Quiero salir cuanto antes de esta situación. Mi hija no puede estudiar y tampoco jugar. Tenemos un único aseo para todas las familias. No hay intimidad. Porque no es el lugar adecuado para vivir. Porque esto no es un hogar. Estas son algunas frases de las decenas y decenas de familias que viven -o malviven- en 10 metros cuadrados o menos en Navarra, una circunstancia cuyos efectos, a medio y largo plazo, son devastadores y posiblemente irreversibles, y en la que cada vez se ven sumidas más personas. Por eso, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca hace ahora visible esta situación con la campaña Una habitación no es un hogar, a través de la cual proponen al Gobierno de Navarra una serie de medidas que, de llevarse a cabo, minimizarían los efectos “tan terribles” de esta realidad.
La vivienda es un derecho con un significado vital para la identidad social de las personas, su estatus y su lugar en la sociedad, una perspectiva desde la que cabe pensar que el acceso a una vivienda digna es incuestionable. Sin embargo, la realidad es muy distinta. La PAH del Casco Viejo de Pamplona atiende a un total de 48 familias que viven hacinadas en una única habitación, una cifra que, no obstante, supone solo la punta del iceberg, ya que “es imposible conocer cuántas familias están en esta situación porque es una realidad muy oculta”, afirma Sirley Torijano, miembro de la PAH, una situación que, dice, proviene de “un fracaso del Estado del bienestar y de la falta de voluntad política”.
Mientras que en Navarra hay un alto porcentaje de familias monoparentales con hijos, a veces mejores, personas solas o matrimonios con una fuente de ingresos inexistente o muy baja, parece “inasumible” que haya en la comunidad 35.000 viviendas vacías, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística. “Esta es una realidad que siempre ha existido pero que, hoy en día, está en aumento”, agrega Torijano. En una situación así se encuentra Rosa Parra, quien convive junto a su pareja y sus tres hijas en una sola habitación. “Dos de mis hijas duermen en una sola cama muy estrecha y muchas veces no pueden descansar, algo que les perjudica en sus estudios y en su vida en general”, cuenta Rosa que, emocionada, añade: “No quiero que mis hijas crezcan así; es una situación de impotencia y frustración”.
Esta situación, por sí sola “grave, dramática e injusta”, cobra dimensiones extremas si se tiene en cuenta que la exclusión en vivienda se encuentra entre los principales factores determinantes del estado de salud de las personas. Las malas condiciones de este tipo de viviendas pueden convertirse en fuente de riesgos para “contraer infecciones o sufrir accidentes, como traumatismos, envenenamientos o incendios”, señala Luisa Jusué, colaboradora de la PAH, quien añade que estas situaciones generan, además, “tensiones psicológicas y sociales”.
Por otro lado, Jusué destaca que “condenar a la infancia a vivir en 10 metros cuadrados significa que se les impide, entre otras actividades, jugar y disponer de juguetes, de lo que derivan importantes consecuencias sobre el desarrollo cognitivo, motriz, social y afectivo”. Asimismo, agrega que “se dificulta su estudio y se interfiere en su capacidad de aprendizaje, pues es harto difícil conseguir, en estas condiciones y con esta falta de medios, un ambiente estimulador a la par que sosegado y específico para ello”, lo que condiciona sus resultados académicos y la igualdad de oportunidades. Por último, también incide en que estas circunstancias pueden acarrear un “riesgo de desprotección” de los menores, que “tienen que compartir espacios íntimos e incluso lecho con personas adultas, sean estas familiares o no”.
Elaborar un censo de personas con necesidad de vivienda. Es fundamental y urgente objetivar y cuantificar esta realidad a fin de conocer su alcance.
Aumentar el parque público de vivienda. Es preciso confeccionar un censo de viviendas propiedad de los bancos y solicitar su cesión a la Bolsa Pública de vivienda; se ha de intensificar la campaña del Gobierno foral destinada a aquellos propietarios de viviendas cerradas; se aumentará el control sobre el parque de vivienda protegida a fin de detectar fraudes.
Regular a las promotoras que gestionan VPO. Sus precios son abusivos y en un porcentaje alto esas cantidades salen de las arcas forales.
Intervenir para evitar desahucios. Evitar los desahucios en caso de que no se pueda pagar por falta de capacidad económica.
Otras propuestas. Que el periodo de tiempo desde la solicitud de la RIS hasta su concesión sea el menor posible; eliminar el doble filtro por el que atraviesa toda solicitud de renta; consolidar las medidas contra la pobreza energética; implantación de políticas de pleno empleo que ayuden a las personas a salir de la pobreza.
