IRUN. - Dos visiones diametralmente opuestas sobre una misma realidad migratoria que no cesa. Hace un mes el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska admitía que las devoluciones sumarias de Francia al Estado son “absolutamente puntuales”, algo que ayer desmintió rotundamente SOS Racismo aportando unas cifras a años luz de la versión oficial. El número de personas “rechazadas” el año pasado se elevó a 9.175, lo que arroja una media mensual de 760 migrantes, la mayor parte de ellos sin garantías jurídicas. En lo que va de año se han efectuado en la frontera 9.038 devoluciones, lo que hace prever que la cifra final de devoluciones a finales de 2018 se dispare con respecto a los registros hasta ahora conocidos, “y además es posible que no sean todos los rechazos que se producen efectivamente”.
Los datos vienen recogidos en el Informe anual de SOS Racismo que, esta vez, a diferencia de otros años en los que venía presentándose en grandes capitales del Estado, se hizo público ayer en Irun, epicentro de una crisis abierta que sigue sin cerrarse.
El foco de atención hay que situarlo en los controles interiores de las fronteras, que en el caso de Francia guardan una relación directa con los atentados yihadistas. Sobre el papel, en virtud del acuerdo de Schengen de libre circulación, esos controles no deberían existir.
Así lo acordaron al menos varios países de Europa hace tres décadas. “Esa falta de compromiso es algo que, de facto, está desapareciendo en muchos países y, evidentemente, todo ello tiene su reflejo en el país galo”, denunció ayer Mikel Mazkiaran, secretario de la Federación Estatal de SOS Racismo, que compareció junto a Alba Cuevas, coordinadora de la ONG en Catalunya, y Mónica Vidal, en representación de Galicia.
A esos controles en la frontera se han sumado países como Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia y Noruega. En el país galo se han hecho “duros y discriminatorios para las personas migrantes” desde hace tres años, e incluso se han reforzado como ha hecho saber hace unas semanas el ministro de Interior francés, Christophe Castaner.
El punto de inflexión lo marca el atentado yihadista contra el semanario satírico de izquierdas Charlie Hebdo (7 de enero de 2015), y varias ataques terroristas en diferentes puntos de París el 13 de noviembre de ese mismo año. Abrieron la espita de un estado de excepción que, en la práctica, sigue dejando su impronta a día de hoy en el paso fronterizo.
Hasta entonces, según fuentes policiales, el procedimiento de devoluciones de los no admitidos “se realizaba de manera tasada y de forma bilateral”, acordaba entre el Estado y Francia. Pero es, sobre todo a partir del verano de 2016, coincidiendo con la celebración de la Eurocopa y del Tour, cuando Francia comienza a actuar “de manera unilateral y rechazando a las personas que, según su criterio no reunían los requisitos de acceso a su territorio”. Estas medidas provocan que en la frontera de Irun con Hendaia estas personas quedaran “taponadas” en el puente de Behobia y Santiago, así como el peaje de Biriatu.
diferentes resultados Contabilizar las devoluciones no es una tarea fácil, pero SOS Racismo presentó ayer los resultados de un estudio realizado por el profesor de la UPV, Iker Barbero, que ha trazado un mapa a partir de “datos extraoficiales” que han sido contrastados. Y resulta sorprendente el abismo que media entre la versión ofrecida por Interior y la fotografía que arroja el estudio.
Interior cifra en “tan solo” 2.690 readmisiones desde Francia a España durante el año pasado. El estudio realizado por el profesor de la UPV eleva el número a 9.175. Es decir, el triple. “La realidad indica que junto a este procedimiento oficial establecido, hay un número muy importante de devoluciones que se realizan al margen de la ley”, denuncia Mazkiaran, convencido de que el Estado no quiere revelar la verdadera trastienda “porque no quiere abrir conflictos con el país vecino”. Las personas que son interceptadas en el lado francés son devueltas por la policía a Irun sin dar detalles.
Tomando como referencia los nuevos rechazos que se han dado durante este año por la policía francesa, se constata que el llamado departamento 64, que incluye la CAV, Navarra y parte de Huesca (principalmente el paso de Irun-Hendaia) no solo es la zona fronteriza más activa sino que además ha experimentado un crecimiento del 62% en el los nuevos primeros meses con respecto al año anterior.
18 de junio. El punto de inflexión a la crisis migratoria que ha vivido Gipuzkoa comenzó el 18 de junio, cuando un autobús procedente del Almería llegó a Donostia con 46 personas de origen subsahariano. A finales de junio llegó otro con más de 30. Comienza a visualizarse a partir de ahí que, el flujo migratorio concentrado en el sur ve en la frontera de Irun con el Estado francés un punto estratégico para continuar su viaje hacia el norte.
28 de agosto. Irun habilita 22 nuevas plazas en centros de acogida destinadas a mujeres, menores y colectivos vulnerables.
10 de octubre. Inicialmente el grupo tiene su base de operaciones en el gaztetxe de Lakaxita, en la calle Anaka de Irun, pero la situación es insostenible y se trasladan frente a la sede de los Servicio Sociales de Irun. El 10 de octubre, la red de acogida solicita colaboración.
Noviembre. El albergue Martindozenea es habilitado como recurso de emergencia para la atención de migrantes, prestando atención las 24 horas del día.
