Las deudas acumuladas por impagos a servicios de empresas, a comunidades de vecinos o a entidades bancarias por las tarjetas revolving con intereses altísimos que encajan a clientes con especiales necesidades económicas, que en muchos casos pagan así una boda o una comunión, atascan las estanterías de los juzgados navarros. En los mismos se ha alcanzado un récord histórico, no visto ni incluso en los peores años de la crisis económica. Nunca había tantas demandas por reclamaciones de impagos, los llamados procedimientos monitorios, y en gran parte dicha avalancha llega porque existen cantidad de fondos buitre en distintos países que se dedican a comprar esos paquetes de deuda a las grandes empresas y a la banca y a intentar luego su recobro.
La estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) refleja que las reclamaciones por deudas, incluidas las interpuestas por morosidades en comunidades de vecinos y también por créditos al consumo, se encuentran en los juzgados con números gruesos. Según este informe, en los juzgados y tribunales navarros se ha producido un incremento del 13,8% de los llamados monitorios, procedimientos que sirven para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles. Se trata de fondos buitre que adquieren paquetes millonarios de deuda y que luego presentan demandas a mansalva en los tribunales. En total, en el segundo trimestre de 2024 se han incoado 2.471 monitorios frente a los 2.060 registrados entre abril y junio de 2023. Son 28 reclamaciones al día en los órganos judiciales, casi 850 demandas al mes solo por dichos impagos. Además, el pasado 20 de marzo entraron en vigor una serie de cambios en la legislación de los procedimientos judiciales civiles que todo hace indicar que incentivarán una mayor interposición de procedimientos monitorios, por tratarse de deudas de créditos exprés o rápidos. El límite de la cuantía a reclamar se ha incrementado desde los 6.000 a los 15.000 euros y el acreedor puede acudir directamente a la vía judicial, sin necesidad de hacerlo con abogado o procurador. La nueva ley también permitiría al juzgado valorar en caso de que la deuda pueda resultar abusiva para el consumidor.
20 días para alegar u oponerse
Bufetes de abogados especializados en reclamaciones civil, como Iribarren Abogados, recuerdan la importancia de que el deudor o reclamado se ponga en contacto con profesionales del Derecho cuando tenga conocimiento de que asoma el peligro de un procedimiento monitorio y que de esta forma pueda presentar su oposición al proceso. De hecho, los fondos buitre de inversión se aprovechan en múltiples ocasiones del desconocimiento del consumidor sobre este tipo de procedimientos. Solo disponen de 20 días para presentar alegaciones o bien oponerse al pago para evitar así el embargo de bienes por las cantidades impagadas. En ocasiones, el mismo deudor puede acumular ciertos impagos que procedan de hace años y debido a la insistencia en el recobro de estos fondos buitre tienen que estar atentos al tipo de reclamación que se les realiza para no entrar en la creencia de que dicha deuda no se pueda reclamar por los años transcurridos o se haya archivado.
Suben un 31% las reclamaciones en los tribunales por despido
El número de demandas por despido presentadas en el segundo trimestre de este año fue de 385, 92 más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se interpusieron 293, lo que arroja un ascenso del 31,4%. Asimismo, los juzgados de lo Social recibieron en el segundo trimestre 390 reclamaciones de cantidad, 47 más que en el mismo periodo de 2023 (343), lo que conlleva un incremento del 13,7%.
En la reciente apertura del año judicial, celebrada a finales de septiembre en Navarra, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Joaquín Galve, ya advirtió de que la estadística de los juzgados y tribunales de la Comunidad Foral arrojaba unos números nunca vistos que se traducían en una situación delicada. En el repaso que efectuó Galve a la última anualidad, refirió que el ingreso de asuntos subió en las jurisdicciones civil y penal, con un leve descenso en la social y muy importante disminución en la contencioso administrativa (más de un 30%); los Juzgados de lo Mercantil han sufrido un incremento del 174% en materia concursal y un 66% en asuntos no concursales.
“Dichos indicadores, en mi opinión, en una visión conjunta, apuntan a una preocupante situación económica. La tendencia en el primer semestre del presente año (de enero a junio de 2024 es el periodo al que se refería) es, además, peor, con un importante incremento de procedimientos mercantiles, de familia, laborales o civiles, estos últimos han aumentado en los cinco partidos judiciales de Navarra”, remarcó Galve.
De hecho, el número de concursos presentados por personas físicas no empresarias en el segundo trimestre de 2024 en Navarra ascendió hasta 112, lo que supone un incremento del 24,4% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 90. Se trataría de personas que se encuentran prácticamente en una situación de ruina. Según los datos contenidos en el informe sobre los Efectos de la crisis en los órganos judiciales del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, entre abril y junio también se incrementaron los concursos de personas jurídicas (empresas) un 85,7% (13 este trimestre y 7 el año anterior). Por el contrario, descendieron un 27,3% los concursos instados por personas empresarias (8 frente a 11).
