pamplona. El sindicato ELA presentó ayer un protocolo de actuación que será remitido al Gobierno de Navarra y a las entidades locales con el que pretenden hacer su aportación laboral a un drama social, la gente que se queda sin vivienda, y "evitar que haya desahucios sin realojos de las familias afectadas", expuso Iván Giménez. Sin esa garantía, los empleados públicos que intervienen en procesos de desalojo podrían declararse objetores de conciencia. Se trata de que "ningún funcionario que haya manifestado por escrito su posición contraria a intervenir en estas actuaciones se vea forzado a tomar parte activa" -como "ejecutor de un desahucio"-, y que tampoco sufra sanciones ni expediente disciplinario cuando deba "suspenderlo por causa justificada". La propuesta sindical va dirigida a trabajadores de Justicia, Policía Foral, bomberos y policías locales, y será trasladada al resto de sindicatos de la función pública, así como a todos los grupos políticos del Parlamento y ayuntamientos, ya que se persigue regular por ley el derecho a la objeción de conciencia de los empleados públicos que ahora "están obligados a ejecutar este tipo de actuaciones".
"Ante la grave situación de exclusión a la que se pueden ver abocadas las personas objeto de lanzamiento de su vivienda habitual y en atención a la protección que merece el derecho a la vivienda, solicito que, por motivos de conciencia, se me exima de participar en diligencias de lanzamiento en las que no se haya garantizado previamente el realojo de los habitantes", recoge la "hoja de posicionamiento individual" que será entregada por cada trabajador a sus superiores. Y puede ocurrir, según Giménez, que toda la plantilla de agentes locales de un municipio se declare objetora, "es una medida de presión". Proponen además que el Gobierno foral desarrolle una campaña que informe del servicio de mediación hipotecaria, y que se extienda a aquellas personas que no puedan asumir el costo del alquiler de su casa, siempre que se trate de su única vivienda. Piden también al Ejecutivo que propongan al TSJN y a la Junta de Jueces para que los juzgados informen a los Servicios Sociales de los casos de desahucio de tal modo que los trabajadores sociales puedan elevar un informe social en el que se conozca si la persona afectada está en condiciones de realojarse por sus propios medios o "medidas previstas para su realojo". Dicho informe estará a disposición de los funcionarios obligados a ejecutar el lanzamiento. Reclaman también un "plan de emergencias psicológicas" para personas que hayan participado en un desalojo. A juicio de Félix San Juan, delegado de ELA en Polícía Foral, "además de policías somos personas, es un problema real al que debemos buscar entre todos una solución". "No estamos preparados para desalojar a una familia con hijos y dejarlos en la calle, queremos abrir un debate y regular esa objeción", añadió Richard Sánchez Arévalo, delegado de ELA en Policía local de Burlada. Carmen Rodríguez, oficial del juzgado, reconoció que tener que "echar a la gente a la calle nos rompe los esquemas; y es culpa de que el derecho a la vivienda no está regulado. Ahora s imposible hacer objeción, tenemos un régimen disciplinario muy estricto. Sólo el juez interpreta la norma".
