El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha publicado esta semana el borrador de la disposición general de vedas, un documento que no tiene validez legal, pero que suele anticipar, sin prácticamente modificaciones posteriores, los términos que tendrá la normativa específica que regirá la caza en la Comunidad foral durante la siguiente temporada (en este caso, la del 2024-2025), una vez que se publique en el Boletín Oficial de Navarra.

El borrador exhibe únicamente dos cambios sustanciales con la orden de vedas del pasado año. Por un lado, contiene una modificación que el Ejecutivo foral ha tenido que adoptar obligatoriamente, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra anulara en octubre el artículo de la Orden Foral del 2023 que limitaba la utilización de armas por parte de menores de edad. Como se recuerda, este cambio lo propició la Federación Navarra de Caza (FNC), que, en su labor habitual como entidad que vela por los derechos de los cazadores navarros, recurrió esta norma, al resaltar que Medio Ambiente estaba tratando de regular aspectos importantes de la caza a través de un instrumento (la orden de vedas) que carece de la habilitación legal para ello.

Más allá de la supresión de este punto, la FNC planteó propuestas de gestión para diferentes especies cinegéticas, que han sido desestimadas por el citado departamento sin alegar ningún argumento técnico o jurídico. Es el caso, por ejemplo, del zorro, en el que los cazadores habían propuesto recuperar las autorizaciones excepcionales para su control en los acotados que, aun disponiendo de un plan de prevención de daños de conejo, registraran altas abundancias de esta especie.

Existen informes del propio departamento que indican que “la presión depredadora que afecta al 60%-70% de los nidos es típica del zorro y los gatos asilvestrados, y los procesos de depredación podrían estar contribuyendo al severo descenso de la mayoría de especies de aves esteparias”. Desde la FNC, se considera que un exhaustivo control del zorro es uno de los criterios básicos de gestión cinegética (recogido, además, en innumerables publicaciones) si se pretende lograr la recuperación de estas aves.

Otra de las propuestas sugeridas por el colectivo cinegético es la de ampliar la fecha del cierre de la temporada de becada al 16 de febrero, tal y como se lleva a cabo en comunidades autónomas limítrofes, como Aragón. En virtud de la Directiva de Aves de la Unión Europea, la becada se puede cazar en las fechas solicitadas y, a tenor de su estatus poblacional en Navarra y según diferentes informes y estudios técnicos, su situación y la evolución de sus poblaciones en la Comunidad foral son estables e, incluso, están al alza.

En el ámbito en el que el borrador de la orden de vedas introduce variaciones más importantes es en el artículo referido al aprovechamiento cinegético de la perdiz roja. En él, a pesar de que el Gobierno foral constata que la evolución de las poblaciones de esta ave en Navarra ha registrado un ligero aumento (según el Índice Kilométrico de Abundancia IKA obtenido de los muestreos del guarderío forestal), desde Medio Ambiente se propone una serie de criterios para el establecimiento de las jornadas de caza que no guarda coherencia con esos datos.

Por una parte, se indica que se tendrá en cuenta la tendencia poblacional de la especie, tomando como base los censos aportados por los acotados. Si el número de ejemplares reproductores en la primavera de este año, con respecto al mismo período del 2023, es igual o mayor, se asignarán dos jornadas de caza. De lo contrario, solo habrá una única jornada. A esta cifra de jornadas resultantes se le podrá sumar una más, en función de que el acotado haya realizado actuaciones de mejora del hábitat para la perdiz. Si ha emprendido tres acciones independientes en los últimos cinco años, podrá obtener una jornada extra.

Por último, el Ejecutivo foral ha presentado parte de un estudio de potencialidad del territorio para la perdiz roja en Navarra, llevado a cabo por el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC). En este estudio, se fijan tres tipologías de territorio potencial para la perdiz, en base tanto a variables ambientales como a poblacionales de cada coto. En función de la clasificación que se asignó a cada acotado dentro de ese trabajo, y siempre que la densidad sea igual o mayor a 0,15 perdices por hectárea, los cotos del tipo 1 podrán añadir dos días de caza, en tanto que los del tipo 2 podrán sumar un día y los cotos del tipo 3 no sumarán ninguna jornada.

Desde la FNC se ha informado al Gobierno foral de que el colectivo cinegético navarro está en contra de esta regulación, a pesar de que los cazadores son plenamente conscientes de la situación de la perdiz en Navarra. Según Aitor Merino, ingeniero forestal y asesor técnico de la FNC, la disminución poblacional de la perdiz en determinadas zonas de la comunidad se debe fundamentalmente a tres causas, entre las que no está la práctica cinegética. “Además de la pérdida de calidad del hábitat, la especie está viendo reducidas sus poblaciones debido a las prácticas agrícolas perjudiciales y al efecto del exceso de depredadores”, asegura Merino, que apunta que esta opinión la comparten la inmensa mayoría de las sociedades de cazadores titulares de la gestión de sus acotados, tal y como definió un informe sobre la situación de esta ave elaborado por la FNC.

“Los responsables de Medio Ambiente siguen con su modus operandi de gastarse el dinero en proyectos que no aportan absolutamente nada nuevo, prescindiendo para su desarrollo del sector cinegético”, añade el ingeniero forestal, que también sostiene que “es inconcebible hablar de una hoja de ruta de la perdiz sin proponer ningún plan de recuperación, de actuaciones o de inversiones”. A su juicio, esto demuestra que “a la Administración no le importa la recuperación de la especie, sino que su único objetivo es limitar los aprovechamientos, es decir, la caza”. “Cuando se legisla a base de ideología, sin criterio técnico y despreciando a los que verdaderamente conocen la problemática y trabajan por implementar medidas de gestión poblacional a pie de campo, el fracaso está garantizado, como ha ocurrido recientemente con la ley de bienestar animal”, sentencia.

Al contrario que el Gobierno foral, el colectivo cinegético y la FNC están inmersos desde hace años en proyectos de mejora y recuperación de hábitats. En el 2019, por ejemplo, se inició un proyecto de colaboración con agricultores en el término de Morterete, en Corella, llegándose a acuerdos de compensación económica para adaptar métodos de cultivo y épocas de cosecha que repercutieran de manera positiva en la evolución de las poblaciones de aves esteparias, como la perdiz. “Nosotros llevamos trabajando desde hace muchos años bajo los preceptos de una política firme, la de desarrollar una actividad cinegética sostenible que permita la correcta evolución de las especies”, defiende el presidente de la FNC, José Ángel Remírez.

En detalle

La Comisión Asesora de Caza, en entredicho. La ley de caza obliga al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente a que sus normativas se valoren dentro de la Comisión Asesora de Caza, formada por miembros del departamento y por representantes de cada una de las zonas de Navarra y de la organización del colectivo cinegético en la Comunidad foral. Sus decisiones no son vinculantes y, de manera muy habitual, sus peticiones no son atendidas por el Gobierno.

Aprobación de la orden de vedas. Los cazadores han reclamado, una vez más, que la orden de vedas se publique en el BON con mayor prontitud y diferencia de días antes de su ejecución, para que los acotados puedan desarrollar con tiempo las labores de información a todos sus asociados.