Disponer de un hogar en un entorno seguro y con todos los apoyos necesarios es un derecho que toda persona mayor debe tener. Bajo este contexto nació el proyecto Vivir mejor en casa, cuyo objetivo consiste en mejorar la atención domiciliaria de los más mayores.

Para conocer el desarrollo de esta iniciativa, Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, se desplazó ayer hasta la residencia pública El Vergel en Pamplona, uno de los dos espacios donde se está llevando a cabo la propuesta. La otra residencia es Santo Domingo, ubicada en Estella-Lizarra.

El proyecto, gestionado por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) y la Conferencia Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) se dirige a personas mayores vulnerables en situación de fragilidad y dependencia y a sus personas cuidadoras no profesionales, con el fin de retrasar la institucionalización, posibilitando que puedan vivir en su domicilio y entorno social y comunitario con todos los apoyos necesarios. Para ello se mejora la atención domiciliaria y se estudian las variables y barreras que existen para lograr que aquellas personas mayores que deseen dejar las residencias vuelvan a vivir en comunidad. De hecho, actualmente participan en la iniciativa un total de 188 personas, de las cuales 15 continúan en la segunda fase de esta y con cuatro de ellas se trabaja para su retorno a la comunidad.

Navarra no es la única comunidad donde se está desarrollando Vivir mejor en casa. También Cataluña se suma al proyecto, donde se está ejecutando la vertiente preventiva, enfocando el trabajo en incrementar y mejorar la atención domiciliaria para disminuir y retrasar la institucionalización de personas en situación de dependencia. Por su parte, en la Comunidad Foral se estudian las variables y barreras existentes para que se pueda volver a vivir en sociedad.

Perspectiva social

Belarra explicó que “la propuesta nace de dos reflexiones: que el Gobierno tenía que hacer políticas feministas y corresponsabilizarse de los cuidados, y que las personas mayores quieren quedarse en su casa el máximo tiempo posible”.

Asimismo, la consejera Maeztu destacó que se trata de una idea “ilusionante” que permite “desarrollar políticas públicas encaminadas a atender a las personas en su domicilio”. Por su parte, la consejera de Salud, Santos Indurain, puso en valor el “potencial innovador de este proyecto”, a la vez que destacó el “rol desde la salud en los procesos de desinstitucionalización de personas mayores”, un papel que implica “evaluar la salud, planificar el cuidado, proporcionar tratamiento y seguimiento, brindar apoyo a la persona y sus cuidadores y colaborar con el ámbito sociosanitario para garantizar una atención integral y de calidad durante la transición a la comunidad”.

Proceso

Para el proyecto se realiza una valoración geriátrica integral centrada en la persona con equipos especializados y de Atención Primaria sanitaria y social que permite detectar puntos de fragilidad reversible, con búsqueda de viviendas y comunidades adaptadas (viviendas tuteladas, vivienda social, pisos estándar de alquiler...) y una gestión de los candidatos en dos fases. Estas consisten en una retirada de apoyos previos al alta y, en un nivel comunitario, el diseño de tránsitos elegidos por las personas, adaptación a la nueva vivienda y una valoración de la calidad de vida de estas personas desinstitucionalizadas.

Además, las acciones se llevan a cabo con los y las 120 profesionales de las residencias y el apoyo, tanto del Departamento de Salud y el Servicio Navarro de Salud Osasunbidea como del Departamento de Derechos Sociales.