El Defensor del Pueblo de Navarra, tras detectar "indicios de sobrevaloración" en los últimos cursos de Bachiller de dos centros educativos, ha pedido al departamento de Educación que lleve a cabo una supervisión, lo que, en palabras del consejero Carlos Gimeno, es "absolutamente inviable".

Así lo ha manifestado en declaraciones a EFE el titular de Educación, después de que se haya hecho pública una resolución del Defensor del Pueblo en la que, a raíz de la queja presentada por una madre, dice haber detectado indicios de sobrevaloración en los colegios Miravalles-El Redín e Irabia-Izaga, ambos del Opus Dei.

"No parece razonable que todos y cada uno de los años, sin excepción, la nota del Bachiller sea la más elevada de todos los centros, y que, llegada la EvAU, ese resultado no tenga el mismo reflejo", sostiene en su resolución el Defensor del Pueblo.

Por ello recomienda a Educación "que vele por que las calificaciones del Bachiller otorgadas por los centros educativos no comprometan los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen en el acceso a la universidad, adoptando las medidas oportunas a tal fin".

Y, añade, "a la vista de los resultados registrados, que presentan indicios de sobrevaloración, recomendarle que entre a supervisar lo actuado por los citados colegios".

No constan reclamaciones en Inspección

Gimeno ha explicado que es "absolutamente inviable" establecer un proceso de supervisión como el que plantea "básicamente por cuestiones normativas".

El departamento, al que no le constan reclamaciones de este tipo en sus servicios de Inspección, está haciendo "un análisis del margen de tolerancia, de discrepancia que hay entre las puntuaciones, pero en ningún caso se puede establecer el proceso de supervisión que se plantea", ha recalcado.

En este sentido ha detallado que la ley educativa establece que "las calificaciones no son otorgadas por los centros, sino por el profesorado competente de las diferentes materias que integran el currículum de bachillerato y así lo establece también el real decreto de mínimos de Bachillerato".

Navarra, ha continuado, tiene una norma foral para "regular que la dedicación, el esfuerzo y el rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad y allí se establece un procedimiento de reclamaciones".

Cuando se hacen reclamaciones en base a calificaciones finales, ha agregado, "hay que tener en cuenta que las pruebas, los ejercicios y los trabajos que se pueden revisar, deben ser conservados por los menos tres meses después de adoptarse las decisiones y formuladas las correspondientes calificaciones finales".

Por lo tanto, aunque los centros hayan cumplimentado esa orden foral en lo relativo a la custodia de los citados materiales, "no se puede garantizar" que se disponga de la documentación necesaria para llevar a cabo la revisión retroactiva que se plantea.

Además, ha remarcado, las "calificaciones en este momento son inamovibles porque ya se han cumplido todos los plazos de reclamación que recoge la norma foral".

En el caso de que se pudiera llevar a cabo un proceso de supervisión como el que se plantea "habría que hacer un número ingente de registros, hablar de 40.000 no sería en absoluto disparatado", ha sostenido al respecto el consejero.

Y es que, solo centrándose en los dos centros mencionados, se estaría hablando de unos 500 alumnos y de ocho materias, por lo tanto unas 4.000 calificaciones y "según la norma tendrían que establecer una horquilla entre cinco y veinte registros por lo tanto habría que hacer un número ingente de registros".

"Estaríamos hablando de unas 2.000 jornadas completas de inspectores, supondría cuatro o cinco meses de los 26 inspectores de la plantilla de forma exclusiva para este proceso de supervisión", ha apuntado