La peña Sanduzelai ha acusado al instructor de la investigación por los incidentes relacionados con la peña Mutilzarra el 14 de julio de 2022 en la plaza de toros de "abuso de poder" por pedir los datos personales de todos los socios mayores de edad de Sanduzelai, incluso tras ser identificado el autor de los hechos por la persona agredida. Unos datos que se solicitaron también a la peña La Jarana.
Por este motivo, han solicitado una reunión con la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, para que informe "del porqué y para qué se han utilizado" estos datos, exigir su devolución y certificar "que han sido borrados de cualquier base de datos o ficheros que pueda utilizar la policía". También para preguntarle si "van a tomar algún tipo de medida contra ese instructor por lo acontecido". En caso de no obtener una "contestación satisfactoria" han anunciado que estudiarán la posibilidad de presentar una denuncia penal y posibles reclamaciones ante la Agencia de Protección de Datos.
Así lo han dado a conocer en una rueda de prensa en la que han comparecido la presidenta de la Federación de Peñas de Pamplona, Rakel Arjol, y Alazne Vicente, de la junta de la peña Sanduzelai.
Arjol ha lamentado que en todo el proceso judicial las peñas "en modo genérico, a pesar de no ser parte en ningún momento del procedimiento judicial, fueron acusadas tanto por los informes policiales como por la Fiscalía y algún partido político" de "odio hacia las personas que exhibieron la bandera de Navarra en la Plaza de Toros".
La sentencia, en la que se absolvió a los cinco acusados de delitos de odio, "ha dejado de manera totalmente nítida que dichas acusaciones no tenían nada que ver con la realidad". "Una vez más, la versión policial sobre incidentes en Sanfermines ha quedado totalmente desvirtuada", ha resaltado. No obstante, sí que se condenó a una multa de 360 euros de multa, como autores de sendos delitos leves de amenazas, a dos acusados que imprecaron a simpatizantes de la peña Mutilzarra; y a un tercero por un delito leve de lesiones, por haber dado "un manotazo" en la cara a otro seguidor de la misma.
Por su parte, Alazne Vicente ha explicado que la persona que presentó una denuncia por recibir "un manotazo en la cara" describió al autor como socio de esta peña "por llevar un pañuelo y camiseta con el logo de la misma". Dos días después, la policía solicitó el listado de "todas las personas socias" sin "distinción de edades o sexo". "¿Alguien imagina que por un incidente en fiestas de cualquier pueblo de Navarra, entre una persona con la camiseta de Osasuna, por ejemplo, el club tuviera que aportar a la policía el listado y los datos de todas las personas socias del club?", se ha preguntado.
Nombre, apellidos, DNI y teléfono de contacto
Ante esta solicitud, desde la peña se remitió un escrito a la policía en la que se indicaba que "no había quedado en ningún momento acreditada que la entrega de esos datos sensibles de las personas socias de la peña sirviera a la prevención de un peligro real y grave para la seguridad pública". A pesar de ello, la peña mostró su disposición a entregar a la autoridad judicial competente, así como al Ministerio Fiscal, estos datos, "siempre y cuando dicha solicitud se realizase a través de resoluciones procedimentales donde la peña pudiera ejercer su derecho a defensa, tanto de la asociación como de sus miembros".
Sin embargo, ha explicado Vicente, el instructor envió un oficio el 20 de julio a la peña solicitando los datos de todos sus socios mayores de edad -nombre, apellidos, DNI y teléfono de contacto-, destacando "la obligación de colaborar con la Policía" e informando de "la prohibición de informar" a los socios afectados "de la transmisión de sus datos a las autoridades competentes, a fin de garantizar la actividad investigadora".
En este mismo oficio, la policía advertía de que la negativa a proporcionar esta información era considerada una "infracción muy grave" de la Ley Orgánica 7/2021 "sancionada con hasta un millón de euros" y que los responsables administrativos o penales sería "la peña como tal o subsidiariamente los miembros de su junta directiva".
La respuesta de la peña fue plantear una consulta ante la Fiscalía de Navarra "sobre la conveniencia o no de cumplir dicho oficio, por entenderlo inmotivado, arbitrario y excesivo".
Según ha informado Vicente, por el atestado han conocido que el 27 de julio la persona agredida comunicó a la policía que "se había intentado poner en contacto con él la persona que le agredió, reconociendo los hechos, pidiendo perdón y dándole su número de teléfono". Y el 3 de agosto el agredido "reconoce fotográficamente a su agresor" y fue identificado.
Presiones y amenazas: "Hasta un millón de euros de sanción"
A pesar de esto, el 7 de agosto de 2022, la policía reiteró al abogado de la peña Sanduzelai la solicitud de la entrega de la lista de todas las socias y socios, advirtiendo con "poner en conocimiento de la Agencia de Datos dicha actitud para la apertura de un expediente sancionador administrativo contra la peña", es decir, "amenazando con la sanción de hasta un millón de euros".
En esa situación la Junta de la peña, "ante el silencio de la Fiscalía y la inviabilidad para una peña pequeña de hacer frente a semejante posible sanción, nos vimos en la obligación de enviar el listado solicitado". Alazne Vicente ha destacado que las investigaciones policiales "no debieron obtener muchas averiguaciones positivas, visto que de este listado y de la peña en su conjunto no se ha vuelto a oír nada en este procedimiento".
"No hay ni ha existido en ningún momento ninguna necesidad de la investigación que hiciera necesaria la entrega de los datos de 200 personas", ha manifestado Vicente, que ha preguntado "para qué quería la lista si ya estaba identificado el autor", para qué se ha utilizado esta lista y "donde está ahora".
Vicente ha afirmado que, "una vez vista la sentencia, queda más que acreditado que su teoría conspiranoica es totalmente falsa". "Un funcionario público que actúa así es un peligro para la convivencia, especialmente en los Sanfermines", ha advertido. Por otro lado, ha considerado que el papel de la Fiscalía en la causa "ha dejado mucho que desear" y ha criticado que "no se hayan protegido los derechos de las socias y socios de nuestras peñas para dar pie a un informe policial sin sentido".
