pamplona. Los alcaldes de Villatuerta, María José Fernández, y Ancín, Javier Dallo, comparecieron ayer en el Parlamento de Navarra para criticar el decreto foral de atención continuada y urgente por el que se suprime el servicio de urgencias vespertino y nocturno en dichas localidades, que tiene adscrita una población más de 4.500 personas. Tanto Fernández como Dallo insistieron en que no ha habido ningún cambio para que dejen de ser zonas de especial atención e, incluso, han aumentado las razones para seguir siéndolo. Principalmente por el envejecimiento de la población, ya que un 22% son mayores de 65 años.

Todos los grupos parlamentarios, con la excepción de UPN, apoyaron a los alcaldes, que estuvieron acompañados del primer edil de Oteiza, José Ángel Bermejo, y del concejal de Yerri Francisco Javier Carmona Ollo. Fernández explicó que la particularidad que tiene la zona es "la dispersión de territorios", lo que implica que muchos de ellos "están a más de 35 kilómetros", añadió Dallo, y unido al "clima y a la situación de las carreteras" hacen muy complicado el traslado al centro de Estella, donde deben acudir a partir de las 15.00 horas. En este sentido, denunciaron que pasan de tener "una guardia de presencia física las 24 horas a nada", por lo que, siendo conscientes de que hay que hacer modificaciones, piden "buscar una fórmula que satisfaga a los pacientes, como podría ser una guardia localizada".

Los tres hechos que calificaron como más graves de esta reforma, fueron que en "ningún momento se informó a las localidades para que pudieran tener margen de actuación", que se "empeora "la asistencia y que "hay otras zonas a las que se les ha escuchado y se han modificado las condiciones".

En el turno de los grupos políticos, el portavoz del PSN, partido que pidió la comparecencia, Samuel Caro, defendió que "debería haber localidades tanto en Tierra Estella como en la zona pirenáica en las que existiera una discriminación positiva" en este ámbito y recordó que ya han presentado "una proposición de ley para derogar el decreto". Además, recriminó a UPN que si se "hubieran reunido" con los profesionales sanitarios del Servicio de Urgencias de Estella, se habrían dado cuenta que los propios sanitarios "apuestan por mantener la guardia".

Antonio Pérez Prados (UPN) dijo, en referencia a la crítica de Fernández, que en su pueblo, Sesma, "no hemos pasado a nada porque nunca hemos tenido nada", lo que provocó risas entre el resto de grupos. Además, aseguró que el volumen de atenciones no era el suficiente para tener el centro abierto, lo que fue rebatido por los representantes de los pueblos. Asun Fernández (NaBai) le criticó haber dicho que "no es garantía la presencia del médico en una urgencia vital" y denunció que esta medida va a "provocar despidos, mermar la calidad y parcelar la Atención Primaria para ir poco a poco a la privatización".

Por su parte, el responsable de Bildu en la comisión, Bikendi Barea, lamentó el "retroceso" en la oferta sanitaria, ya que "restringe la cobertura". En el tema de las distancias se centró Enrique Martín (PPN), que aseguró haberlas medido con el Google Maps para comprobar que se superaban los 30 minutos de viaje en la mayoría de los pueblos afectados. A pesar de haber apoyado el decreto de Vera, el PP admitiría "modificaciones". Desde Izquierda-Ezquerra, Marisa de Simón animó a los grupos políticos a apoyar la derogación de esta medida en el pleno del próximo día 8 de febrero.