El asunto preocupa, pero al parecer no tanto como para informar a la ciudadanía cuanto antes a pesar de que el encargo de dicho dictamen se realizó hace cuatro años y que resulta clave para la continuidad de una obra de una envergadura sobresaliente y que acumula 500 millones de euros. El informe del colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos sobre la seguridad de la presa de Yesa llegó al correo del Gobierno de Navarra el pasado 25 de julio. Hasta ayer, no había dicho ni mu al respecto y ayer fue el vicepresidente segundo del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, el primero que tuvo que reconocerlo al hacer las veces de portavoz.

Aierdi afirmó que el Ejecutivo foral conocía el informe desde esa fecha y que nada más conocerlo, se derivó a los dos departamentos con competencias en la materia, que se encuentran analizándolo “con más detalle técnicamente” para poder “tener un juicio ajustado” a la opinión de los técnicos. Remarcó que Yesa es una obra “compleja” que fue objeto de “diferentes informes en su momento sobre la seguridad de la presa”, que fueron emitidos por la propia Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y el propio Gobierno de Navarra. Unos informes que fueron “la razón” de encargar al ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico “un dictamen final que analizara las opiniones y los datos que arrojaban unos informes y otros”.

“Este dictamen final, por tanto, responde a otros anteriores realizados por parte de la CHE y del Gobierno de Navarra. En principio señala que puede considerarse, según el dictamen realizado, que los estándares que recoge la presa son habituales y correctos desde su punto de vista, y que tienen la estabilidad suficiente para que el proyecto continúe y se desarrolle”, apuntó. En este sentido, añadió que “ante un tema de seguridad que obviamente nos preocupa”.

En referencia a si hay “inquietud” en el Gobierno tras conocer las conclusiones del dictamen, el vicepresidente respondió que “nos preocupa, evidentemente, porque estamos hablando de seguridad, de seguridad de los ciudadanos”. “Es cierto que el dictamen establece y considera que son correctos estos estándares que se recogen en el mismo, como estándares habituales y que tiene por tanto la estabilidad suficiente. Yo creo que el departamento y el Gobierno de Navarra tienen la responsabilidad, lógicamente, de que sus propios servicios, sus técnicos, sus departamentos afectados, analicen y puedan confirmar esa opinión del ministerio”, apuntó.

El pasado martes, el senador autonómico Koldo Martínez (Geroa Bai) consideró que “es necesario aclarar cuándo el Ministerio trasladó realmente al Gobierno de Navarra un documento que tenía en su poder desde junio de 2021”. “Y es necesario que el Ejecutivo foral dé una opinión formada sobre un dictamen que ha permanecido más de un año oculto a la ciudadanía navarra. Este tema debe aclararse ya y no puede demorarse más. Creo que se está actuando en un tema tan sensible con poco tino, algo que lamento porque me consta que en Sangüesa-Zangoza existe preocupación con este asunto”, ha reivindicado. Por último, Martínez lamentó que pudiera “acceder al informe a través de una petición particular que reclamó el informe acogiéndose a la ley de transparencia”, y criticó “no haberlo obtenido previamente a través de los cauces parlamentarios”.