—, a las que se sumarán la AP-68 y, posteriormente, la propia AP-15. No obstante, ha planteado dos cuestiones previas que considera esenciales.

En primer lugar, ha reclamado que se trabajen “desde ya” las medidas de acompañamiento al transporte de camiones antes de implantar peajes, recordando que existe un acuerdo que contempla incluso medidas fiscales y que debe aplicarse “con el foco puesto en la máxima transparencia”.

En segundo lugar, ha advertido de que “Nafarbide no puede ser un instrumento para rebajar el grado de control en las licitaciones”. Según ha señalado, existe una previsión de que en 30 años se gestionen más de 2.600 millones de euros en inversiones a través de esta sociedad pública, por lo que ha defendido que se refuercen los mecanismos de control, en línea con lo analizado en la Comisión de Investigación y con las consideraciones apuntadas por la Cámara de Comptos.