Cinco comunidades autónomas, entre las que se encuentra Navarra, han pactado ya con el Ministerio de Universidades involucrarse en su plan de contratar unos 4.000 nuevos profesores ayudantes doctores en los campus públicos para facilitar la aplicación de la nueva ley universitaria y reducir sus graves bolsas de precariedad laboral.
El resto de los territorios tendrán hasta finales de este mes de abril para posicionarse y decidir si finalmente cofinancian el programa que les expuso hace unos días la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante la Conferencia General de Política Universitaria.
En caso negativo, aunque ninguna cerró la puerta en esa reunión, la ministra advirtió de que no se beneficiarán de las 3.400 plazas de profesores ayudantes doctores que su departamento está dispuesto a sufragar en los próximos seis años por un importe de 900 millones de euros.
Tras la celebración de la Conferencia General, las comunidades autónomas y el Ministerio continuarán negociando bilateralmante los flecos y detalles de sus respectivos convenios.
El primero en alcanzar un acuerdo ha sido Euskadi, gracias al cual la Universidad del País Vasco (UPV) tendrá 150 nuevas plazas de ayudantes doctores durante los próximos seis años, empezando en el curso 2024-2025.
A ella se unió Navarra: recibirá 11,2 millones del Estado en los próximos seis años para sufragar 46 plazas de profesorado ayudante doctor en la Universidad Pública de Navarra, a las cuales se sumarán los puestos adicionales que asumirá la comunidad foral ante los cambios en la dedicación docente establecidos por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
Canarias también ha llegado a un pacto con la cartera de Morant, lo que supondrá 113 nuevos plazas de esta modalidad en las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canarias.
El montante total del convenio y la contratación asciende a 32,6 millones durante seis años que, en primera instancia, financiará el Ministerio, aunque Canarias pagará una cuarta parte del esfuerzo inversor.
Por otro lado, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades aportará a Asturias 7,7 millones en los próximos seis años para contratar ayudantes doctores en la Universidad de Oviedo.
El Principado complementará este plan de estabilización y retención de talento dentro del contrato programa suscrito con la institución académica.
En cifras, la Universidad de Oviedo recibirá 1.287.200 anuales para 34 plazas durante los seis años que dura esta modalidad de contrato, mientras que el Gobierno regional asumirá la financiación de otras 14 plazas para completar las 48 contrataciones estimadas en un primer momento.
En Castilla-La Mancha, su consejero socialista de Educación, Amador Pastor, avanzó la semana pasada su apoyo a la iniciativa del Gobierno.
En Extremadura, donde gobierna en coalición el PP y Vox, su consejera de Educación, María Mercedes Vaquera, pide mejorar de la financiación pero se ha comprometido a estudiar la oferta.
En el caso de la Universidad de Extremadura, los gastos de la implantación de la LOSU rondan los 8 millones de euros para este año y solo la incorporación de las 89 plazas de ayudante doctor suponen 3,3 millones de euros anuales.
Además, Vaquera ha exigido que la aportación del Ministerio se haga a través de las comunidades y no directamente a las universidades.
Cantabria también ha manifestado su compromiso para alcanzar un consenso que permita abordar con "garantías" la financiación derivada de las previsiones de la ley universitaria, aprobada hace un año.
