La planificación educativa para el curso 2026-2027 se encuentra condicionada por la ley aprobada la semana pasada en el Parlamento de Navarra a partir de una proposición impulsada por UPN y respaldada por EH Bildu y Geroa Bai. Según ha expuesto este jueves el consejero de Educación, Carlos Gimeno, durante el pleno de control del Parlamento, el Gobierno foral trabaja para garantizar la oferta educativa y minimizar las consecuencias derivadas de la nueva norma. La presidenta María Chivite, por su parte, ha reiterado su respaldo a la gestión del Departamento y del propio consejero, y ha defendido los avances desarrollados en materia educativa.
Gimeno ha reconocido desde el inicio que "la planificación educativa de la educación pública se va a ver condicionada. Eso es absolutamente evidente". A continuación, ha sostenido que el texto aprobado presenta dificultades de interpretación y aplicación que están siendo objeto de estudio por parte de distintas instancias jurídicas. En su análisis de la norma, ha recordado que la norma tiene aportaciones de regionalistas y soberanistas y que "es una ley absolutamente Frankenstein, un absoluto galimatías".
El consejero se ha detenido especialmente en la disposición transitoria relativa a la admisión del alumnado para el curso 2026-2027. Ha destacado que mientras el título de la ley hace referencia a la reducción de ratios para el curso 2027-2028, el articulado incorpora efectos para el proceso de escolarización del próximo año académico. A partir de esa previsión, Gimeno ha advertido de consecuencias para la organización del sistema educativo. "Le he trasladado el primer efecto que hay a la educación pública: va a incrementarse la segregación educativa", ha afirmado, para añadir que "eso no lo puede discutir absolutamente nadie porque la planificación del 99% ya no va a ser esa planificación".
Las “dudas jurídicas” de Gimeno
Uno de los puntos que, según ha explicado, genera mayores dudas jurídicas es la interpretación del término "manteniéndose" incluido en la disposición transitoria. "Obviamente, esto se está consultando con varias instancias jurídicas", ha indicado. A continuación, ha planteado las preguntas que, según el Departamento, deben resolverse antes de aplicar la norma: "¿Qué se mantiene?, ¿el número global de unidades?, ¿qué se mantiene?, ¿el número de unidades de los centros que se reducen?, ¿o qué se mantiene?, introduciendo el criterio de las etapas".
El responsable de Educación ha señalado que esas incertidumbres tienen repercusiones directas sobre la organización del próximo curso y sobre la gestión de los recursos humanos del sistema. Según ha explicado, la ampliación del alcance de la ley a todas las etapas educativas afecta a los procedimientos de adjudicación de plazas docentes. "De momento ya le anticipo que los maestros funcionarios, tanto los provisionales, como los desplazados, como las comisiones de servicios, no van a poder coger plaza en el mes de junio", ha manifestado. También ha añadido que "tampoco la van a poder coger las especialistas de audición y lenguaje y tampoco los profesionales de minorías".
Gimeno ha subrayado que el Departamento está trabajando para evitar retrasos en los procedimientos correspondientes al profesorado de Secundaria. "Trabajamos denodadamente para salvar los actos de adjudicación de secundaria", ha asegurado. En este sentido, ha recordado que estos procesos permiten que los centros conozcan con antelación la composición de sus plantillas y que el profesorado disponga de certidumbre antes del inicio del curso. Según sus palabras, se trata de un procedimiento que "da un plus de garantía de calidad al sistema educativo" y que permite que directores y docentes trabajan "en una planificación absoluta".
La ley “no dice nada” sobre planificación
El consejero ha incidido además en que la norma no concreta cómo deben resolverse las necesidades de planificación educativa derivadas de la evolución de la matrícula o de las necesidades del sistema. "No dice nada la ley de la planificación, no dice nada", ha afirmado. "No dice nada de qué hacemos con las unidades necesarias y las necesidades planificadas, no dice absolutamente nada", ha añadido. Frente a esa situación, ha señalado que el Departamento trabaja "jurídicamente en el seno de la ley orgánica de educación" para garantizar "una oferta pública de calidad y de cantidad suficiente". En contraste, ha considerado que la norma sí deja definida la situación de la enseñanza concertada. "Sí que queda muy clara la ley, que queda blindada la educación concertada", ha dicho.
En la parte final de su intervención, Gimeno ha defendido que la planificación educativa debe apoyarse en criterios técnicos. En referencia al contexto demográfico actual, ha asegurado que "está perfectamente tasado y perfectamente estudiado cómo se mejora la calidad educativa" y ha añadido que "desde luego se le puede asegurar que no es con una sobreabundancia de plazas". A su juicio, esa situación puede generar "un darwinismo educativo entre centros" y "un incremento de la segregación educativa".
El consejero también ha reivindicado la actuación desarrollada por el Ejecutivo foral en relación con la red pública. Según ha afirmado, "este Gobierno ha puesto en la agenda política, en la agenda educativa y en la agenda social una circunstancia que ningún otro gobierno había hecho hasta el momento actual, que es la injusticia que se está produciendo con la educación pública".
Gimeno recibe el respaldo de Chivite
Durante el pleno, el titular de Educación ha recibido el respaldo inequívoco de la presidenta María Chivite: "El consejero de Educación es un acreditado gestor y un político comprometido con el servicio público esencial que es la educación", ha afirmado, añadiendo que “yo me siento muy orgullosa de todos los avances que se han implementado en el ámbito educativo de la mano del consejero Jimeno durante estos años".
Durante su intervención, Chivite ha realizado un amplio repaso de las actuaciones impulsadas por el Ejecutivo en materia educativa. Entre ellas ha citado "la gratuidad de las plazas públicas del 0-3", las medidas de atención al alumnado con necesidades educativas especiales, el decreto de reparto equilibrado del alumnado, la eliminación de conciertos a centros que segregan por sexos, la extensión del modelo público y las iniciativas dirigidas a reducir la brecha digital.
Asimismo, ha destacado "el decidido impulso a las infraestructuras educativas con más de 80 millones de euros de inversión", la gratuidad del transporte escolar para alumnado de Formación Profesional y Bachillerato, la ampliación de los comedores escolares a 175 días, la reducción de la interinidad docente, la recuperación de la analogía retributiva para el profesorado de la concertada y la jubilación parcial anticipada.
La presidenta también ha vinculado esas actuaciones con distintos indicadores educativos. Ha asegurado que Navarra registra "la menor tasa de abandono escolar de España" y ha defendido que la comunidad es líder en titulación de Formación Profesional y en inserción laboral asociada a estos estudios. Del mismo modo, ha destacado que el informe TIMSS sitúa a Navarra como "la segunda comunidad de España con mayor equidad en educación" y ha subrayado que el alumnado navarro obtiene resultados superiores a la media estatal en matemáticas y ciencias. Entre otros datos, Chivite ha afirmado que Navarra posee "la media más alta del país en enseñanza bilingüe" y ha citado el informe Ecotec para señalar que "el 60% opina que la escuela navarra ahora es mejor que antes". También ha remarcado que "el servicio público mejor valorado de nuestra comunidad es desde luego el servicio educativo".
El debate se ha producido en el marco de dos preguntas de control. La primera, formulada por el portavoz del PP, Javier García, se ha centrado en la gestión del consejero y en la política educativa del Ejecutivo. La segunda, planteada por Contigo-Zurekin, ha abordado las consecuencias de la ley aprobada la semana pasada para la organización del próximo curso. En sus respuestas, tanto la presidenta como el consejero han defendido la actuación del Gobierno y han insistido en que el Departamento trabaja para adaptar la planificación educativa al nuevo escenario normativo surgido tras la aprobación parlamentaria de la ley.
