Cobrar una pensión por incapacidad permanente absoluta es un mal menor para quien por una u otra razón ha sufrido un problema importante en su salud que le impide volver a trabajar, ya que al menos le permite ingresar una cantidad económica cada mes que suple la imposibilidad de ganarse un sueldo con su esfuerzo. Pero como en casi todos los ámbitos de la vida, hay quien quiere ser más listo que nadie y cobrar esa pensión sin sufrir realmente esa incapacidad.
Pillada 16 años después
A una mujer le estaba saliendo muy bien su jugada, pero 16 años después de haberla iniciado la han pillado y se ha quedado sin pensión. Así lo ha sentenciado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha fallado en contra de una trabajadora que permaneció todos esos años cobrando por una supuesta incapacidad permanente absoluta tras considerar suficientes las pruebas que había presentado la mutua.
Todo arrancó en 2003, cuando la mujer, que era cajera de un supermercado, sufrió el ataque de una clienta, algo que le produjo un episodio de estrés que derivó en un cuadro psicótico. Como consecuencia acabó perdiendo el habla, razón por la cual la Seguridad Social le concedió (tras revisarla) la incapacidad permanente absoluta, con derecho a una pensión a cargo de la mutua de la empresa, al tratarse de un accidente laboral.
La mutua sospecha
Pero con el paso de los años la mutua quiso revisar la situación y comenzó a sospechar de un posible fraude de la afectada, ya que pudieron constatar que había acudido al oftalmólogo, al traumatólogo y al dermatólogo sin que ninguno de esos profesionales reflejara ninguna limitación comunicativa.
Así que la mutua contrató a un detective privado, una práctica frecuente en estas entidades y que en muchas ocasiones confirma fraudes, aunque no siempre se admitan sus pruebas. El detective comprobó que la mujer conversaba y se relacionaba con normalidad con las personas de su entorno, que hablaba por el teléfono móvil, que llevaba a su hija al colegio y hablaba con otras madres y que también conversaba en los comercios.
El detective habla con ella
Es más, el propio detective, sin identificarse, la abordó en plena calle para preguntarle por una dirección y la mujer le contestó con total normalidad, evidenciando que ha ha estado fingiendo esa incapacidad, al menos durante parte de su baja. El TSJA ha dado por buenos esos informes y ha remitido el caso a la Fiscalía provincial para que determine si la trabajadora incurrió en un delito penal contra la Seguridad Social. Además, ha abierto otra causa para estudiar la multa por temeridad que le impone, y la Seguridad Social deberá ahora decidir si le reclama esas prestaciones indebidas que cobró durante 16 años.
La mujer ha recurrido la sentencia alegando que las pruebas presentadas por el detective de la mutua tenían que haber sido anuladas porque, según su defensa, suponen una vulneración de los derechos constitucionales. No están de acuerdo con ello los magistrados, que no consideran que imágenes y audios captados en la vía pública puedan vulnerar su derecho de intimidad u honor.
