Tras recibir la queja y analizar los datos, el Defensor escribió a mediados de febrero un escrito al Departamento de Educación en el que le recomendaba velar por que las calificaciones del Bachillerato otorgadas por los centros educativos “no comprometan los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen en el acceso a la universidad, adoptando las medidas oportunas a tal fin”. También le pidió a Educación que, ante los “indicios de sobrevaloración”, supervisara la actuación de ambos centros.
La respuesta del consejero de Educación, Carlos Gimeno, llegó a mediados de marzo. En ella aseguró que el servicio de Inspección Educativa “ya reliza la función de velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo. Asimismo, sigue el escrito, “supervisa la práctica docente, supervisa, evaluando y controlando, desde un punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos con el respeto preceptivo al marco de autonomía de la LOE ampara al respecto”.
La respuesta concluye avisando que “no se estima aceptar la recomendación de supervisar lo actuado por los colegios referidos en base a la valoración, emitida desde su institución, de la existencia de indicios de sobrevaloración en las calificaciones otorgadas”.
Una contestación que no satisfizo al Defensor, que le pidió al consejero una respuesta más completa con información sobre las inspecciones realizadas en los últimos seis años en ambos centros o acerca de las medidas adoptadas para velar por que las notas de Bachillerato se acomoden a los principios que regulan el acceso a la Universidad.
Este escrito fue enviado el 29 de marzo y el consejero tenía diez días para responder. En vista de que no lo hizo, el Defensor le volvió a pedir explicaciones el pasado 27 de abril.
