Un empresario taurino de Tudela, J.L.R.G., que llevó la gestión hasta 2020 de la plaza de toros de la capital ribera y de numerosos cosos taurinos en Navarra y Aragón, fue juzgado ayer en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra acusado de fraude a la Seguridad Social y de no haber pagado las cotizaciones de los trabajadores de sus empresas durante los años 2018 y 2019. En total, la deuda alcanza los 292.000 euros entre las dos anualidades, cantidad que también debería abonar como responsabilidad civil en caso de condena. En 2018 este empresario gestionó 105 festejos taurinos y tuvo 392 trabajadores que pasaron por sus empresas (los novilleros y banderilleros de un espectáculo taurino contarían como empleados). La Fiscalía le reclama cuatro años de prisión y multa de medio millón de euros, mientras que la Tesorería General de la Seguridad Social le reclama cinco años y una multa de casi un millón de euros.
DECLARACIÓN DE ESTAR AL CORRIENTE DE PAGO
Un alto cargo de la Seguridad Social declaró como perito para cotejar el informe que había servido de base para la denuncia. Realizó la distinción de si el empresario taurino está catalogado dentro del complejo régimen que se le imputa en la Seguridad Social como empresario ocasional o habitual. Dijo que la principal diferencia es que el primero tiene que presentar la declaración de estar al corriente de pago de las cuotas de sus trabajadores y con Hacienda antes de la celebración del festejo, mientras que el empresario habitual lo hace al mes siguiente. Además, declaró que según el reglamento taurino navarro no se exige la consideración de estar al corriente de pagos, pero que en Aragón sí (la defensa cuestiona que sí se exija en Aragón), y por ello entiende que el acusado creó una sociedad limitada nueva en 2019 para poder celebrar festejos en la comunidad vecina, sin que apareciera como deudor. “Con esa empresa nueva, que no estaba asociada a la anterior que poseía, él podía seguir contratando espectáculos taurinos pero ocultando la deuda. Él no comunicaba las actuaciones que tenía en Navarra, los festejos que realizaba, y no conocíamos la deuda hasta final de año cuando podíamos hacer la liquidación”.
Entre junio y septiembre de 2018, al empresario se le concedió un aplazamiento de pago de una deuda anterior. “La deuda aplazada se considera como estar al corriente, pero a finales de 2018 figuraba como deudor porque había acabado el aplazamiento”.
La Fiscalía recordó que el acusado lleva “toda la vida dedicándose a esto”, conocía el negocio y los pagos que debía hacer y sin embargo “no abonó ninguna cuota de seguros sociales de sus trabajadores entre 2018 y 2019”. Afirmó asimismo que creó la empresa en Aragón y que fue idea de su asesor –que no compareció en el juicio–, para poder seguir contratando en Barbastro y Calatayud, y “esto revela su propósito de defraudar”. La letrada de la Seguridad Social aseguró que utilizó esa mercantil para “limpiarse de deuda” y que existió “un incumplimiento sistemático porque no se informaba de festejos ni trabajadores, se entregaba una aparente retención a los trabajadores. La entrega de esos documentos acredita una cotización que no existe”.
LA DEFENSA: “FALTAN PRUEBAS”
La defensa, por su parte, rebatió estos argumentos y recordó que el empresario taurino se había quedado en la ruina durante la pandemia y que tenía embargados todos sus bienes. El letrado defensor alegó que existe en el procedimiento “un déficit probatorio evidente en el que la Seguridad Social comete una dejación de funciones, puesto que no va comunicando deuda a mi cliente, ni le embarga por ejemplo las taquillas, sino que directamente tras la pandemia decide interponer un procedimiento por la vía penal. No puede ser, por ejemplo, que esa cuota aplazada en el año 2018 forme luego parte de la cuota defraudada que se reclama”. Además, el abogado indicó que en su cliente “no concurre el ánimo defraudatorio, como exige el Supremo para la condena. Y tampoco ha existido ocultación. De hecho, mi defendido pagó 70.000 euros en Navarra a requerimiento del recaudador ejecutivo”. Además, aseguró que con la empresa en Aragón no quería “limpiarse la deuda”, sino que se fundó para reestructurar su actividad empresarial y seguir abonando la deuda. “Mi cliente puede ser un impagador, y lo es, pero no es un defraudador”, zanjó el letrado.
